Ninguna de las crueles dictaduras que ha sufrido nuestro país llegó a utilizar los terribles procedimientos empleados hoy contra las protestas populares.
La violencia represiva desatada por el gobierno de Nicolás Maduro atrapa a la sociedad venezolana en el terrorismo de Estado con el fin de liquidar los precarios espacios democráticos que aún subsisten.
Para cumplir sus criminales propósitos los organismos encargados de la seguridad de la nación han sido convertidos en brazos armados de un proyecto totalitario que ahora se descubre en toda su plenitud.
Como resultado de ese plan represivo tanto la Guardia Nacional como las policías pertenecientes al poder central y los llamados colectivos (grupos violentos paramilitares financiados y armados por el régimen) se constituyen en instrumentos de persecución política contra la oposición democrática, contando para ejecutar sus planes con la resolución 8610 (de fecha 27 de enero de 2015), firmada por el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que permite el uso de armas letales contra las marchas opositoras.
Salvando responsabilidades frente a esos delitos la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz advirtió sobre la ilegalidad de los brutales procedimientos, cuestionó la militarización de la justicia penal, y denunció además que el hilo constitucional se rompió en Venezuela al usurpar el Tribunal Supremo de Justicia las atribuciones que la Carta Magna establece como competencias exclusivas de la Asamblea Nacional.
Ahora Maduro, empantanado en su propia tragedia y en medio de una cada vez más creciente indignación colectiva, no sólo viola la Constitución sino que pretende suplantarla fraudulentamente con el fin de eliminar las elecciones democráticas y así eternizarse en el poder. Se olvida, el cada vez más atribulado heredero, que su comandante supremo en constantes alocuciones afirmaba: “dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada”.
Así las cosas, el llamado proyecto revolucionario que pretendió signar el siglo XXI de Venezuela y de América Latina, se deshilacha en un espantoso desenlace marcado por el crimen, la violencia, y la ruina económica, política y social del país. Todo esto, en medio de la más gigantesca corrupción en la historia de nuestro continente.
Ante tan oscuro panorama la sociedad venezolana protagoniza una lucha existencial que despierta preocupación, admiración y solidaridad en el mundo, y se convierte aceleradamente en uno de los grandes conflictos político- sociales que sacuden al planeta.
Las cifras del Ministerio Público y de grupos defensores de derechos humanos indican que en estos sucesos iniciados el 1 de abril, han muerto más de 40 personas, entre ellas varios adolescentes. Miles de manifestantes han sido heridos y otros miles se encuentran ilegalmente detenidos a la orden de la justicia militar. Por desgracia, todas estas cifras aumentan diariamente.
Los medios de comunicación internacionales estremecen la conciencia universal cuando reportan el asesinato de jóvenes que se inmolan en esos desiguales enfrentamientos con las fuerzas represivas del régimen. Jóvenes que nacieron y crecieron en este terrible momento de nuestra historia, y mueren en el intento de vivir en democracia y recuperar la solidaria Venezuela de otros tiempos.
La ola represiva de la mal llamada revolución bolivariana, se ha extendido hacia las barriadas populares mediante cobardes asaltos a viviendas, contando para ello con la participación de los colectivos, de guardias nacionales y de policías. En esos hechos las fuerzas represivas han provocado incendios en edificios particulares y han realizado saqueos en humildes establecimientos comerciales. Se acompaña así la brutal arremetida policial con el saqueo vandálico, el robo y la destrucción de bienes privados.
A pesar de la violencia ejercida por las fuerzas gubernamentales, esas protestas que se multiplican en los barrios humildes de toda Venezuela evidencian la precaria gobernabilidad de un régimen basado en la demagogia, en la lucha de clases y en el resentimiento social, y demuestran el malestar de quienes hoy son los más afectados por una crisis humanitaria que se expresa en la inflación más alta del mundo, en la escasez de alimentos y medicinas, y en índices alarmantes de impune delincuencia criminal.
Ante todo ello, el repudio ha sido tan grande y crece día a día, que ejemplos notables de ello los vivió Maduro en carne propia al tener que escapar de la ira popular cuando pretendía visitar la población de Villa Rosa en la isla de Margarita (septiembre de 2016) y luego este año – 11 de abril – al verse precisado a realizar una retirada similar en el cierre de un evento militar en la población de San Félix (estado Bolívar). Con estos hechos, el supuesto presidente obrero y los militares que le rodean constataron en vivo y directo la gigantesca indignación que provocan sus presencias en el mundo de los más pobres, otrora base de sustentación de este régimen.
Todos esos acontecimientos demuestran cómo el intento totalitario sucumbe ante una resistencia cuyo empuje arrollador la ha transformado en rebelión pacífica democrática y popular, una auténtica rebelión tricolor, que une a los corazones y conciencias de todas las esferas sociales del país, sin precedentes en nuestra vida republicana.
Una rebelión ante la cual declinan los personalismos y las banderías sectarias, y se construye unidad ciudadana cimentada en la más espontánea y transparente solidaridad colectiva.
Una rebelión avasallante y persistente que agota a un gobierno fracasado en todos los actos de su ya bastante deprimente gestión pública, y que en su acelerado desplome se deslegitima ante aquellas instituciones internacionales que hasta ayer le legitimaban. Incluso los gobiernos y sectores cómplices que han justificado las tropelías de Chávez y Maduro, hoy guardan prudente distancia, a pesar de tener sobrados motivos para agradecer favores recibidos.
Maduro y sus acompañantes están ante el mundo sin asideros morales, jurídicos o políticos que justifiquen su permanencia en el poder. Matanzas de manifestantes, detenciones ilegales, vejaciones, torturas y militarización de la justicia, son prácticas que les colocan en la misma categoría de aquellas dictaduras que han sido condenadas a la ignominia universal. Y además, quienes presumieron de ser redentores con un socialismo del siglo XXI surgido del voto ciudadano, ahora niegan la validez de ese voto popular como la única expresión, cívica y constitucional capaz de definir el destino de una nación y la legitimidad de su sistema político.
Las últimas actividades cumplidas por la rebelión tricolor van abriendo el escenario conclusivo de gloriosas e históricas jornadas populares.
Sólo queda por conocer el camino que seguirá el mundo militar, convertido hasta hoy en instrumento de persecución y represión de civiles desarmados y de poblaciones indefensas, pues resulta obvio que sin el respaldo de quienes monopolizan las armas de la república no es posible la existencia de la dictadura.
Hacemos notar un dato fundamental que atenta contra la Constitución y la soberanía nacional: la presencia tutelar del ejército castrista en nuestros cuarteles apoyada en acuerdos no conocidos e írritos, y que estamos convencidos que la mayoría de nuestra oficialidad rechaza.
Por ello, en este tiempo de definiciones ineludibles cada militar está obligado a repudiar los crímenes y afrentas a la dignidad humana cometidos por compañeros de armas que actúan como serviles instrumentos de la dictadura. Y está igualmente obligado a tener presente que por encima de la Constitución no puede prevalecer ningún mandato que la viole.
El Comité Nacional de Copei expresa su solidaridad plena, y se suma a la gloriosa rebelión tricolor. Extiende su abrazo fraterno a los familiares de quienes han muerto en la defensa de la patria, y ratifica su llamado a todos los socialcristianos de Venezuela para que continuemos participando en las luchas por el rescate de la democracia en nuestro país.
Queremos agradecer profundamente al pueblo y gobierno de Chile por la protección que presta su Embajada a nuestro Presidente Nacional Roberto Enríquez, perseguido como tantos otros compatriotas por la injusta justicia militar de la dictadura.
Nuestro partido expresa finalmente el reconocimiento a la solidaridad con nuestras luchas libertarias, expresada por los distintos gobiernos, instituciones y personalidades que integran la comunidad democrática internacional.
COMITÉ NACIONAL DE COPEI
Caracas 15 de mayo del año 2017