Editores y socios de medios son sometidos a abusos del juez Aris La Rosa

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El tribunal 29 de juicio del área metropolitana de Caracas, a cargo del Juez Aris La Rosa, prorrogó ilegalmente a cuatro años medidas cautelares sustitutivas de libertad en contra de Alberto Federico Ravell (LaPatilla), Miguel Henrique Otero (El Nacional), Teodoro Petkoff (Tal Cual) y otras 19 personas por la presunta comisión de un delito de opinión, en contra del diputado a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, Diosdado Cabello.

LaPatilla.com

Ante ello, en LaPatilla.com conversamos con el doctor en Derecho, experto en Derechos Humanos y profesor de las Universidades Central de Venezuela (UCV) y Católica Andrés Bello, Jesús Ollarves quien considera que los editores y socios de medios de comunicación en el país, son sometidosa los abusos de este juez.

“Es una irracionalidad. El Juez Aris La Rosa violó la Constitución de la república y los estándares relativos a la aplicación de las medidas preventivas en el proceso penal. La duración de las medidas de coerción, en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años, así lo señala el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal”, refirió.

Para Ollarves, con esta decisión se sustituyó el derecho penal democrático por el derecho penal del enemigo. “Esa perversión del ejercicio de la autoridad estatal que los gobiernos autoritarios aplican a quienes consideran sus enemigos. Y con esa excusa hacen todo lo necesario para aniquilarlos. No es solo el gobierno (que se podría limitar al Ejecutivo), son todos los órganos del poder público que actúan en forma coordinada en contra de individuos o grupos cuya ciudadanía y dignidad se desconoce y se aplasta”, añadió.

A su juicio, en la actual coyuntura política de Venezuela, el Juez Aris La Rosa, de manera expresa aplicó el derecho penal del enemigo. “Lo grave es que la definición de enemigo es tan ilegítima como arbitraria. Corre la misma suerte todo aquel que resulte incómodo: periodistas, dirigentes políticos de oposición, estudiantes, o el ciudadano que exige sus derechos en las calles”, puntualizó.

Más adelante, Ollarves indicó: “El Juez Aris La Rosa, violó la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del TSJ, ratifica que el límite máximo de las medidas cautelares es de dos (2) años, y la posibilidad de solicitar una prórroga está subordinada a la gravedad de los hechos y a la celebración de una audiencia entre las partes”.

Explicó que el derecho a que las partes concurrieran a una audiencia también les fue violado. “Es tan dantesca la manipulación política del caso que hay personas que no tienen absolutamente nada que ver con los hechos y están sometidas a las miserias de un juicio completamente viciado. Por ejemplo, el caso de Ramón José Medina y Mirian Font. Sería bueno que el juez explicara cuál es la vinculación de estos señores con los hechos y con la presunta víctima”.

Finalmente, Ollarves expresó que “no existe coherencia ni proporción entre la medida dictada por el juez Aris La Rosa, y la gravedad del hecho punible que se imputa. Esta forma de actuar sólo tiene un propósito criminalizar a la disidencia, silenciar las voces críticas”.