De las 2.977 detenciones registradas en todo el país en 60 días de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, 157 se han dado en el estado Bolívar las cuales tuvieron lugar entre el 12 de abril y 25 de mayo, de acuerdo con el balance ofrecido por el Foro Penal Venezolano en la entidad, coordinado por el abogado Ezequiel Monsalve, reseña Correo del Caroní.
Detalló que de los 157 detenidos, todas asumidas por el FPV, 119 fueron presentados ante tribunales de control y liberados con medidas de coerción, 38 liberados sin presentación, 19 personas aún permanecen detenidas, de las cuales nueve cuentan con medida de privativa de libertad: dos por el ataque a Nicolás Maduro en San Félix, Fraiby Lascano (detenido en Los Mangos el 16 de mayo), y los seis aprehendidos en la avenida Atlántico de Puerto Ordaz el pasado 22 de mayo.
Monsalve destacó también el registro del primer fallecido en el estado Bolívar, el estudiante de Medicina de la UDO, Augusto Puga, asesinado al recibir un impacto de bala en la cabeza durante la represión y violación de la autonomía universitaria por parte de organismos de seguridad del Estado, hecho por el cual fueron imputados seis funcionarios: cinco policías estadales y un miliciano de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB): Annel Medina Delgadillo, Gabriel Centeno Navas, Luis Contino Freides, Edduar Infante Guzmán, Derquis Pérez y el sargento de la GNB Cristhiam Arzolay, respectivamente. Todos, con medida privativa de libertad.
Violación constante al debido proceso
El coordinador regional del Foro Penal Venezolano en el estado aprovechó para denunciar el uso incorrecto e indebido del control judicial por parte de tribunales de control, al calificar delitos no imputados por el Ministerio Público, titular de la acción penal, imponiendo su vez medidas de coerción no solicitadas por Fiscalía.
Asimismo, hizo mención al sitio de reclusión impuesto para siete de los nueve privados de libertad, quienes fueron trasladados a la cárcel de El Dorado, lugar que “pone en riesgo la vida de estos ciudadanos y es desproporcional a las detenciones registradas por ser meramente políticas”.
Monsalve acotó que una irregularidad constante desde 2014, es el hecho que las actas policiales “no individualizan conductas penales y están plagadas de siembra de evidencias en relación a los procedimientos”.
Observa también la imposición de fiadores en cada procedimiento, “en relación de querer dilatar las libertades, sometiendo a la persona a unas medidas de coerción que en su mayoría no fueron solicitadas por el Ministerio Público, y violando las garantías del debido proceso”.
A estas denuncias se suman las dificultades que ha tenido el equipo del Foro Penal Venezolano para ingresar a los destacamentos y centros de detenciones cuando se registran las mismas, a fin de verificar la identidad de las personas aprehendidas, su condición física y garantizarle su legítimo derecho a la defensa.