Por la verdad murió Cristo y realmente la oportunidad la pintan calva, de modo que es tiempo de hacer historia y de ubicarnos del lado correcto, y eso es lo que definitivamente nos llama a capítulo. Por eso resulta tan importante y más que eso trascendental, hablar sin tapujos y ser muy claros en el mensaje a difundir, por lo que procedo en consecuencia a hacer un recuento y dar mi opinión con relación a lo ocurrido con el accionar de una mujer, la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz.
Por María Auxiliadora Dubuc / @mauxi1
Luisa Ortega Díaz llega al cargo de Fiscal General, en el 13 de diciembre de 2007, por el período entre 2008 al 2014, un lapso de siete años para ser exactos, siendo ratificada por la Asamblea Nacional por un período igual en fecha, 22 de diciembre de 2014, es decir hasta el 2021.
Su mentor y antecesor en el cargo, fue Isaías Rodríguez, quien fuera hasta hace poco embajador de Venezuela en Italia, hoy día miembro de la Comisión Presidencial para la Constituyente, afecto al régimen y cuya estrecha amistad los unió hasta el momento de la terrible ruptura, luego que Luisa decidió conducir el Ministerio Público, por si misma, sin asesorías externas.
A pesar de ser conocida hasta ahora como una aliada del socialismo gobernante, dadas sus actuaciones judiciales las cuales han ayudado a poner tras las rejas a decenas de opositores al régimen de Nicolás, incluido Leopoldo Lopez, la disidencia pública expresada desde hace algunos días y el giro de Luisa Ortega, en realidad no me resulta sorpresivo, toda vez que el personaje tiene antecedentes claros de opiniones contrarias al régimen. Digamos que sus acciones la preceden. Recibió, la Dirección de Revisión y Doctrina que llevó por 10 años de una abogada del Opus Dei de nombre María Eugenia Rodríguez, quien fuera su titular, cuya hermana es una experiodista famosa de Globovisión, Gladys Rodríguez, eso por decir lo menos. “Por sus hechos los conoceréis” sobre todo en momentos de crisis, en situaciones cruciales, por lo que resulta inevitable comparar su posición con la que asumiera el 11 de abril de 2002, su homologo, Isaías Rodríguez, cuando denunció el “Carmonazo”.
A decir verdad, esta historia comienza el 31 de marzo de 2017, en un momento insólito e histórico en la volátil y no menos cambiante vida política de Venezuela, cuando hacia el final de un discurso técnico y detallado sobre la gestión anual de su Despacho, digamos, su Memoria y Cuenta por llamarlo de algún modo, después de la presentación del Informe de Gestión del Ministerio Público 2016, la Fiscal General, Luisa Ortega, hizo una pausa, se aclaró la garganta y lanzó sin clemencia la brutal molotov: “Considero un deber histórico, ineludible…”, y por ahí se fue, procediendo entonces acto seguido a cuestionar las dos sentencias: 155 y 156 emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anularon, de alguna manera, las funciones de la Asamblea Nacional, denunciando en ese momento la ruptura del orden constitucional. En ese momento Nicolás reacciona intempestivamente y se activa, convoca a un Comité Especial de Seguridad, que terminó recomendando al máximo Tribunal que reconsiderara las sentencias; horas después, el TSJ reculó, haciendo las modificaciones de rigor, eso si “con tipex por caridad”.
Posteriormente, en otra rueda de prensa, de fecha 27 de mayo de 2017, específicamente, la Fiscal, arremete nuevamente, haciéndose notar, dio a conocer al país un balance de las actuaciones del Ministerio Público ante “la escalada de violencia” que habría dejado 55 muertos de los cuales 52 víctimas son civiles y tres militares, 1.000 personas lesionadas, de los cuales 229 efectivos militares o policiales, mientras que 346 bienes inmuebles públicos y privados fueron saqueados y afirmó que el Ministerio Público estaba investigando todos los hechos ocurridos, advirtiendo que los destrozos solo contribuyen a la escasez de alimentos porque impiden su distribución. Se refirió igualmente a la grave situación en el estado Barinas y a los hechos ocurridos, que dejaron un lamentable saldo de heridos, saqueos y pérdidas incalculables y añadió que el Ministerio Público, inicio 1475 investigaciones, 1329 por delitos contra las personas y 150 por daños a la propiedad.
En materia de delitos comunes, los fiscales habían imputado a la fecha, 2664 personas, por la presunta comisión de los delitos de homicidios, lesiones, instigación pública, saqueos, hurto, robo, tentación de objetos incendiarios, ultraje violento, aprovechamiento de cosas proveniente del delito, entre muchos otros. De estas personas, solamente 284 fueron privadas de libertad, de modo que el Ministerio Público imputo 19 funcionarios militares y policiales por la presunta comisión de homicidio, trato cruel, uso indebido de armas, privación ilegítima de libertad, entre otros, y 18 órdenes de captura pendientes por ejecutar por violación de derechos fundamentales y otras 16 por la presunta comisión de delitos comunes.
La Fiscal General se refirió igualmente al caso Pernalete, mostró su desacuerdo con la difusión de materiales audiovisuales manipulados, en alusión al video donde puede verse a un hombre cuando es rociado con gasolina durante una manifestación en Altamira, Caracas, mencionó lo relativo a denuncias de personas que están siendo amenazadas o están siendo agredidas por oponerse a las guarimbas. También mostró su preocupación ante la proliferación de grupos civiles armados y se refirió a denuncias de funcionarios policiales y militares saqueando.
Finalmente, Ortega Díaz en esa oportunidad, planteo lo relativo a siete casos procesados ante la Justicia Militar que corresponderían a la justicia ordinaria, por lo que en este orden habría solicitado la declinatoria de la competencia, girando una comunicación a la Fiscal Militar para que informe al Ministerio Público el número de procesos y detenidos para verificar el estado de detención de estas personas, llamó a identificar las causas de la confrontación entre los venezolanos, asegurando que el descontento social es producto de la severa crisis económica que ocasiona el desabastecimiento de alimentos, medicinas y la inseguridad.
En este orden de ideas el jueves 1 de junio la Fiscal Ortega Díaz, vuelve a accionar, emplazando de manera contundente al Poder Judicial, solicitando en un escrito, la aclaratoria a la sentencia 378 que emitió la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 31 de mayo, a través de la cual se establece que el Presidente de la República puede convocar una Constituyente sin consulta popular previa. Esta solicitud se basó en cuatro puntos fundamentales con el fin de garantizar de la seguridad jurídica y tranquilidad del pueblo venezolano, a saber:
1.- La progresividad de los derechos humanos: La sentencia del TSJ parece vulnerar la progresividad de los derechos humanos, pues el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente redujo la posibilidad de expresión de los ciudadanos al mínimo.
2.- Vigencia de la democracia participativa y protagónica: Que se aclare si la democracia participativa y protagónica sigue vigente, pues desde el análisis de la sentencia pareciera que se renovó la democracia representativa. Solicita confirmar si la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, como se dice el artículo 5 de la Constitución.
3.- Diferencia entre convocatoria e iniciativa de convocatoria a una Constituyente: El artículo 348 menciona varias formas, pero el último dice que 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral.
4.- Modificación del texto Constitucional sin el pueblo: Que se aclare si se puede convocar una modificación del texto constitucional sin la aprobación del pueblo, que es el único depositario del poder constituyente originario.
Así las cosas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia conjunta de todos los Magistrados y Magistradas que la integran, mediante la Sentencia N° 441 declaró inadmisible la solicitud de aclaratoria de la sentencia N° 378 interpuesta por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en virtud que al no tratarse de una acción popular, la Fiscal General de la República, mal podría invocar un interés general o una “particular” concepción del orden público para solicitar la aclaratoria, por lo cual la misma se declara inadmisible por falta de legitimación.
Ante esta situación, la Fiscal General vuelve a reaccionar y en fecha 8 de junio de 2017, no sin antes lamentar la respuesta que merecía el pueblo con relación a la aclaratoria formulada anteriormente, introduce ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia un Recurso Contencioso Electoral de Nulidad conjuntamente con Amparo Cautelar y subsidiariamente Medida Cautelar y solicitud de la suspensión de todos los efectos de la Constituyente, por considerar que el decreto presidencial no cumple con los extremos legales, en virtud que el Poder Electoral incurrió en violaciones a los Derechos Humanos, del derecho al sufragio y en especial del principio de soberanía constitucional. En criollo, a través de esta solicitud se busca que se declaren sin efecto desde las decisiones del TSJ que favorecen la convocatoria presidencial de una Constituyente, hasta las decisiones que el Consejo Nacional Electoral ha tomado en esta materia, incluida la programación de la elección de constituyentes para el 30 de julio, el cronograma, bases comiciales etc.
Es aquí donde nos encontramos hoy en día, la Fiscal hizo el llamado para que los ciudadanos que rechazan la Constituyente, se hagan parte como terceros interesados en este recurso de nulidad, en la sede del TSJ, Piso 4, Sala Electoral, asunto sencillo que puede realizar cualquier ciudadano de a pie a través de la consignación de una planilla de solicitud de adhesión, no tiene que estar asistido por abogado alguno, y basta con tener cédula de identidad laminada para hacerlo.
De esta manera las reacciones no se hicieron esperar y entonces el diputado Pedro Carreño, pone en duda la “lucidez” de la Fiscal General, por lo que propuso enjuiciarla y destituirla por “insania mental“, de modo que prometió dirigirse al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar que se conforme una junta médica compuesta por expertos, peritos, psicólogos y psiquiatras que le hagan una evaluación a la señora, aduciendo que cuando hay un juicio por insania mental, incluso se recomienda la reclusión, proceso este que a decir de expertos en la materia, no está previsto en la legislación venezolana, y en todo caso, el Legislativo es el único órgano facultado para destituir a la Fiscal.
La realidad es que Luisa Ortega, se ha convertido en la piedra en el zapato para la alta dirigencia madurista, quienes la tildan de “traidora” le exigen que renuncie porque alienta la violencia, a pesar de reconocer que fue una brillante dirigente de izquierda venezolana, reprimida y maltratada en el pasado. Sin embargo, haciendo caso omiso de los decires de quienes fueran sus compañeros de partido y aliados hasta hace poco, Luisa se desmarca, colocándose a la defensa de Constitución chavista, de los verdaderos principios del chavismo, mostrándose fiel a su ideología y a la defensa del legado de quien fuera su líder humanista Hugo Rafael Chávez Frias.
Lo cierto es que ahora pareciera que ejercer sus funciones y defender el estado de derecho en Venezuela ha colocado a la Fiscal en el ojo del huracán. Su posición firme ante la justicia la ha llevado a ser señalada por muchos y aplaudida por los dirigentes políticos que convergen en la Mesa de la Unidad Democrática. La verdad es que, la Fiscal se ha convertido en el centro de atención, gracias a su defensa de lo institucional, ya que a decir de ella su posición no le permite “tutelar injusticias”.
En mi criterio, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, no merece una medalla ni una estatua por lo que hizo, simplemente hizo lo que debía hacer, cumplió con su deber, con una de sus obligaciones constitucionales, por lo que no es lógico vanagloriar su actuación, pero tampoco crucificarla o menospreciarla, rebajándola al nivel de una parodia o una manipulación mas del régimen. Lo ocurrido con la posición pública adoptada por la Fiscal es simplemente digno de ejemplo, porque ratifica de algún modo, la necesidad que tenemos que ese principio de independencia de poderes y la constitucionalidad de sus actos, sea respetado a cabalidad, porque para que haya democracia, necesariamente debe coexistir un sistema de contrapesos y no deben privar los intereses de una parcialidad, sino el interés de la Nación.
Es así, como una persona que durante mucho tiempo fue indiferente y co-partícipe de graves violaciones a los derechos humanos, pasa a ser quien decidió cambiar en 180 grados la forma de hacer política, aunque a decir verdad aun tengo mis reservas sobre su accionar, porque no estoy clara sobre su sinceridad en la rectificación. Sin embargo, y a pesar de todo, lo cierto es que la posición de la Fiscal debe ser valorada en su justa medida, en estos tiempos de crisis, como un valiente gran aporte a los efectos que cada uno de los poderes de este país asuma su rol y que los actores, autoridades o responsables, cumplan con las obligaciones inherentes a sus cargos, obligaciones institucionales, limitándolas únicamente al imperio de la Constitución y las leyes de la República, al estado de derecho y de justicia, más allá de la defensa de una u otra ideología.
Venezuela pide a gritos un cambio, y ese va en el orden del rescate de valores, de la honestidad, de la sinceridad, del retorno a la institucionalidad, sin protagonismos baratos, donde el cumplimiento de la norma implante de manera definitiva un ambiente de seguridad jurídica mínima para todos, en un país en el cual cada poder cumpla con sus atribuciones u obligaciones para así poder brindarle al pueblo la oportunidad de restituir la confianza y el respeto en sus autoridades e instituciones. La Fiscal, ángel para algunos, demonio para otros, sin querer queriendo y a pesar que en su discurso ideológico se deja ver las costuras, nos permite a partir de su accionar, ver un poco más allá, a futuro en torno a lo que podría ser el rescate de los principios y bases fundamentales de la democracia.
MARÍA AUXILIADORA DUBUC
@mauxi1