Hay algo que debe destacarse, con relación a la realización de la consulta popular de este domingo 16 de Julio, convocada por la Unidad Democrática y la sociedad civil. La imposición delirante e inconstitucional que la dictadura de Nicolás Maduro y el estamento castrense que lo acompaña intenta de su farsa Constituyente, hecha a la fuerza y violentando no sólo el texto constitucional, sino con su violencia represora, a la sociedad que la rechaza, representa una acción propia de un régimen militar.
La fuerza de un aparato represivo y del terrorismo de Estado, sustentado en quienes detentan las armas, contra un país que mayoritariamente lo rechaza.
Por ello, la jornada ciudadana de este 16-J, aprobada por la Asamblea Nacional durante la sesión del pasado 5 de Julio, día en el que un grupo de seguidores del régimen arremetieron e irrumpieron de manera violenta en la sede del Parlamento, en plan de asalto y montonera, para llevar al hemiciclo una “muestra” de la propuesta “Constituyente” de Maduro, es un acto esencial y eminentemente civil, cívico y ciudadano, en respuesta a una espuria elección que pretende insuflar legitimidad, inútilmente, a un gobierno de facto.