Que Maduro haya decidido darle una medida humanitaria a Leopoldo López, además de resaltar debilidad y subterfugio en quien otorga, no en el beneficiario, aumenta la ilegitimidad del régimen, ya que es irrita, por lo ilegal. Procesalmente es improcedente. A ningún penado le pueden otorgar arresto domiciliario, si padece una enfermedad grave o en estado terminal se hace merecedor es de libertad condicional por medida humanitaria y Leopoldo goza de buena salud. Entonces, este otorgamiento forma parte de otra estrategia del Estado Tirano procurando prevalecer en un escenario adverso, como no hay Estado de Derecho, el TSJ materializa cualquier cosa fuera de contexto legal.
El arresto de Leopoldo y su cautiverio así como el mal llamado “casa por cárcel” son hechos políticos. Luego, la medida otorgada es una salida política, más nada, plagada de irregularidades admitidas y sacadas a la luz con dimes y diretes de los voceros del régimen, revelando la descomposición del Poder Judicial y de todos los órganos del Sistema Judicial. Siendo grotesco que un homicida, en nombre del máximo tribunal, reconozca que hay vicios en el procedimiento de una persona que ya condenaron, eso conlleva a que ahora deben anularle la sentencia a Leopoldo, porque está viciada, algo reconocido por las partes, por eso se echan el muerto unos a otros aceptando que hubo vicios, abusos. Obvio, la responsabilidad es de la Fiscalía por aportar pruebas falsas. De entrada, con la declaración del fiscal que huyó a USA y lo que señala el TSJ, debe ser anulada la sentencia.
Qué cómico que los del régimen digan “acatamos la decisión del TSJ”, pasando a endosarse unos a otros la trácala, probando que todo fue artimaña, una ilegalidad, y que lo hicieron con fines políticos para perjudicar a Leopoldo, al igual que lo hacen con Kamel Salame, encarcelado hace más de 10 años a la espera de juicio, enfermo de gravedad como lo han reconocido forenses de la Dirección de Derechos Fundamentales del MP, órgano que también admitió que todos los señalamientos que le hicieron son falsos, pero sigue privado de libertad porque es un preso del Gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia, en complicidad con la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, y su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer. Como lo hicieron con Leopoldo lo hacen con Salame y muchos más, demostrando la podredumbre institucional profundizada por Maduro y sus secuaces.
Pedir libertad plena para Leopoldo o para cualquier otro preso político resulta pueril, eso sería reconocer que alguna vez tuvo culpa, lo que procede en este caso es anular la sentencia que le impuso la actual titular de la Defensa Pública. Sin ser de Voluntad Popular ni pretender serlo, considero imperativo exigir la anulación de esa sentencia, pues significaría la restitución plena de garantías y derechos para que él vuelva a asumir su condición de un ciudadano ejemplar, algo muy diferente a concederle libertad, porque él siempre ha sido No Culpable, él no tiene culpa, porque todos los señalamientos que le hicieron fueron falsos. Así se ataca de raíz el problema que pervirtió al Poder Judicial, el uso de la mentira planeada, documentada, de la teatralidad y el engañó como armas de incriminación. Los motivos los sabemos, las consecuencias también, nulidad absoluta de sentencias y procesos penales amañados aplicados a cientos de presos políticos.
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