Humberto Mendoza D’Paola: Un país sin Constitución ni jueces

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Hace unos años, con motivo de las IV Jornadas de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Universidad Monte Ávila, escuché del Dr. JOSE LUIS TAMAYO, la mejor denuncia y defensa sobre los atropellos a los concejales Daniel Ceballos y Enzo Scarano, arbitrariamente encarcelados por la sala (in)constitucional del tribunal supremo. Diecinueve minutos le bastaron a Tamayo para destruir, en base a principios constitucionales, procesales y del Derecho Penal, la horrorosa decisión que sin competencia (por tanto, sin Jurisdicción), sin proceso debido (sin medio constitucional), sin derecho a la defensa (respecto a DDHH) y sin causa (principio de legalidad), en un proceso de amparo ante jueces inconstitucionales por la materia, territorio y por los sujetos a juzgar. Asumieron las competencia de los jueces de Táchira y Carabobo (competencia territorial), de los jueces de control en materia penal y de los jueces contencioso administrativos de las regiones Andes y Central competencia material), para en un procedimiento sumario, sin acusación o imputación previa (usurparon funciones de Ministerio Público), ni derecho a la Defensa ni a las pruebas (bases constitucionales del proceso), la sala (in)constitucional, asumiera el poder de juzgar presuntos delitos, irregularidades administrativas, actos de desobediencia ciudadana y, en ese mismo bodrio, actuando como jueces penales, contencioso administrativos, civiles y hasta constitucionales, ordenaran la encarcelación, destitución, inhabilitación y todo lo que eso conlleva en las cárceles venezolanas de dos de los mejores y más populares alcaldes de nuestro país. Se convirtieron, incluso, en legisladores, pues crearon delitos, procedimientos y competencias. Voy a pedirle al muy competente profesor Gonzalo Pérez Salazar, la copia de tan excelente conferencia. Pero algo tuvimos claro los presentes: ser el máximo tribunal de un estado no legitima arrebatar competencias a jueces naturales, ni a usar procesos constitucionales de excepción para sustituir procesos penales y contencioso administrativos; menos para crear penas e imponerlas. Lo que hicieron lo pretenden hacer nuevamente contra otros tres dignos alcaldes, RAMÓN MUCHACHO, ALFREDO RAMOS y GUSTAVO MARCANO, es comportarse como jueces del Horror. Es lo único que han sabido hacer desde que fueron inconstitucional e ilegalmente nombrados, además de vivir muy bien y con muchos caudales. Que vergüenza me dan.