“Mientras la Fiscal General le caiga a palos al chavismo (así mismo), chévere. Pero tengamos cuidado, pues no es de fiar”, advirtió a comienzos de esta semana el economista Ángel García Banchs, no es para menos, ya que la Fiscal Ortega “es una malandra”, según Iris Varela, una iluminada en materia delincuencial que también acusó al marido de Luisa Ortega Díaz, German Ferrer, por corrupto, que a la final viene siendo igual tratándose del mismo núcleo familiar, y eso para nada debe sorprendernos, porque si a ver vamos, tomando como referencia la Lista Clinton tenemos de Presidente de la República a un narcotraficante común y corriente, tipo Pablo Escobar o el Chapo Guzmán, y la red de corrupción entre ellos, entre la Fiscal y el Presidente, era o es gigantesca.
Por lo que dice la actual constituyente, la Fiscal General sería “una peligrosa delincuente”, “responsable de delitos de lesa humanidad”, confiriéndole un carácter criminal a sus actuaciones que afecta tanto su confiabilidad como el hecho de no haber denunciado oportunamente a los magistrados golpistas en la OEA, pero sí recurrió a ese organismo para denunciar las amenazas que ha recibido del gobierno, es más, habló con Luis Almagro, buscando garantías para cuidar su pellejo y el de su familia no así el de los venezolanos. Siempre pensando en su bienestar y usando el cargo que ocupa para asegurarlo, bien sea financieramente o bien con el resguardo de su vida e integridad y el de sus familiares cercanos, incluyendo a los hijos del Chino Ferrer, garantías estas últimas que procura haciéndose la víctima, algo nuevo en ella, sugiriendo que en ese comportamiento hay gato encerrao.
Es sabido que quienes apoyaron o apoyan al régimen, desde los tiempos de Chávez se dividen en dos grupos: “los pendejos engañados y los bandidos aprovechados”, a este último grupo pertenecen sin duda los disidentes del oficialismo, especialmente los diputados Eustoquio Contreras y Germán Ferrer, consorte de Luisa Ortega, que renunciaron al Bloque de la Patria y crearon el Bloque Parlamentario Socialista, y así, según algunos incautos e ingenuos, al completar los 112 diputados le devolvieron la mayoría calificada a la oposición en la Asamblea Nacional de Venezuela para que cumpla su compromiso bajo el amparo de la ley y la voluntad del pueblo. Nada más alejado de la realidad, este nuevo grupo parlamentario no es más que un comodín cuyos promotores están prestos a utilizar en beneficio propio. Con el perdón de la dama que los acompaña, estos dos personajes del chavismo disidente no dan puntada sin dedal.
El diputado Eustoquio Contreras fue el salvador de Gianfranco Napolitano Seradinigmi en el seno de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, por allá en los años 2007 y 2008, cuando permitió que inhabilitaran a Carlos Eduardo Giménez (Lalo) en su condición de gobernador del Estado Yaracuy por ilícitos administrativos fraguados por Napolitano y ejecutados por la familia de éste, autor del mayor desfalco del erario público en esa entidad durante la gestión de Giménez y que por obra y gracia de Eustoquio se libró junto a su familia del peso de la ley y de una acomodaticia administración de justicia que tan sólo lo hizo acreedor de una imputación por parte de un Juez de Control corrupto del Yaracuy, homónimo del gobernador de ese estado que siguió adjudicándole contratos a quien para más señas es el testaferro del también diputado Ismael García.
Por su parte, el caroreño Germán Darío Ferrer coronó sus ambiciones de corredor de seguros contrayendo matrimonio con la Fiscal General de la República, convirtiéndose en corredor de beneficios procesales o exculpaciones para evadir la justicia, poniendo a valer una oscura red de organizaciones sociales empleada, según sus propias palabras, “para asegurar dinero” con operaciones que involucrarían encubrimiento y exculpación de jerarcas oficialistas incursos en delitos de toda índole. Habló de la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales (ANROS), que figura en el Sistema Nacional de Contratistas como Fundación Anros, Número de Rif.: J307440090, según el Chino Ferrer con presencia efectiva en todo el territorio nacional en redes de Cooperativas, Comités de Salud, Comités de Tierras, Escuelas Bolivarianas, Gobernaciones, Alcaldías, y pare usted de contar, espacios donde acumuló una colosal fortuna dando cursitos, por eso el Contralor General de la República enfiló sus baterías hacia Anros, iniciando una investigación en su contra cuando el Ministerio Público arremetió de frente a su hija, la razón es sencilla, es alto conocido que Anros es el talón de Aquiles del matrimonio Ferrer Ortega.
¡Qué ironía! Ahora la Fiscal Luisa Ortega Díaz se llena la boca, vocifera a los cuatros vientos, “sancionar a quienes se lucran con las riquezas de nuestro pueblo es nuestra misión como servidores públicos”. Yo creo que eso fue lo que indignó a su panita Iris Varela para que la sentenciara de una buena vez, “va a ir presa al Inof y le colocaré uniforme fucsia”, y valla que ese color le combinará no sólo por atreverse a “acusar a Nicolás Maduro de delitos de Lesa Humanidad” sino por los ilícitos en lo que estaría incursa junto a su marido y que van desde el uso de aeronaves incautadas para fines personales hasta el enriquecimiento ilícito. Resultando por demás interesantes las conductas omisivas y poco contundentes por parte del único ente del Estado que detenta el poder de persecución penal en el país, respecto a los hechos de corrupción en el manejo fraudulento de diversos medios de transporte públicos o privados incautados (automóviles y aeronaves) por parte de diversos organismos del gobierno, y en relación a los aberrantes atropellos a los derechos humanos en los Operativos OLP y los poderes indiscriminados del SEBIN que ahora señala como su perseguidor.
También resultaría muy interesante saber la razón técnica-financiera, por la cual la Empresa Seguros Qualitas, viene siendo contratada por parte del Ministerio Público durante cinco años consecutivos. Es necesario recordar que el chino Ferrer siempre tuvo un vínculo muy estrecho con las empresas aseguradoras del país, tanto que participó en la comisión legislativa encargada de reformar la Ley de la Actividad Aseguradora. El Diputado Ferrer, fue socio en la sociedad de corretaje de seguros “Presente” con el fallecido Diego Salazar, cuya riqueza y nexos empresariales con el estado venezolano heredó su hijo homónimo “Dieguito” Salazar, presuntamente vinculado al tráfico de divisas y con sólidos nexos con PDVSA, como manejador de seguros. Hoy igualmente relacionado a los dueños de Seguros Qualitas, empresa que lleva la obtención consecutiva de buena pro en la licitación del contrato de seguro HCM del personal del Ministerio Público por media década, confirmando la actividad aseguradora con fuente de recursos mal habidos que, por ejemplo, un familiar del Abg. Alejandro Castillo, ex Director General del Ministerio Público, con su desempeño comercial o económico en París, Francia, como elemento de confianza de la Fiscal Ortega Díaz, manejaría y administraría en un Hotel cuya propiedad se atribuye al matrimonio Ferrer Ortega.
Si esta es la solvencia moral de los disidentes chavistas que piden enfrentar la instauración del totalitarismo, quiere decir que son igual de confiables que los partidos que impiden el nombramiento de los nuevos rectores del CNE, a saber, PJ, AD y UNT.