Candidatos de una sola tendencia política; ausencia de garantías como la tinta indeleble, suficientes auditorías previas y posteriores al proceso de elección y máquinas captahuellas; falta de observadores internacionales imparciales; uso del carnet de la patria en los centros de votación; campaña mediática falsa sobre afluencia masiva de ciudadanos a las urnas; amenazas a los medios de comunicación que mostraran centros vacíos; fuerte represión contra las manifestaciones de calle con saldo de más de 10 asesinados; prórroga del horario (hasta las 7:30 p.m.) sin electores en cola y la omisión de votos nulos, son algunas de las numerosas irregularidades detectadas en la escogencia de 545 constituyentes el domingo 30 de julio, que impiden dentro y fuera del país reconocer los resultados anunciados por la presidenta del poder comicial, Tibisay Lucena.
Nota de Prensa
Un duro golpe para los esfuerzos del Ejecutivo por mostrar la normalidad y el éxito del proceso fue la declaración del alto representante de la empresa Smartmatic en Londres, Antonio Mugica, quien advirtió sobre la manipulación de “al menos” 1 millón de votos en las elecciones en dichas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente.
“No podemos garantizar resultados de la constituyente, creemos que la data para la elección fue manipulada”, expresó el vocero de la compañía que durante largo tiempo proporcionó la plataforma tecnológica durante los procesos electorales venezolanos y que llevó a catalogar al sistema electoral como el mejor y más confiable del mundo según las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Ejecutivo.
Igualmente la agencia internacional de noticias Reuters reseñó que para la ANC sólo habrían votado 3,7 millones de personas hasta las 5:30 p.m del domingo, cifra muy lejana a los 8,1 millones, que aseguró Lucena se había obtenido al cierre de la jornada.
Y es que ni los adeptos al chavismo avalan los resultados. Un grupo de “colectivos” (grupos paramilitares) protestó el miércoles a las puertas del CNE por la supuesta “exclusión” de sus candidatos. Dirigentes de un partido político afín al gobierno, Patria Para Todos (PPT) también se quejaron, y aun así, el ente comicial entregó ayer las credenciales a constituyentes territoriales electos como Cilia Flores y Delcy Rodríguez, entre otros.
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) también documentó que el poder comicial, dirigido por Tibisay Lucena anunció un cronograma “chucuto” para las votaciones del pasado domingo, pues se saltó 14 auditorías y 70 actividades de 100 (capacitación de miembros de mesa, ensamblaje del material electoral, impresión de boletas no válidas para formar al elector, acreditaciones a medios de comunicación social, entre muchas otras), que han antecedido las jornadas electorales en el país, para “blindarlas” y generar confianza en el elector.
Contrario a lo ocurrido con la petición de referendo revocatorio de la oposición el año pasado, el CNE organizó en tiempo récord la consulta de la ANC, sin auditorías previas al sistema (máquinas de votación), sin tinta indeleble luego de la negativa de la Universidad Central de Venezuela (UCV) a suministrarla por el carácter inconstitucional de los comicios y sin oportunidad para que los actores políticos impugnaran el Registro Electoral que sería utilizado ni la publicación de los sub registros electorales por cada sector.
En esas condiciones, llegado el día, el país asistió, votando (aunque en este sentido hubo denuncias de empleados públicos coaccionados so pena de despido), absteniéndose o protestando en la calle, a la consumación del fraude. Los ilícitos se hicieron tan evidentes, que no es casual que el 29 de julio, un día antes de la votación, Tibisay Lucena anunciara la prohibición a la prensa de acercarse a 500 metros de los centros de votación durante los comicios. Por otro lado, los observadores internacionales invitados de Cuba, Bolivia, Nicaragua y del partido Podemos de España, no ofrecieron ruedas de prensa antes ni después del proceso como se acostumbra, y tampoco fueron muy útiles a la hora de conocer las incidencias de la elección.
Vale acotar que el mismo 29 de julio, Acceso a la Justicia se sumó a las denuncias, según las cuales el llamado Carnet de la Patria, aparte de la cédula de identidad del portador, contenía un código y un serial, y al introducirlos en la página web del CNE, se detectaba que ambos números correspondían a un elector inscrito en el Registro Electoral distinto al titular del carnet. Este es otro indicio de sospecha, pues el carnet debía ser presentado luego de votar, y el hecho que cada uno tuviera información de 3 personas, y no sólo del votante, da lugar a más indicadores de fraude.
Ilegitimidad de origen
Si a todo lo anterior, agregamos que el 1° de mayo de 2017, el presidente de la República, firmó un decreto para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que usurpó la soberanía popular, pues el mismo no dejó que el pueblo aceptara ese proceso, sino que se lo impuso, y que luego el mismo funcionario dictó unas bases comiciales, totalmente arbitrarias y ajenas a los principios democráticos, el esquema del fraude aparece de forma todavía más grosera.
Recordemos que el sistema para la escogencia, por vía sectorial y territorial de los miembros de la ANC, atentaba contra el derecho al sufragio libre, directo y secreto, pues no todos los votos tenían el mismo valor. La fórmula sectorizada y comunal (trabajadores, campesinos, pescadores, estudiantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, pensionados, empresarios, comunas y consejos comunales), impidió la participación de cualquier elector que no estuviese en alguno de esos sectores, aproximadamente 5 millones de personas; y la territorial hizo que municipios de algunos miles de habitantes tuvieran la misma representación o más que otros con millones de habitantes.
Ante todo este abrumador cúmulo de irregularidades, para salvar las apariencias, el presidente de la República, Nicolás Maduro, sin tener la competencia para ello, solicitó la auditoría del 100% de los votos al CNE.
Surge la interrogante de cuáles garantías se ofrecerían para que esa revisión sea confiable. ¿Serán las mismas que para la elección de la ANC?
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Lo que se juega el país no es poco, pues la ANC contará con poderes absolutos para la transformación del Estado, y mientras ello sucede, el Gobierno arreciará la represión para acallar a todo aquel que demuestre su rechazo. De hecho se está cumpliendo lo que Maduro prometió antes de las elecciones del 30 de julio, cárcel para los adversarios, investidos o no de autoridad.
En la actual crisis no están garantizados los derechos a la vida (van más de 110 asesinados en manifestaciones), a la protesta pacífica, la libertad personal, al debido proceso, al voto, a la alimentación, a la salud, y nada indica que la situación vaya a mejorar porque la Constituyente no permitirá resolver los problemas del país y es sólo un mecanismo para apuntalar a un grupo en el poder.