Régimen de Maduro reprograma elecciones regionales a la medida de su ambición de poder

Foto de archivo. La gente espera para votar durante la elección de la Asamblea Constituyente en Caracas Venezuela 30 julio, 2017. REUTERS/Ueslei Marcelino
Foto de archivo. La gente espera para votar durante la elección de la Asamblea Constituyente en Caracas Venezuela 30 julio, 2017. REUTERS/Ueslei Marcelino

 

La fraudulenta asamblea constituyente, junto al CNE, reprograma los comicios regionales en una maniobra de doble filo para mantener espacios de poder: al adelantarlas para octubre presiona a la oposición a lograr consenso en torno a las candidaturas unitarias en 48 horas; y al excluir la elección de consejos legislativos extiende el dominio chavista en estos parlamentos para que luego contrarresten la gestión de los gobernadores de oposición que resulten electos, publica Correo del Caroní.

La Asamblea Constituyente, que se atribuye poderes plenipotenciarios, aprobó este sábado adelantar para octubre próximo las elecciones de gobernadores, que estaban fijadas para el 10 de diciembre, y de inmediato el Consejo Nacional Electoral obedeció la orden, aprobando un atropellado cronograma.





En razón de que es necesario consolidar la paz que trajo consigo la elección de la Constituyente el 30 de julio, la constituyente decretó el adelanto de los comicios regionales, que están pendientes desde diciembre de 2016.

El decreto no se había publicado cuando ya el CNE anunció los detalles de la reprogramación: la presentación de postulaciones comenzarán este domingo 13 de agosto y culminarán el lunes 14 de agosto, informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.

“Los 1.276 candidatos, 523 de ellos independientes, que se postularon para los 23 puestos de las gobernaciones que se disputarán en los comicios regionales que se celebrarán en octubre próximo, deberán entregar todos los requisitos que exige la ley durante estos dos días”, reafirmó Lucena sin chistar la orden de la constituyente.

Entre este domingo 13 y el martes 15 habrá un lapso para el rechazo de postulaciones y la subsanación de recaudos. Todos estos pasos apretujados que atentan contra el derecho a la participación político y persiguen una mayor complejidad para los sectores democráticos que enfrentan a la dictadura.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acordó inscribir candidatos el pasado miércoles, sin embargo aún sortea obstáculos, como la propia indecisión de sus partidos sobre participar de las regionales.

La oposición enfrenta críticas de sus seguidores, pues ya había denunciado un fraude en las elecciones del 30 de julio de los 545 miembros de la constituyente, en la cual no participó.

La MUD se presentó como coalición unitaria en los comicios legislativos del 6 de diciembre de 2015, en los que logró la mayoría parlamentaria al quedarse con 112 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional.

El dirigente oficialista Diosdado Cabello, miembro de la Constituyente, dijo que pedirá la inhabilitación de los opositores “violentos” que hayan “atentado contra la patria” en las protestas contra el Gobierno que comenzaron en abril y que ahora busquen una Gobernación.

Otro punto de cuidado en la maniobra del régimen para adelantar las regionales es la eventual suspensión de elección de los consejos legislativos, toda vez que no fueron mencionados este sábado ni por la constituyente ni por el CNE.

De violación en violación

En octubre de 2016, el CNE anunció de forma arbitraria que postergaba las elecciones regionales que, conforme a la constitución, debían realizarse en diciembre de ese año.

“Denunciamos ante el país y el mundo que esta decisión del CNE se inscribe en el peligroso marco de un régimen colocado claramente fuera de la Constitución: al posponer sin motivo las elecciones regionales (…) Esto representa un severo peligro no sólo para los venezolanos, sino para todas las democracias de la región”, respondió en aquella oportunidad la MUD.

El escenario de las inhabilitaciones

El Gobierno nacional, con la complacencia del TSJ, ha venido aplicando inhabilitaciones políticas a posibles candidatos a las gobernaciones, sobre todo en estados claves, como ocurrió con el gobernador Henrique Capriles y la diputada Adriana D’Elia en Miranda.

En el estado Bolívar no han surgido de momento estas inhabilitaciones, pero es un escenario no descartable debido a las decisiones tomadas por un tribunal penal el año pasado, que anuló -por presunto fraude- la recolección del 1% de firmas para avalar a la MUD como organización promotora del referendo revocatorio a Nicolás Maduro, para suspender luego el proceso de recolección del 20% de manifestaciones de voluntad para su solicitud ante el CNE.

Esto impide a la MUD inscribir candidatos en siete estados, relacionados al mismo caso. En la sentencia, el tribunal acusaba directamente a los dirigentes Braulio Merino, Raúl Yusef y Andrés Velásquez.