Un nuevo dilema divide al país y a la oposición: participar o no en el próximo proceso electoral. Un sector está a favor de hacerlo; otro está en contra. Ambas partes esgrimen argumentos poderos y persuasivos; ambas partes se acusan mutuamente. El país democrático luce nuevamente atrapado en una disyuntiva insuperable: elecciones o resistencia. Pero, ¿lo está realmente?
- Razones y acusaciones mutuas
Quienes están a favor de participar en la convocatoria a las próximas elecciones regionales acusan a su contraparte democrática de voluntarismo o infantilismo político. Sostienen, entre otras cosas, que (i) los procesos electorales son mecanismos de lucha que un demócrata -incluso en las actuales circunstancias- no puede darse el lujo de dejar de utilizar y que (ii) el rechazo mayoritario del país hacia el gobierno nacional le brindará a los demócratas una oportunidad de oro para conquistar nuevos espacios de poder y, consecuentemente, mejores condiciones para luchar en contra del régimen.
Quienes están en contra de participar en la convocatoria, por su parte, cargan con el fardo de la traición o del colaboracionismo a los demócratas de la orilla contraria. Consideran, entre otras cosas, que (i) la ruta electoral es una claudicación interesada de la lucha cívica de resistencia emprendida unos meses atrás y que (ii) dicha ruta electoral, al carecer de las condiciones adecuadas, en lugar de precipitar la caída del régimen, la aplaza y lo consolida.
- Argumentos y acusaciones ponderados
Los argumentos que esbozan quienes están a favor de participar en el próximo proceso electoral me parecen, en términos generales, justos. Los procesos electorales son eventos políticos que ciertamente los demócratas, salvo circunstancias muy excepcionales (como, por ejemplo, la inconstitucionalidad del propio evento electoral), no deberían desatender. El próximo proceso electoral, además, le ofrece a la oposición democrática una ocasión especial para alcanzar nuevos espacios de poder para enfrentar al régimen y nuevos espacios de servicio para ayudar a atenuar la tragedia social del país.
Los temores que reflejan los argumentos de quienes están en contra de participar en el próximo proceso electoral me parecen, de igual modo, debidamente justificados. Es probable que un sector de la coalición democrática no haya entendido del todo o sólo haya aceptado a regañadientes la ruta de la resistencia cívica y haya visto en la convocatoria a las elecciones regionales una oportunidad para zafarse de ella. Así mismo, la participación en dicho proceso electoral pareciera desplazar la atención de la lucha democrática de su verdadero centro (la salida del régimen), pareciera contribuir a crear una sensación ficticia de legalidad y normalidad democrática y, en consecuencia, pareciera disminuir la presión de la calle sobre el régimen.
Las razones que cada sector democrático esboza para adoptar la postura que ha tomado y hacer lo que hace me parecen buenas y genuinas razones. Ambas posturas, en mi opinión, son racionales y, en términos generales, están genuinamente motivadas. Las acusaciones que cada sector vierte sobre el otro, por lo contrario, las considero injustificadas e inapropiadas. Acusar de voluntarismo o infantilismo al sector que rechaza participar en los próximos comicios es no tener en cuenta la motivación racional de dicha postura (no es fruto de ansiedades ciegas o deseos despistados). Acusar de traición o colaboracionismo a todos los sectores que han decidido participar en dichos comicios es desconocer, de modo análogo, la posibilidad de que una motivación honesta esté asociada a dicha postura (no sea sólo producto de intenciones turbias o aviesas).
- Incomprensiones y diferencias superadas
El país democrático se ha divido en torno al próximo proceso electoral. Lo ha hecho porque ha visto su participación en él como incongruente con la lucha de resistencia desarrollada hasta ahora. Tanto los partidarios de asistir a los próximos comicios como los partidarios de no hacerlo han asumido ambos procesos como incompatibles. Este ha sido precisamente nuestro error. En mi opinión, la lucha de resistencia y la participación en el próximo proceso electoral no son ni incompatibles ni excluyentes. Veamos.
La participación en las próximas elecciones regionales no implica el abandono de la meta ni del itinerario asumidos por la sociedad democrática en los meses pasados. No constituye una claudicación del proceso de restablecimiento del orden constitucional ni de la ruta democrática sancionada el 16 de julio. Constituye, en su lugar, un recurso que complementa –no que claudica- dicha ruta. Ella es, en este sentido, una nueva circunstancia para consolidar nuestras demandas democráticas en el país, elevar la conciencia y el compromiso de lucha en la sociedad y enfrentar nuevamente al régimen en la calle. Por otra parte, la realización de las elecciones regionales constituye el cumplimiento parcial –ciertamente insatisfactorio- de una de nuestras demandas democráticas (la convocatoria a elecciones) y un paso hacia adelante en el restablecimiento del orden constitucional.
La participación en las próximas elecciones regionales tampoco constituye la renuncia a la lucha de resistencia, al desconocimiento de la legitimidad del gobierno nacional. La participación en dichas elecciones no implica admitir la legitimidad (la validez legal o constitucional) del régimen o de sus instituciones. Sólo supone admitir su poder de facto. Cuando una persona bajo secuestro se somete a las condiciones de cautiverio impuestas por sus captores, ello no implica que esa persona admita que dichos captores tengan algún tipo de derecho sobre ella; sus actos sólo revelan que sus agresores tienen la fuerza suficiente para mantenerla cautiva.
La participación en las próximas elecciones regionales tampoco implica que las actuaciones fraudulentas del CNE hayan sido olvidadas ni que su carácter groseramente sesgado nos tenga que resultar inadvertido. Nuestra participación en el próximo proceso electoral será llevada a cabo no porque confiemos en el régimen o en su institución electoral. En lo que haga o esté dispuesto hacer antes o durante o, incluso, después de dicho proceso. Lo hacemos porque dicha participación en él, incluso bajo las condiciones adversas actuales, va en detrimento suyo, en contra de sus intereses y en contra de su proyecto antidemocrático.
La participación en el próximo proceso electoral debe ser asumida por la sociedad y por la oposición como un nuevo acto público de protesta contra del régimen. En primer lugar, como un nuevo acto de rechazo y desaprobación masiva en contra de él. En segundo lugar, como una nueva oportunidad para ratificar y demandar, a los sectores más institucionales del régimen, el cumplimiento de las exigencias democráticas sancionadas el 16 de julio por la gran mayoría de nuestra sociedad.
La coherencia o la incoherencia de la oposición no se determina por la participación o no en el próximo proceso electoral. Se determinará por la conservación o no de las metas y las demandas que había establecido y con las cuales había movilizado al país y a la comunidad internacional: la aceleración de la salida del régimen, por una parte; la apertura del canal humanitario, el respeto a la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos, el adelanto de las elecciones presidenciales y rechazo de la “Asamblea Constituyente”, por la otra. La coherencia o la incoherencia de la oposición se determinará por lo que haga antes y después de dicha participación y por cómo la lleve a cabo; no porque decida ir o no a dicho proceso electoral.
La última disyuntiva que se le ha presentado a la sociedad y a la oposición sobre si mantener la lucha de resistencia o participar en el próximo proceso electoral no es un dilema insuperable. Pero, este dilema, en contra de la opinión formada, no es una disyuntiva que debe ser resuelta por medio de la elección de una de las opciones; es una disyuntiva que la sociedad y la oposición pueden disolver por medio de la integración de las elecciones regionales a la lucha de resistencia y al proceso de restitución del orden constitucional.
El verdadero problema de la oposición y del país no consiste, entonces, en decidir si debe participar o no en el próximo proceso electoral; el verdadero problema que la oposición y el país tienen ante sí es el de cómo integrar de manera adecuada y responsable la participación en los próximos comicios a la lucha de resistencia cívica y al proceso de restitución del orden constitucional.