ALTO
¿EL SECRETO?:
En 2004 el presidente Hugo Chávez ordenó al entonces Fiscal General de la República, Julián Isaías Rodríguez, establecer un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para compartir bilateralmente “todos los expedientes e informaciones que cursaran en ambos países por delitos de narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, crimen organizado, ilegalidades de inmigración y todo aquello que atentara contra los gobiernos de ambos países”. El embajador americano era William Brownfield y el presidente George W. Bush. El acuerdo fue firmado por el hoy vicepresidente de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente y se puso en práctica desde el momento de suscribirlo. Hasta que el inefable Isaías fue reemplazado por Luisa Ortega Díaz, en noviembre de 2007, el flujo de información con Estados Unidos se mantuvo activo. Cuando ella asume nadie le informó del muy secreto “convenio bilateral de información que afecte el ejercicio de los gobiernos de EE.UU. y/o de Venezuela”. Es por ello que desde el año pasado cuando se hizo del conocimiento de la Fiscal Ortega la existencia de ese acuerdo gracias a la información proveniente del gobierno de Barack Obama -por supuesto nunca del gobierno de Maduro- se comenzó a recopilar información sobre personeros y negocios desde 2004 hasta hoy. Debido a ese “pacto secreto” llegó al Ministerio Público toda la información sobre Odebrecht desde la Fiscalía y la Corte Federal de Brooklyn, NY, tras el juez distrital Raymond Dearie llegar a un acuerdo e imponer a la empresa multas por un total de $ 2.600 millones que fueron pagadas a EE.UU., Brasil y Suiza. A cambio de ese arreglo se otorgó lenidad a los acusados tras declarar en detalle el esquema de corrupción con los gobiernos contratistas de la empresa, entre los cuales destaca Venezuela con los contratos bajo Chávez y Maduro. Las confidencias develadas por los acusados dieron detalles de cuentas, testaferros, esquemas inventados y entrega de efectivo en las campañas de ambos presidentes. En esa Corte se reunió toda la información de cada país. Por allí es que llega a la Fiscal Ortega y se añade a la que ya en Brasil le dieron en febrero y la semana pasada en el encuentro de Fiscales de Mercosur en Brasilia. Por el acuerdo mencionado Ortega también tiene en su poder todo el expediente del caso de los “narcosobrinos presos” y un centenar más en otras cortes incluyendo los casos de las cuentas en el HSBC y de los contratistas de PDVSA & Citgo …
MEDIO
PENCE PIENSA:
Tras la reunión pública con un grupo de venezolanos exiliados en Florida el vicepresidente de Trump, Mike Pence, sostuvo un encuentro privado con algunas de las más importantes figuras presentes, entre ellos a “magistrados juramentados por la Asamblea Nacional que no reconoce el gobierno de Maduro y para los que ha solicitado su captura y prisión”. Cuando uno de los presentes trajo a relación alguna similitud entre el caso de Cuba y los Castro con la Venezuela de Chávez y Maduro el ex gobernador y congresista y cristiano evangélico fue muy enfático con esta admonición: “En Cuba hay más de 58 años de ideología comunista. En Venezuela lo que hay es un narcotráfico de muchos años y a muy altos niveles”. Allí dejó eso. Sin embargo, un día después, el principal asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca LG. McMaster enfatizó ante los periodistas que su gobierno no planea acciones militares contra Venezuela en “el futuro cercano y si una diplomacia coordinada”.
POR AHORA:
No hay intención de bloqueo. La información proviene del Houston Petroleum Club, asociación que agrupa las mayores empresas petroleras de los Estados Unidos. Aseguran que Washington no piensa prohibir la importación de crudo venezolano a corto plazo. Para ellas “EE.UU. aplicará una serie de sanciones dirigidas principalmente a castigar a PDVSA y crear serias dificultades económicas a la empresa estatal venezolana, pero descartamos que por ahora se le imponga un bloqueo petrolero total”. Añadieron “Lo que nos han dicho es que la Casa Blanca no quiere estrangular completamente la economía venezolana y causar ulterior daño al pueblo venezolano si es posible evitarlo”. Los petroleros explicaron que el dejar de contar con la importación crudo pesado venezolano causaría un aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos entre 15 y 20 centavos de dólar por galón y podría afectar la economía general del país. Washington necesitaría que antes de un bloqueo total se active el oleoducto Transcanadian Pipeline a través del cual EE.UU. recibiría una igual o mayor cantidad de crudo pesado similar al de Venezuela, derivado de las reservas canadienses de Athabasca, proyecto que se espera sea completado a principios del 2019. En cuanto a la presencia de la rusa Rosneft como parte accionaria de CITGO en los Estados Unidos, los petroleros norteamericanos dijeron claramente que no es deseable, pero tienen entendido que tampoco a Rosneft le interesa y podría intercambiar esas acciones por asignación de pozos. La fuente concluye diciendo: “Una cosa es un acuerdo o una alianza petrolera con un gobierno democrático venezolano, que hemos disfrutado a lo largo de muchos años, y otra cosa es un conflicto de intereses y las marcadas diferencias políticas de hoy en día que amenazan con un indeseable enfrentamiento regional” …
Más runrunes