La fiscalía general de España ordenó este miércoles a los fiscales en Cataluña citar a los alcaldes que se disponen a colaborar en la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, invalidado por la justicia, y arrestarlos si no comparecen, reseña AFP.
La fiscalía ordenó citar en calidad de investigados a los alcaldes “en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal”, y en caso de que no comparezcan, “acordar su detención”, según el texto al que tuvo acceso la AFP.
La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) cifra en 712 alcaldes, de los 948 que hay en Cataluña, aquellos comprometidos a realizar el referéndum, un apoyo clave ya que ellos abrirían locales bajo su jurisdicción para votar el 1 de octubre.
Contactada por la AFP, la AMI rehusó comentar la decisión, aunque precisó que sentará posición hacia las 17h30 (15h30 GMT).
El gobierno catalán dirigido por Carles Puigdemont convocó el referéndum pese a la prohibición de Madrid, para preguntar a los catalanes si desean que la rica región de 7,5 millones de habitantes se convierta en un “Estado independiente en forma de república”.
Pero el referéndum fue invalidado por el Tribunal Constitucional, quien instó el viernes a alcaldes y otras autoridades a abstenerse de promover “acuerdo o actuación alguna que permita” el referéndum, y en caso de no acatar, advirtió de “eventuales responsabilidades, incluida la penal”.
Ahora la fiscalía ordena investigar a cada alcalde para que “declare en calidad de investigado y asistido de Letrado”.
Llama, “en el caso de que el Alcalde no comparezca, a acordar su detención y presentación en Fiscalía”.
“En vista del número de municipios afectados, se procederá a dar preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los Ayuntamientos de mayor volumen de población”, agregó el escrito firmado por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
Los nacionalistas y separatistas catalanes, mayoritarios en el parlamento regional desde septiembre de 2015, reclaman desde 2012 un referéndum de autodeterminación, que Madrid rehúsa apoyar en base a fallos del Tribunal Constitucional, que consideran la consulta ilegal.
Pero los independentistas acusan al TC de estar politizado. Y han decidido ignorar sus decisiones y organizar el referéndum con el que pretenden declarar la secesión de España si gana el “sí”.