Los tremendos y sucesivos terremotos ocurridos en México con inclementes con-secuencias para las construcciones realizadas en zonas especialmente con sue-los riesgosos, los impresionantes y continuados huracanes que viene afectando a las islas del Caribe y la calidad de las edificaciones, los desastres ocasionados por los fenómenos de la naturaleza por las intensas lluvias en el norte del Perú y los repetidos deslizamientos en quebradas arrasando todo a su paso, son sólo pequeños ejemplos para poner en el tapete acerca de las políticas públicas que habrían de ser adoptadas frente a las vulnerabilidades producto de los desastres de la naturaleza.
La cuestión en debate es ubicar el énfasis que las administraciones siguen po-niendo en los análisis sobre los escenarios tectónicos, geológicos o hidrológicos que causan los desastres naturales más que un estudio sobre las poblaciones más expuestas y la carencia de serias políticas de Estado que deben ser aplica-das para la prevención. La vulnerabilidad de las ciudades y los centros poblados se ven mucho más comprometidos y expuesta ante la ausencia de políticas que deben mostrarse como las imprescindibles para su reducción y enmarcadas en estrategias de un desarrollo sostenible.
Las políticas públicas de Estado para la previsión o la prevención de los desastres naturales deben ser compartidas no sólo por toda la sociedad sino también instrumentadas, principalmente, en programas de categorización y ordenamiento territorial con propósito preventivo. Claro está que la ejecución de aquellas políticas demanda la elaboración de adecuados –y cómo no decirlo- severos marcos legales e institucionales en aras de la protección de la población.
La exposición destructiva ante una permanente amenaza, la insuficiencia para reaccionar apropiadamente cuando la inminencia del desastre se manifiesta y la incompetencia para la inmediata reconstrucción y recobrar las normales condicio-nes de vida es lo que pone a la vista la vulnerabilidad de población. Pero, aclare-mos, los peligros de los desastres no son sólo causa de la naturaleza sino tam-bién producto de la mano del ser humano; de manera que es innegable precisar que la vulnerabilidad de la población es por causas “socio-naturales”.
Por supuesto que el propósito de las políticas de Estado debe ser el amortigua-miento de los desastres para conseguir la integridad de las personas, en condi-ciones de bienestar y, a la vez, el empleo del medio ambiente en condiciones ra-zonables, de manera que la vida y el bienestar sean sostenibles.
Como bien apunta un reciente estudio de la CEPAL, “una de las características del crecimiento económico y el aumento de la población es la acumulación de riesgos; pero, los actuales patrones de desarrollo de América Latina se caracteri-zan, entre otros aspectos, por la acumulación de riesgos de desastre, de tal modo que la frecuencia y la intensidad de los desastres están aumentando vertiginosa-mente. (…). El aumento de los daños por desastres naturales en Latinoamérica y el Caribe se debe a una degradación ambiental severa experimentada en los últi-mos 50 años, que ha hecho más vulnerables los ecosistemas de la región.”
De ahí que políticas públicas para mitigar los desastres naturales constituye, aho-ra, no sólo una cuestión de algunas pocas organizaciones ambientalistas sino una necesaria y urgente exigencia de hacer políticas del Estado y de manera concertada con la sociedad, ya que las perjuicios económicas por desastres en América Latina y el Caribe hacen peligrar todo aquel esfuerzo de crecimiento y desarrollo.
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