Denuncian despido masivo de fiscales del Ministerio Público en el Táchira

Junta directiva del Colegio de Abogados del Táchira rechaza despido masivo de fiscales del MP. Foto: Omar Hernandez
Junta directiva del Colegio de Abogados del Táchira rechaza despido masivo de fiscales del MP. Foto: Omar Hernandez

 

Sin aparente causal y sin que tengan ningún expediente, fueron despedidos 20 fiscales del Ministerio Público (MP) en el estado Táchira, denunció el jueves la junta directiva del Colegio de Abogados. La información que maneja el gremio es que hay una lista de 15 fiscales más, así como supuestas revisiones y destituciones dentro del Poder Judicial, puntualmente de algunos jueces, reseña el Diario La Nación.

Desde la sede del gremio en San Cristóbal, la directiva se pronunció en la voz de su presidente, Henry Flores, según lo acordado en la sesión del día martes donde se aprobó dar a conocer esta información, porque el MP forma parte del sistema de administración de justicia por mandato de la Constitución, e igualmente forma parte del Consejo Moral Republicano.





“Nos preocupa que hayan despidos masivos, porque una cosa es destituir dos o tres funcionarios en un momento determinado, pero fueron destituidos 20 fiscales (….) Desde luego que por ser parte del gremio nos llama la atención y queremos hacer un llamado a Euclides Quevedo, gran apóstrofe del derecho constitucional y hoy día Fiscal Superior”, dijo.

No obstante, aclaró que le llamó mucho la atención que Quevedo haya aceptado esa designación, siendo que el “Fiscal General de la República” es ilegal, porque no se cumplieron los parámetros establecidos en la Carta magna: “Mal podía convalidar la violación de lo que es la carta de navegación de un país como es la Constitución”.

Reiteró, respecto al despido masivo de fiscales, que en conversaciones informales con algunos, manifestaron que no tienen ninguna causa y aparentemente sería por cuestiones políticas, porque ellos se identificaron con la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, que “fue designada, como dice la Constitución, por la Asamblea Nacional que aún está vigente y fue electa por más de 14 millones de venezolanos en su momento”.

Esta situación se ha presentado en otros estados del país y por ello la presunción de que el elemento que está conllevando a este tipo de destituciones es político, porque “no hay ningún tipo de investigación que pudiese presumir que estos colegas estuviesen cometiendo algunos hechos en contra de la conducta que debe exhibir un fiscal del MP, que es el garante del Estado de Derecho y el que impulsa en nombre del Estado venezolano los procesos penales”.

Comentó, además, que hay algunos casos de fiscales con 24 y 25 años de experiencia, que implica para el Estado un costo en la formación e inversión, que se va a perder con estas destituciones.

“Lo más grave es que se me presentaron tres colegas, a quienes llamaron y le hicieron una entrevista y de una vez les dieron la bienvenida al MP, con la apertura de una cuenta y preparación de 15 días. Por supuesto dijeron que no, porque ser fiscal del MP conlleva una gran preparación, una idoneidad, requisitos muy específicos para representar la venia pública en Venezuela” . Aunque –añadió- que “todos tienen el derecho de aspirar a un cargo de esos, deben cumplir con los requisitos, “y eso no nos garantizaría la calidad que hasta el momento hubo con los fiscales del MP que fueron destituidos masivamente”.

En ese sentido, el llamado que hizo el gremio al MP es garantizar a esos profesionales destituidos el derecho a la defensa, el debido proceso y sobre todo que no se les vayan a involucrar elementos ajenos a lo que es un sistema de administración de justicia transparente. Y en el caso que no los haya, que se reconozca algún vicio dado con estas destituciones, sean corregidas, y reincorporados al MP.

Flores también efectuó un llamado a la juez rectora del estado, Yorley Pérez, ya que en el área penal tienen algunos tribunales sin jueces, caso específico del Primero de Control, Séptimo de Control, Noveno de Control, Tercero de Ejecución y Tercero de Control en materia penal de niños, niñas y adolescentes.