Rafael Narváez, coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, rechazó el reciente anuncio hecho por la Asamblea nacional constituyente de exonerar, “de toda culpa y responsabilidad de violación de Derechos Humanos” a la Guardia Nacional Bolivariana, GNB. “Todo el mundo sabe que este componente fue el más represivo en cuanto a tratos crueles e inhumanos durante la aplicación del Plan Zamora”.
Nota de prensa
Advirtió que esta acción solo puede ser calificada como una “aberración jurídica” debido a que esta instancia, “Ni es fiscal para perseguir delitos, ni es juez para condenar o absolver a conveniencia”.
Explicó que de acuerdo a la legislación vigente, todo aquel funcionario que maltrate físicamente a un ciudadano detenido tiene responsabilidad penal y puede ser condenado hasta por 25 años de prisión por lo que consideró prioritario que el Fiscal Tarek William Saab ponga orden en la investigación penal en el país, luego de que organismos como la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando antiextorsión y secuestro, CONAS, y el Cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, CICPC, “violentaran la normativa de nuestra legislación de forma impune ante la dejadez del Ministerio Público en actuar de acuerdo a sus funciones y atribuciones”.
Recordó que la Fiscalía cuenta, para hacer cumplir la ley, con los testimonios del Comité de víctimas del Plan Zamora así como con todas las detenciones arbitrarias ejecutadas por el Sebin y un expediente abierto que el fiscal tiene en su poder. “Señor fiscal, Usted tiene la palabra. Según sus propias palabras, no quería ser fiscal y fue designado como tal por lo que ahora está facultado para investigar de oficio si es que acaso no quiere ver los expedientes”.
“Aquí se violentó el artículo 68 de la Constitución porque en toda manifestación pacífica no se permite el uso excesivo de la fuerza, sustancias tóxicas y mucho menos armas de fuego y la Guardia Nacional Bolivariana accionó armas de fuego de forma indiscriminada en contra de los manifestantes. La Fiscalía está obligada a dar respuesta a esto cuanto antes”, precisó.
Anunció que las víctimas de los organismos del Estado se están organizando para llevarle al Fiscal general provisorio todos los testimonios y pruebas documentales, “sobre las atrocidades cometidas por los funcionarios en actos de abierto exceso y abuso policial. La violación de Derechos Humanos no prescribe y no tiene beneficios por lo que le recordamos una vez más al fiscal que la impunidad no tiene color político”.