El abogado Jesús Ollarves catalogó como “una irracionalidad” el subordinarse ante una constituyente cubana que no ha sido aceptada ni reconocida por el pueblo, e hizo énfasis en que los gobernadores solo deben estar subordinados ante la Constitución de la República y a los ciudadanos que los eligieron.
Especial lapatilla.com
“Los gobernadores deben estar subordinados a la Constitución de la República, y a los ciudadanos que los eligieron. Sería una irracionalidad subordinarse al mandato de una ANC que no ha sido aceptada ni reconocida por el pueblo venezolano. Además, sería una ilegalidad subordinarse a una Asamblea Constituyente de naturaleza corporativa que ha asumido ilegalmente funciones de gobierno, ha usurpado las competencias del Ejecutivo, la AN y hasta de la Sala Constitucional del TSJ.”, declaró Ollarves en una entrevista en exclusiva a lapatilla.com
El experto en Derechos Humanos también advirtió que la cifra de políticos inhabilitados, perseguidos o presos políticos podría aumentar, ya que Nicolás Maduro exigió a los gobernadores que queden electos el 15 de octubre a subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente cubana.
“Sí podría aumentar la cantidad de políticos inhabilitados, perseguidos o presos políticos. Lamentablemente, estamos ante un mecanismo pernicioso en el cual se restringe de forma arbitraria los derechos políticos a los factores de oposición. El propósito es la inhibición en la participación de los asuntos de interés público y la utilización de la sanción penal es la herramienta con la cual se amenaza e intimida al adversario y al ciudadano”, advirtió Ollarves.
Con respecto a las elecciones regionales, el abogado indicó que está elección esté siendo convocada por unos rectores del CNE que tienen su periodo vencido es una “falla de origen que desde el comienzo cuestionaría la transparencia y validez” de dicha elección.
Además, explicó que para que unas elecciones tengan validez deben celebrarse “de manera libre y limpia; dentro del marco de la constitución y de conformidad con instrumentos jurídicos validos; en un sistema de separación de poderes que garantice la independencia del poder judicial; y por instituciones electorales imparciales que sean competentes, responsables, y que no tengan el periodo vencido”.