El pasado viernes 21 de julio nuestra Asamblea Nacional, elegida democráticamente el 6 de diciembre de 2015, juramentó a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en una Sesión Especial realizada a tal efecto, desde la Plaza Alfredo Sadel, ubicada en la Urbanización “Las Mercedes”, Municipio Baruta, Estado Miranda.
Estos magistrados previamente, se sometieron a la evaluación de un Comité de Postulaciones, en un proceso de selección de seis meses. Se trató ni más ni menos que del cumplimiento de un deuda pendiente de la Asamblea Nacional, dado que algunos de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, habían sido designados en 2010, de forma express por la Asamblea saliente, sin cumplir con las exigencias legales ni constitucionales, para el ejercicio de sus funciones en un proceso de designación al margen de toda norma, en el cual se violentaron lapsos y requisitos.
Estas designaciones vinieron a sustituir a los elegidos ilegalmente, por el Parlamento saliente, nombramientos ilícitos que dicho sea de paso, permitieron durante meses a ese Tribunal Supremo, ser el brazo ejecutor de las directrices del Régimen, aplaudiendo a diestra y siniestra las decisiones de Nicolás, y otorgándole de algún modo sustento jurídico.
Sin embargo, y tras el nombramiento de los nuevos magistrados, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta de sus magistrados, declaró nulo este acto, debido, entre otros aspectos, a la extemporaneidad del proceso, inexistencia de vacantes e inobservancia de preceptos constitucionales y legales y solicitó a las autoridades aplicar «acciones de coerción» en su contra, acusándoles de «usurpación de funciones».
Nicolás por su parte, los desconoce, anunciando que los apresaría «uno a uno», suspendería sus cuentas bancarias y congelaría sus bienes, y así fue, de modo que el 22 de julio, Ángel Zerpa, miembro de la Sala Político Administrativa resultó detenido por agentes de inteligencia (SEBIN) y luego de más de 20 días en huelga de hambre, fue liberado con medidas cautelares, aunque todavía se encuentra inmerso en un proceso judicial. En paralelo y ante esta situación, el resto de los magistrados intentó buscar refugio para no correr la misma suerte. Actualmente, once de ellos se encuentran en EE.UU., seis en Colombia, uno en Chile, y varios asilados en embajadas de varios países en Caracas.
La realidad es que este nuevo TSJ, designado por la Asamblea Nacional de mayoría opositora, nunca pudo instalarse en Venezuela, pero a pesar de toda la presión que han sufrido, los magistrados firmes en su posición, han seguido en contacto y trabajando durante todos estos meses para mantener viva su designación, así de esta manera, se colocan en resistencia y desde donde están, sin amilanarse, separados pero juntos como bloque, luchan incansablemente por el rescate del Poder Judicial en el país.
De tal manera que, ante esta dura situación, su dinámica está a punto de dar un giro de 180 grados. Como un hecho sin precedentes en la historia de Venezuela, ocurre una de las decisiones más interesantes de organismo internacional alguno, la de la Organización de Estados Americanos (OEA) al permitir la constitución y juramentación en su sede, del Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela. Ni en la historia de la OEA, ni de Venezuela ni de América Latina, se había producido una decisión de tal magnitud.
Realmente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se conformó en el exilio tras la persecución de la dictadura de Nicolás Maduro. De tal manera que así es como el próximo 13 de octubre se efectuará públicamente la instalación y constitución oficial, del Tribunal Supremo venezolano, en el exterior, el acto tendrá lugar en el Salón de las Américas, el gran salón de actos de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington. Se espera que al momento de la instalación estén presentes los juristas que se encuentran exiliados en Estados Unidos, Colombia, Chile y Europa, con los que tendrían el quórum suficiente para llevar a cabo el procedimiento.
La OEA será la sede de funcionamiento oficial de las oficinas del organismo, dada su imparcialidad, y que esta además constituido por una cantidad considerable de Estados, quienes han apoyado y ayudado en esta iniciativa inédita a nivel mundial. De modo que desde el exilio, los magistrados ejercerán su labor judicial, tomarán posesión formal de sus cargos, designarán a Miguel Ángel Martín, integrante de la Sala Constitucional, como Presidente del TSJ, todo ello con la misión de investigar y sancionar los actos de corrupción en el país suramericano.
La realidad es que una delegación de estos magistrados, integrada por Miguel Ángel Martín, Ramsis Ghazzaoui, Cruz Graterol y Domingo Salgado Rodríguez, han venido recabando apoyos de gobiernos latinoamericanos –Perú, Argentina, Paraguay, Colombia, México– y europeos. Tras visitar el Parlamento Europeo, en Bruselas, han recalado en Madrid para reunirse con magistrados y políticos españoles, e informarles de la decisión de trabajar desde la Organización de Estados Americanos (OEA). De tal manera que el TSJ designado por la AN no solo cuenta con el reconocimiento de la OEA, donde se instalará, sino también con la del Parlamento Europeo.
Sin embargo existen fundadas dudas sobre la legalidad y constitucionalidad del acto. En este sentido, es bueno recordar que la Constitución Nacional es muy clara al señalar en su artículo 18, a saber: “la ciudad de Caracas es la capital de la República y el asiento de los órganos del Poder Nacional. Lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio del Poder Nacional en otros lugares de la República…”
Igualmente la Ley Orgánica del TSJ, en su artículo 6, trascribe la misma norma. Sin embargo es lógico entender que estamos frente a un caso de fuerza mayor ya que al no poder instalarse aquí en Caracas, deben hacerlo en el exterior todo lo cual no los deslegitima en modo alguno. Igualmente estamos ante una realidad confusa, existen dos TSJ distintos, uno en Washington y otro en Caracas, con las mismas competencias, situación bien curiosa desde el punto de vista del derecho internacional.
En el mismo orden de ideas y a pesar de lo anterior, las competencias de estos magistrados serán de carácter internacional y de obligatorio cumplimiento para el Estado Venezolano. En tal sentido, podrán concretamente, emitir acuerdos (pronunciamientos) para dirigirse a gobiernos y autoridades a los efectos que se realicen las investigaciones a que hubiere lugar, contra funcionarios que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, narcotráfico o legitimación de capitales. Este Tribunal, tendrá plenas competencias en Venezuela y fuera de ella, su objetivo: retomar el orden constitucional, defender la democracia y los derechos humanos.
La verdad es que los magistrados tienen competencias constitucionales, son legítimos porque fueron designados por la Asamblea Nacional y fueron electos en un proceso de designación apegado a la norma. Las funciones del TSJ son jurisdiccionales, y en este sentido emitirán decisiones sobre cada uno de los problemas que aquejan al país, tales como la crisis humanitaria, la institucional y asumirán las posturas que correspondan desde el punto de vista legal como un tribunal.
Igualmente trabajarán internacionalmente, a través de la justicia transicional, la cual alude a las formas en que los países que dejan atrás periodos de conflicto y represión, utilizan para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada, esto es, ni más ni menos que la aplicación de normas de derecho internacional para denunciar y perseguir las graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, toda esta actividad jurisdiccional enmarcada dentro de los problemas internos que vive y sufre el país.
El espacio internacional es quien abre la posibilidad de manejar delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos, emitiendo decisiones y sentencias constitutivas de derecho. Sin embargo, la ejecución inicial de esas sentencias puede no darse en Venezuela, porque gran parte de los casos que se juzguen y deciden son delitos internacionales, digamos, narcotráfico, terrorismo, lavado de capitales, tortura, lesa humanidad, regulados por convenios y normas internacionales por ejemplo, la Convención de Palermo, sobre delincuencia organizada, el Estatuto de Roma, entre otros.
Lo importante a destacar aquí es la importancia que tiene en el hemisferio y en el mundo, la crítica situación política, social y económica que atraviesa uno de los que otrora fuera uno de los países más ricos del mundo: Venezuela. Este respaldo y solidaridad de la OEA al país, se agradece y es sin duda una decisión de grandes dimensiones políticas y jurídicas, la cual con toda seguridad, dará paso al desarrollo de un concepto de soberanía con un carácter mucho más dinámico y adaptado a la modernidad.
La solución no es sencilla, pero debemos combinar estrategias, quizás haya elecciones, quizás haya una explosión social, pero esta instalación del TSJ en el exterior sin duda, sienta precedentes históricos. La solución siempre he mencionado, debe ser quirúrgica, sobre todo por el sufrimiento del pueblo, ir en pos de comprimir o limitar las acciones del régimen, en el orden interno. Las fuerzas vivas y los factores democráticos, aunque parecieran con las manos atadas, tienen un protagonismo primordial, así de esta forma, el régimen prolonga su agonía.
Que la democracia, la libertad, la independencia, y sobre todo, el regreso al imperio de la ley prevalezcan, ya que no solo es necesario para Venezuela sino que además constituye un ejemplo para toda la región.
MARIA AUXILIADORA DUBUC P.-
@mauxi1