El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, advirtió este viernes que caer en un default o suspensión de pagos de la deuda externa sería “una catástrofe” para el país en estos momentos. EFE
El diputado hizo esta advertencia un día después de que el presidente Nicolás Maduro ordenara la refinanciación y reestructuración de toda la deuda externa contraída por el Estado venezolano, que había de pagar entre octubre y noviembre más de 3.500 millones de dólares en concepto de capital e intereses a los tenedores de bonos.
“Nadie va a refinanciar la deuda si no hay un giro fundamental en la política económica”, dijo en un mensaje enviado a periodistas Guerra, haciéndose eco de una percepción general entre los economistas que, de hacerse realidad y cumplirse la promesa de Maduro, llevaría a Venezuela a la temida suspensión de pagos.
El que fuera funcionario del Banco Central de Venezuela explicó que “el monto de la deuda que hoy paga Venezuela alcanza los 128.000 millones de dólares aproximadamente, incluyendo todo tipo de deuda en moneda extranjera”, una cantidad que, según él, el país “no puede pagar en los términos en que fue contratada”.
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Guerra recordó que la deuda que ahora debe pagarse -que en su mayor parte corresponde a PDVSA- se contrajo “entre 2006 y 2011” bajo el mandato del presidente Hugo Chávez y “en medio del auge más prolongado e intenso de los precios del petróleo”.
Afirmó que “esa deuda no sirvió para aumentar la producción petrolera pero sí para financiar la fuga de capitales y enriquecer a un grupo”.
Además, recordó que la oposición propuso en el pasado al Gobierno intentar una refinanciación “amistosa” de la deuda externa, algo que fue rechazado y que a su juicio es “improbable” en las actuales condiciones.
A las dificultades de financiación de Venezuela se sumaron en agosto las sanciones financieras dictadas por Estados Unidos contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Estas medidas prohibían “negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal”, además de las “negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela.
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