Maduro se ofrece a Trump como aliado para luchar contra el narcotráfico, pero el último informe del Departamento de Estado señala a los gobiernos venezolano y boliviano de tener los peores desempeños para enfrentar este problema: “no hacen lo suficiente para reducir el tránsito de estupefacientes en su territorio”, revela la DEA.
Por: Dámaso Jiménez / Biendateao.com
Nicolás Maduro se ofreció el viernes pasado a ayudar a Donald Trump a combatir el narcotráfico, intentando desconocer el alcance de las acusaciones hechas por Washington a los principales aliados políticos del gobierno venezolano por manejo de narcóticos ilegales.
Trump ha sancionado a 29 funcionarios en 8 meses, incluyendo 22 civiles y 7 militares, entre ellos el presidente Maduro, en algunos casos por violación de derechos en las protestas, y en otras por denuncias sobre colaboración en el traslado de estupefacientes desde la vecina Colombia hacia América del Norte.
Pero en la lista negra del Departamento del Tesoro se encuentran incluidos el vicepresidente Tareck El Aissami y el ministro del Interior, Néstor Reverol. Las denuncias están acompañadas de pruebas aportadas por testigos que participaron en el entorno del gobierno y que decidieron ponerse a la orden de las autoridades norteamericanas luego de temer por sus vidas en Venezuela.
Maduro catalogó las acusaciones como una campaña de desprestigio y pidió a los Estados Unidos hacer más para reducir el consumo de drogas. En la alocución del viernes pasado Maduro aseguró que Venezuela lleva adelante sus propias experiencias de lucha contra el narcotráfico.
“Presidente Trump, si realmente quiere luchar contra el narcotráfico que ha destruido a los jóvenes de EE. UU y llenado el país con drogas de Colombia, tiene un aliado en mí”, dijo Maduro en la transmisión televisiva. “Venga a conocer nuestra experiencia, podemos unir fuerzas”, agregó.
En el 2005 Chávez expulsó a la agencia anti-narcóticos norteamericana, DEA por sus siglas en inglés, argumentando que Venezuela era víctima del narcotráfico porque se encontraba en medio de la ruta entre el mayor productor de cocaína, Colombia, y su principal mercado, Estados Unidos.
Sin embargo en el último informe presentado por el Departamento de Estado en marzo del 2017, Washington denunció que Venezuela y Bolivia no hacían lo suficiente para reducir el tránsito de estupefacientes en su territorio, y acusó a ambos países de haberse convertido en un puente para el transporte de drogas ilícitas a Centroamérica y Norteamérica, así como a países de Africa occidental, desde donde luego es trasladada a Europa.
El informe de la DEA revela que los países gobernados por Evo Morales y Nicolás Maduro son los que más fracasaron en esa materia.
Maduro ha criticado reiteradamente a Trump por las sanciones contra Venezuela, que van desde restricciones a que los bancos estadounidenses compren deuda recién emitida hasta impedimento a que ciudadanos estadounidenses tengan tratos comerciales con individuos específicos de su gobierno.
Maduro, quien se encuentra en la lista de sancionados por los EE. UU, señaló que en el pasado solicitó reuniones con Trump. La Casa Blanca respondió a una de estas súplicas este año al decir que se reunirá con el presidente de Venezuela cuando el país regrese a la democracia.
El gobierno de Trump junto a casi la totalidad de los gobiernos Latinoamericanos y de Europa se mantienen críticos a la decisión de Maduro de crear una poderosa entidad supraconstitucional por encima del resto de los poderes que dejaron de ser autónomos y que deben sumisión a una Asamblea Constituyente, integrada en un 100 % a adeptos del oficialismo.
La ANC fue impuesta el pasado 30 de julio en unas elecciones no universales, donde tampoco fue consultado el soberano sobre su acuerdo con respecto a esta medida. La oposición y la comunidad internacional catalogaron ese movimiento como la consolidación de una dictadura por parte del gobierno de Maduro.
EEUU y Venezuela, una relación accidentada en materia de drogas
Venezuela y Estados Unidos han tenido un Memorando de Entendimiento Antidrogas Bilaterales desde 1978, sin embargo la cooperación antidrogas entre Venezuela y los Estados Unidos ha sido muy limitada e incoherente a partir del 2005, cuando Venezuela se negó a firmar una agenda negociada al Memorando de Entendimiento para mejorar la cooperación antidrogas.
En 2004 Estados Unidos y Venezuela habían firmado un tratado de asistencia judicial recíproca. Nuestro país integraba la Convención Interamericana contra el Terrorismo, formaba parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. Venezuela sigue siendo un miembro activo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, incluso siguen formando parte de un tratado de extradición que entró en vigor en 1923.
Aunque la Constitución venezolana de 1999 prohíbe la extradición de nacionales, Venezuela periódicamente extradita o deporta a ciudadanos no venezolanos a los Estados Unidos para ser procesados.
Ambos países cooperaron por muchos años en la investigación, persecución, prevención y represión de la delincuencia, incluido el narcotráfico, gracias al Memorando de Entendimiento Antidrogas Bilaterales desde 1978.
La cooperación antidrogas entre Venezuela y los Estados Unidos comenzó a ser limitada e incoherente desde 2005, cuando Venezuela se negó a firmar una agenda negociada al Memorando de Entendimiento para mejorar la cooperación antidrogas.
El consumo de drogas ilegales en Venezuela permaneció opaco en 2016, ya que no se dispone de datos estadísticos recientes.
Los datos más recientes sobre el consumo interno de drogas en Venezuela fueron proporcionados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2011, donde se observó que el consumo de cocaína y cannabis entre adultos fue del 0.64% y 1.56% respectivamente.
El uso de drogas sintéticas y opioides es menos frecuente. ONA implementó un Sistema Nacional de Tratamiento en 2013 como un programa nacional para tratar el trastorno por uso de sustancias.
El sistema utiliza atención profesional para la desintoxicación y la reinserción social de las personas que sufren de trastornos por consumo de sustancias a través de un programa de tres niveles que incluye el Centro de Orientación Familiar, el Centro Especializado de Prevención y Asistencia Integral y la Comunidad Terapéutica Socialista.
En 2013, el año más reciente para el que se dispone de datos, ONA informó que 37.549 personas fueron tratadas en este sistema, 19.835 de las cuales también recibieron capacitación para convertirse en educadores de prevención. Había 6.641 personas en las instalaciones de tratamiento junto con 3.032 miembros de la familia, de acuerdo con el Informe Anual de la ONA 2013.
Informe DEA Marzo 2017 Venezuela:
Venezuela sigue siendo un importante país de tránsito de drogas según el último informe de la DEA.
El documento señala que el gobierno venezolano sigue sin informar sobre la producción o el tráfico de nuevas sustancias psicoactivas en ese país.
En el último informe el Departamento de Estado determinó que Venezuela había fracasado nuevamente y de forma demostrable en cumplir sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico, aunque se concedió una exención que permitía la continuación de la asistencia de los Estados Unidos en interés de la seguridad nacional de los Estados Unidos.
El último informe refleja que el gobierno venezolano se involucró durante el 2016 en una mínima cooperación bilateral con los Estados Unidos.
“Las autoridades venezolanas no procesan eficazmente a los narcotraficantes, en parte debido a la corrupción política. Además, los agentes de las leyes venezolanas carecen del equipo, la capacitación y los recursos necesarios para impedir de manera significativa las operaciones de las principales organizaciones de narcotraficantes”.
El documento establece que no existen datos suficientes para determinar las tendencias actuales de consumo de drogas en Venezuela, pero se cree que la marihuana es la droga ilícita más consumida, seguida de crack y “basuco” (pasta de cocaína). El cultivo limitado de coca ocurre a lo largo de la frontera de Venezuela con Colombia. Algunos precursores químicos utilizados para producir cocaína son traficados a través de Venezuela, pero la cantidad es desconocida.
Según el informe de la DEA, en 2016 las autoridades venezolanas no emitieron estadísticas sobre incautaciones de laboratorios de drogas o precursores químicos. El gobierno venezolano no ha informado sobre la producción o el tráfico de nuevas sustancias psicoactivas en Venezuela.
Venezuela sigue siendo un importante país de tránsito para los envíos de cocaína a través de rutas aéreas, terrestres y marítimas. La mayoría de los vuelos sospechosos de traficar narcóticos salen de los estados venezolanos fronterizos con Colombia.
El tráfico por transporte marítimo incluye el uso de grandes contenedores de carga, buques pesqueros y botes “rápidos”.
Los narcóticos ilícitos que transitaron Venezuela en 2016 estaban destinados al Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, África Occidental y Europa.
Las organizaciones colombianas de narcotraficantes -incluidas las bandas criminales múltiples, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN )- facilitan el transbordo de estupefacientes a través de Venezuela.
Según informes de prensa, las organizaciones mexicanas de narcotraficantes también mantienen una presencia en Venezuela. El gobierno venezolano de vez en cuando informa de las incautaciones de drogas, arrestos y destrucción de drogas y pistas de aterrizaje para el público.
Venezuela no es miembro del Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional, a través del cual los países predeterminan alguna información para compartir con los Estados Unidos.
Las autoridades venezolanas tampoco compartieron evidencia sobre la destrucción de drogas ilícitas con funcionarios estadounidenses.
En octubre de 2016, una interdicción marítima venezolano-francesa en el Caribe central condujo a la detención de ocho venezolanos y a la confiscación de 120 kilogramos de marihuana y cocaína.
En noviembre de 2014, el para entonces vicepresidente venezolano Jorge Arreaza, anunció la operación “Sovereign Skies”, con el objetivo de detener los vuelos de aviones privados que salieran de siete aeropuertos para combatir el narcotráfico, y en dos casos en 2015, derribaron aviones privados.
Tanto los Estados Unidos como el derecho internacional prohíben el uso de fuerza letal contra aviones civiles, sin importar si el avión está siendo utilizado para el tráfico de drogas.
El Informe de la DEA no hace referencia a los movimientos de los Carteles militarizados de Bolivia y Venezuela ni de sus operaciones.
Una serie de sucesos desafortunados
La DEA hace una consideración importante sobre el tema de la corrupción desatada en Venezuela y su relación con el narcotráfico y el envío de drogas vía marítima y en aeropuertos tan importantes como el internacional de Maiquetía, principal terminal aéreo del país.
Señala el Informe que el gobierno venezolano, como política, no fomenta ni facilita la producción o distribución de drogas ilícitas, ni tolera el lavado de los productos de la venta de drogas ilícitas.
Sin embargo la corrupción pública es un problema importante en Venezuela, que facilita a las organizaciones de narcotraficantes el enorme movimiento así como el contrabando de drogas ilegales hacia el Caribe, Europa, Africa y EEUU.
Durante su gestión el Presidente Maduro declaró Emergencia Económica Nacional y se otorgó poderes de decreto en enero de 2016, que incluía como objetivos combatir la corrupción y defender a Venezuela de una variedad de amenazas.
Dado que el gobierno no publica estadísticas actualizadas, nunca estuvo claro si las medidas autorizadas, en virtud de los poderes de decreto, eran herramientas contundentes y eficaces para combatir la corrupción, o simple puesta en escena.
El 1 de agosto de 2016, los Estados Unidos sellaron acusaciones contra el general Néstor Luis Reverol Torres, ex director de ONA y ex comandante de la Guardia Nacional, así como a Edylberto José Molina Molina, ex subdirector de ONA, por presuntamente participar en un envío internacional de cocaína.
El 3 de agosto de ese año el Presidente Nicolás Maduro designó a Reverol como Ministro de Interior, Justicia y Paz, responsable de supervisar tanto a la ONA como a la Guardia Nacional.
Dos sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, Efrain Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron arrestados en Puerto Príncipe, Haití, en noviembre de 2015 y expulsados a Estados Unidos.
En noviembre de 2016, un tribunal federal en Nueva York condenó a los dos sobrinos por conspiración para el tráfico de 800 kg de cocaína a los Estados Unidos.
En septiembre de 2015, los Estados Unidos publicaron acusaciones contra el ex Jefe de Finanzas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) Pedro Luis Martín Olivares y ex funcionario antinarcóticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Penales (CICPC) Jesús Alfredo Itriago por presunta participación en Las actividades de tráfico de drogas que afectan a los Estados Unidos.
En 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al ex ministro de Defensa y actual gobernador del estado de Trujillo, Henry Rangel Silva y al gobernador del estado Guárico, Ramón Emilio Rodríguez Chacín, como “Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas” (Kingpin Act) por ayudar a las FARC en el narcotráfico.
El gobierno venezolano aún tiene que tomar medidas contra estos u otros funcionarios gubernamentales y militares con vínculos conocidos con las FARC. En 2013, el Departamento de Hacienda de los Estados Unidos agregó a Vassyly Kotosky Villarroel-Ramírez, ex capitán de la Guardia Nacional de Venezuela, a la lista de SDN. La Guardia Nacional de Venezuela informó de la detención de Villarroel-Ramírez en julio de 2015. La Ley Orgánica de Drogas de 2010 impone penas de entre ocho y 18 años de prisión para funcionarios militares y de seguridad convictos por participar o facilitar el tráfico de estupefacientes.
El 16 de junio de 2016, 646 kg de cocaína fueron incautados en un vuelo que se originó en Caracas luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que llevó a arrestar a ocho ciudadanos venezolanos en junio del 2016, incluyendo a cuatro miembros de la Guardia Nacional.
La policía antidrogas francesa descubrió el 11 de septiembre de 2013 en un avión de Air France procedente de Caracas, 1,3 toneladas de cocaína pura contenidas en 30 maletas que no pertenecían a ningún pasajeros y por los que fueron imputados 27 funcionarios del aeropuerto y efectivos militares que forman parte de una red de narcotráfico y corrupción ligada al gobierno.
La investigación de varias semanas hecha por la policía española, francesa, británica y holandesa, permitió la recuperación de una cantidad de cocaína que representa unos 200 millones de euros en la venta al por menor.
Una investigación de Insight Crime reveló que Detrás de la incautación del mayor alijo de cocaína en la historia de Francia hubo miembros del ejército de Venezuela.
Alejandro Rebolledo, un exjuez y exasesor contra el lavado de dinero, dijo en esa oportunidad al periodista Javier Mayorca que la policía europea manejaba información de que los involucrados probaron la ruta durante meses, sustituyendo las maletas de los pasajeros por otras que llevaban cocaína, que luego desaparecían a su llegada a Francia.
Las maletas de los pasajeros no llegaban en el mismo vuelo sino en otro vuelo un día después, enviadas directamente por la aerolínea a París. La policía francesa comenzó a prestar atención debido a la frecuencia de las quejas. Así comenzaron las investigaciones.
@damasojimenez
damasojimenez.com