OVP denunció masacre de Amazonas en instancias internacionales

Soldiers stand guard next to relatives of inmates from the Judicial Detention Center of Amazonas, outside the Jose Gregorio Hernandez hospital in Puerto Ayacucho, Venezuela August 17, 2017. REUTERS/Jose Torres
Familiares de los muertos en la llamada masacre de Amazonas frente al hospital de Puerto Ayacucho, Venezuela el 17 de agosto  de 2017/Foto REUTERS/Jose Torres

 

 

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció ante el relator de Personas Temidas en las Américas, el relator de Ejecuciones Extrajudiciales y el Comité Nacional contra la Tortura, los hechos registrados el pasado 16 de agosto en el Centro de Detención Judicial Preventiva del estado Amazonas, donde asesinaron a 39 privados de libertad, mientras que 5 funcionarios policiales y militares resultaron heridos, informó Humberto Prado, director del OVP, publicó El Nacional.

Ayer, en conferencia de prensa, Prado estuvo acompañado de Marino González, integrante de la ONG; del vicario de esa entidad, Jhonny Reyes, y de Josefina Payema, madre de una de las víctimas. La investigación estuvo a cargo de González.

Prado dijo que en los años que tiene trabajando lo relacionado con penales y retenes policiales, nunca había visto que de noche se interviniera un recinto de esa categoría y con las características del de Amazonas.

“El Estado es responsable y no puede ejecutar a privados de libertad”, afirmó. Agregó que han solicitado a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía que se inicie una pesquisa en torno a lo ocurrido; también han pedido que les den respuesta y han tenido que recurrir a instancias internacionales para que les respondan. “Es muy fácil decir que la culpa la tiene el gobernador y que este afirme que la culpa es del ministro”, indicó Prado.

Denunció que ha habido persecución y amedrentamiento a los internos. Los que sobrevivieron fueron llevados a un penal de Apure.

La averiguación. González se trasladó a Amazonas para pesquisar lo ocurrido en el centro de detención y para ello se valió de diferentes fuentes, incluidos sobrevivientes de la masacre, familiares de las víctimas y funcionarios del Estado que por razones obvias dieron información amparados en el anonimato.

El activista hizo un paréntesis para señalar que representantes del OVP realizaron una visita en marzo pasado a ese recinto y se percataron de que no había vigilancia porque la policía de la entidad está intervenida. Observaron que los presos entraban y salían del centro de detención por su cuenta.

Indicó que el día de la masacre en esa dependencia había 103 detenidos; 3 heridos se encontraban en un hospital. Además, estaban 10 mujeres y 3 niños (uno de 6 años de edad, otro de 4 años de edad y un bebé de 2 meses de edad). Ellos resultaron ilesos a pesar de que la comisión que ejecutó a los presos, integrada por funcionarios de la GNB, el Cicpc, la PNB y un grupo especial del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, lanzo lacrimógenas, morteros y granadas. “39% de la población fue masacrada. Unos estaban condenados y otros procesados. Había algunos con orden de libertad y otros presos por delitos menores”, dijo.

El último mensaje

Josefina Payema, madre de una de las víctimas, viajó por vía terrestre. Representó a todos los familiares de los fallecidos. Pidió justicia. Varias veces interrumpió su intervención al no poder contener el llanto. El último mensaje que recibió de su hijo señalaba: “Mamá, estoy casi muerto. Cuídate. Los quiero mucho” y cuando lo llamó ya no respondió. Antes de que la comisión llegara a ese centro, los detenidos ya lo sabían y lograron avisarles a sus parientes con mensajes de texto.