Hay secretos en este caso de corrupción denunciado por el fiscal general de Venezuela. ¿Por qué no avanzaron las investigaciones que el Ministerio Público había comenzado? “Nosotros entregamos las rogatorias a la Cancillería, como manda la ley, pero como los meses pasaban y no obteníamos respuesta, en una reunión internacional preguntamos a los representantes de algunos de los países a los que enviamos las solicitudes qué había ocurrido y nos dijeron que no habían recibido nada. En la Cancillería se quedaron con todo, porque estaban protegiendo a quienes ahora persiguen”, dice un colaborador de la exfiscal Luisa Ortega Díaz.
Por Juan Francisco Alonso / AlNavío.com
El expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, renunció a su cargo de embajador de Venezuela ante Naciones Unidas y lo hizo jurando “lealtad al pueblo, a nuestro país, a la revolución y al comandante (Hugo) Chávez”, pero advirtiendo también que no permitirá que le ofendan por las críticas y observaciones que ha hecho en los últimos días, no sólo porque “tengo un nombre” sino porque con ello “afectan la unidad de las fuerzas revolucionarias”.
Quien desde enero de 2015 encabezaba la legación venezolana ante el organismo multilateral en Nueva York (Estados Unidos), no se va porque quiera, sino porque así se lo ha pedido el presidente Nicolás Maduro, según reveló en la misiva que este 4 de diciembre le envió al canciller Jorge Arreaza y que la tarde del martes difundió.
La dimisión de Ramírez se produjo apenas horas después de que el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, acusara a su primo, el millonario boliburgués Diego Salazar, quien fue detenido el pasado viernes en Caracas, de liderar una “organización criminal” que habría desviado 4.200 millones de dólares de PDVSA y otras empresas públicas desde 2006, coincidiendo con la etapa del renunciante embajador como ministro de Energía y presidente de la estatal petrolera.
“Aquí no hay una lucha interna, aquí lo que hay es una lucha frontal contra quienes utilizando fondos del Estado de forma directa e indirecta han causado un daño a la economía nacional”. Con estas palabras Saab le salió al paso a las versiones que aseguran que la captura de Salazar formaría parte de una lucha entre facciones dentro del chavismo, en especial luego de que Ramírez cuestionara la política económica y petrolera de Maduro.
El fiscal provisorio, en su comparecencia de este martes, ratificó que la captura de Salazar se relacionaba con el escándalo de las cuentas millonarias que venezolanos tenían en la intervenida Banca Privada d’Andorra y aprovechó para acusar a su antecesora en el cargo, Luisa Ortega Díaz, de ser cómplice de las fechorías del detenido, quien se habría enriquecido al manejar las pólizas de seguros de PDVSA y otras empresas públicas.
“La anterior gestión del Ministerio Público ordenó cerrar la investigación y echarle tierra al caso de Andorra. Tenemos las pruebas que nos indican que la exfiscal protegió a la mafia de Andorra y hay testimonios de personas que así lo determinan y lo haremos público cuando sea necesario”, soltó, desde el auditorio principal del organismo encargado de perseguir el delito.
Sin embargo, las hemerotecas se empecinan en desmentir a Saab. Así, el 25 de mayo de 2015, Ortega Díaz anunció que les pidió a las autoridades judiciales andorranas, españolas y suizas información sobre las cuentas de venezolanos en la institución intervenida o en sus filiales.
“Solicitamos información a Andorra, a Suiza, a España, porque circuló a través de algunos medios de comunicación en España que supuestamente el ministerio fiscal español estaba procesando a algunos venezolanos, entonces nosotros solicitamos también información”, dijo, y agregó: “No solamente hemos practicado estas diligencias de solicitar información, sino que hemos pedido congelación de cuentas, prohibición de gravar y enajenar bienes y algunas medidas privativas de libertad”.
Sin embargo, el tiempo transcurrió y nada pasó fuera del país. ¿Por qué? “Porque las solicitudes (cartas rogatorias, en el argot jurídico) nunca salieron de Venezuela”, reveló telefónicamente un estrecho colaborador de Ortega Díaz que se encuentra con ella en Bogotá (Colombia) y agregó: “Nosotros entregamos las rogatorias a la Cancillería, como manda la ley, pero como los meses pasaban y no obteníamos respuesta en una reunión internacional preguntamos a los representantes de algunos de los países a los que enviamos las solicitudes qué había ocurrido y nos dijeron que no habían recibido nada. En la Cancillería se quedaron con todo, porque estaban protegiendo a quienes ahora persiguen”.
El artículo 185 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de Venezuela establece: “Corresponde al Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, solicitar y ejecutar exhortos, o cartas rogatorias y solicitudes de asistencia mutua en materia penal, lo cual realizará conforme a las previsiones de la legislación interna y con fundamento en los acuerdos, tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República en la materia”.
En la Cancillería hay un departamento que se encarga exclusivamente de llevar adelante estos trámites judiciales y es a donde llegan las peticiones de ayuda, pero también de extradición. Y para el momento en que se hicieron las solicitudes Delcy Rodríguez, actual presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, era la jefa de la diplomacia venezolana.
Desde la anterior gestión de la Fiscalía admiten que han podido ser más ágiles, pero explican: “Sin la información de las autoridades de los tres países europeos era muy difícil avanzar, porque adentro tampoco teníamos mucha colaboración. En los últimos dos años cada solicitud de allanamiento, orden de detención o cualquier otra acción contra alguien cercano al Gobierno debía hacerse de manera muy general, porque si no nos la rechazaban en los tribunales o algunas policías no las ejecutaban”.
Fiscal prevenida vale por dos
En virtud de que las relaciones entre la fiscal general removida y el Ejecutivo de Nicolás Maduro ya venían deteriorándose y para evitar que este bloqueo se repitiera, la ahora exiliada suscribió acuerdos con sus pares de otros países donde la legislación es distinta, como Panamá y Brasil, donde las fiscalías llevan todo lo relacionado con la cooperación internacional; y por ello investigaciones como las de los Papeles de Panamá y de los sobornos de Odebrecht avanzaron más e incluso hubo detenidos o imputados.
“Nosotros logramos lo que nadie. Ir directo a las fiscalías a buscar información sin pasar por la Cancillería. El primer caso que hicimos esto fue el de los Panamá Papers. Ahí fuimos directo a la Fiscalía panameña a ver qué tenían para evitar filtros y eso no le gustó al Gobierno, el cual puso a gente de la Embajada a seguirnos y ver qué estábamos haciendo”, relató otro ex alto cargo de la Fiscalía ahora en el exilio, quien agregó: “Y días antes de que la Constituyente tomara el Ministerio Público enviamos a dos fiscales a Brasil a recabar información sobre el caso Odebrecht, porque teníamos un acuerdo con el Fiscal General de ese país para buscar la información directamente dadas las implicaciones para el Alto Gobierno”. De esta maniobra dio cuenta O Estado de Sao Paulo en su edición del pasado 4 de agosto.
Por el caso de los Panamá Papers fueron detenidos y estuvieron meses tras las rejas Josmel Velásquez Figueroa y Amelis Figueroa, hermano y madre respectivamente de Adrián Velásquez Figueroa, un exedecán del fallecido Hugo Chávez y quien está casado con Claudia Díaz, que llegó a ser tesorera de la Nación en 2013. Por su parte, por el caso Odebrecht, fueron citadas para ser imputadas Elita Del Valle Zacarías Díaz y su hija María Eugenia Baptista Zacarías, esposa y suegra del exministro de Transporte y actual diputado al Parlamento, Haiman El Troudi.
Saab, en su declaración del viernes, confirmó parte de este relato, al asegurar que “en días pasados se inició la investigación” porque recibió de la Unidad de Información Financiera de Andorra información contra Salazar y otros más. Información que debió llegar hace más de un año.
Blindados
Pese a los obstáculos la Fiscalía no cerró el caso de la Banca Privada d’Andorra y aprovechó otras investigaciones para perseguir a algunos de los señalados como el exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos; y el expresidente de la extinta Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, sospechosos de enriquecerse al manejar los fondos extraordinarios destinados a atender la primera gran crisis eléctrica que sufrió Venezuela en 2009.
En abril de 2015 el despacho entonces dirigido por Ortega Díaz pidió al Tribunal 37 de Control de Caracas que dictara una orden de prohibición de salida del país contra ambos y la consiguió. Sin embargo, el 27 de noviembre de ese año el mismo tribunal la anuló “de oficio”, violando la propia ley venezolana, y permitiendo así que ambos exfuncionarios salieran hacia España, con lo cual la tesis de que había factores de poder obstaculizando las averiguaciones se refuerzan.
A lo largo de 2016 el Ministerio Público interpuso acciones ante otros tribunales superiores con el objetivo de que la decisión fuera revocada y así pedir una orden de captura internacional contra Villalobos y Alvarado, pero sus requerimientos fueron desechados por todas las instancias.
Saab, en su comparecencia de este martes, anunció que solicitará a las autoridades judiciales españolas la extradición de Villalobos, y reveló que no sólo incurrió en irregularidades durante la crisis eléctrica sino también durante el proceso de expropiación de la ahora estatal Lácteos Los Andes y contrataciones hechas por PDVSA.
Otro elemento que deja en claro que Salazar gozaba de protección desde las altas esferas es que a finales de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) engavetó la investigación que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional llevó adelante sobre la gestión de Ramírez al frente de PDVSA y donde el caso de Andorra y, por ende, Salazar, salieron a relucir.
“La Sala estima que existen elementos que sirven de convicción acerca de las lesiones graves o de difícil reparación que se estarían ocasionando a la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) e, incluso, contra la República directamente, además de la posible vulneración en los derechos del accionante de autos, ciudadano Rafael Darío Ramírez Carreño; lo que podría desencadenar una reacción adversa en los procedimientos arbitrales que cursan en la actualidad, en los inversionistas, en todos aquellos países a los cuales puede acudir la República para el intercambio de crédito y, en fin, en los diversos actos relacionados con esta materia que interesan a la Nación, a diversos Estados y a la Región, tomando en cuenta la trascendencia de PDVSA en el orden económico, social y constitucional”. Este fue el argumento que esgrimió la Sala Constitucional en su sentencia 893 para enviar a la papelera la investigación parlamentaria.
Los resultados de este proceso han debido terminar en el Ministerio Público, de no ser por la rápida actuación del máximo juzgado.