Cancillería de Chile revela documentos sobre violaciones de DDHH en la dictadura de Pinochet

Fachada del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno
Fachada del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno

 

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, anunció este miércoles la publicación de una parte de la documentación de la Cancillería relativa a violaciones de los derechos humanos entre los años 1973 y 1990, en las que se vieron envueltos tanto “funcionarios como personajes de la represión”, reseñó EFE.

“La publicación de estos documentos es una contribución a la conservación de la memoria. Los países deben recordar y transparentar toda información sobre la violaciones de derechos humanos y, en este caso, la Cancillería estuvo involucrada en la represión, colaborando”, indicó Muñoz en rueda prensa.





Según el ministro, este es el primer paso de una iniciativa que pretende “abrir las puertas para que entre el aire fresco” y “pueda informase de todo lo que tenemos”, en relación con el resto de documentos que aún no han sido digitalizados.

Un primer paso que pretender convertirse en un camino desde el que denunciar la “colaboración de funcionarios de la cancillería” con la represión, por ejemplo, proporcionando información sobre “personas asiladas en otros países”.

“Algunos de los documentos son muy impactantes”, aseguró el representante público, “hay documentos firmados por Manuel Contreras o Arellano Stark”, dos de los máximos represores de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Por ello, animó a todos los interesados a revisar la información, que se encuentra disponible en la página web de la Cancillería, a través de un “banner”.

Una oportunidad, explicó Muñoz, que espera que “pueda contribuir a la transparencia, a la memoria y quizás, gracias a algún nuevo dato, a la justicia”.

Al tiempo que indicó que aún quedan documentos por ser digitalizados y organizados, los cuales, espera, estarán pronto disponibles para su consulta.

Durante la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las cuales 1.192 figuran aún como desaparecidas, y más de 33.000 como secuestrados, torturados y encarcelados por causas políticas.