La Fiscal General constitucional de la República Luisa Ortega Díaz, manifestó en una entrevista concedida a Lapatilla.com, su rechazo a las acciones emprendidas este lunes por algunos cuerpos de seguridad en la parroquia El Junquito del municipio libertador, donde a su juicio se aplicó “la pena de muerte” en contra de Oscar Pérez, Daniel Soto (30), Abraham Lugo (30), José Pimentel, Jairo Lugo, Abraham Israel Agostini (35) y una mujer aun por identificar.
“Indudablemente fue un despliegue bélico, en el que se violentó el derecho a la vida y donde se aplicó la pena de muerte, en el que hubo una desproporción pocas veces vista en la historia del país, se usó la fuerza letal, fuerza reservada a los conflictos bélicos, se utilizó, explosivos, tanquetas, francotiradores, disparos de fusiles, contra jóvenes que manifestaron su interés en entregarse a las autoridades”, enfatizó.
La abogada acusó a Tarek William Saab Halabi de desplegar una conducta omisiva que contribuyó a la comisión de este crimen contra los Derechos Humanos. A su juicio el MP tenía una la obligación de accionar inmediatamente para la protección de los derechos fundamentales.
“Optó por hacerse cómplice de la orden oficial de la ejecución extrajudicial, por eso no es una simple omisión, se trata de una abierta complicidad. Lamentablemente ni siquiera se ha pronunciado, no se resguardó el sitio del suceso, la cadena de custodia, los elementos recolectados, quien da garantía de todos esos elementos, quién está controlando esa situación”, señaló.
Ortega Díaz explicó que en el pasado cuando se presentaban situaciones en la que las personas manifestaban su voluntad de entregarse, había un equipo de especialistas, y expertos para que no se produjeran muertes, y se lograra la solución apegada al derecho.
Destacó que “toda autoridad está obligada a identificarse en estos casos”. Condenó la participación de civiles armados sin respetar las normas del debido proceso.
“Se violentaron las normas de la Constitución ,las leyes, los pactos internacionales, el uso progresivo y proporcionado de la fuerza en procura de salvaguardar la vida humana, nada de eso se respetó lamentablemente”, dijo.
En otro punto la representante constitucional del MP en el exilio se pronunció sobre la presunción de cremar los restos de Oscar Pérez, alegando que eso no se puede hacer sin la autorización de los familiares. Argumentó que esta acción pretende “borrar toda las evidencias, eliminar cualquier posibilidad de investigación, no solamente que es cómplice sino que también no ha ejercido sus funciones, no ha delegado en otras autoridades las funciones que son propias de él”, aclaró.
La fiscal también explicó que lo ocurrido es un tema de derechos humanos y por ende deben ser investigados por la justicia ordinaria, los tribunales ordinarios, y no por una justicia distinta. Agregó que no permitieron que el Cicpc investigada porque saldría a la luz pública muchos elementos que van a comprometer a muchas personas, comenzando con el propio presidente de la república, a quién califico de tener un desgobierno en Venezuela.
“Que merecían estas personas, un debido proceso, un juicio imparcial, una investigación profunda, por qué razón ellos asumieron esa actitud, y además luego de determinar esas causas, verificar quiénes habían cometido delitos”, informó.
Manifestó sobre este caso que la última palabra no se ha dicho.
Señaló que la tipificación de delitos a los responsables de este hecho podrían ser homicidio calificado perpetrado con alevosía por motivos fútiles e innobles, uso indebido de arma de fuego, determinar si hubo tratos crueles e inhumanos, o degradantes, o si hubo tortura. No descartan acudir nuevamente a la Corte de La Haya
“Nosotros estamos analizando las circunstancias para ver si estamos frente a un delito de lesa humanidad como el asesinato que está previsto en los estatutos de Roma”.
Con respecto a los grupos de civiles armados, expresó que hay que revisarlos porque a su juicio sus acciones están llevando a Venezuela a constituirse no en un estado fallido, sino en un estado forajido.
“En Venezuela lo que opera es una anarquía y el usos de las armas de fuego es indudablemente una situación irregular en un estado porque no hay control sobre su uso. Son dadas a civiles, grupos de choque, creadas por el propio gobierno para preservarse en el poder atacar a la disidencia, atacar a cualquier persona que manifieste opinión contraria a lo que dice el gobierno”, puntualizó.
Por último agregó que quien dirigió esta operación, y quienes participaron en ella, son responsables, hoy, mañana, o pasado, y tendrán que responder ante la justicia del país o a la internacional.
Vea y escuche más de la entrevista realizada Luisa Ortega Díaz en el siguiente video.
Daniel Guillermo Colina / @danielgcolina