El ex funcionario del Cicpc, Óscar Pérez, fue “abatido” en medio de un operativo ejecutado por las fuerzas de seguridad para su captura en la víspera, informó el martes el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.
Reverol, incluyó a Pérez, de 36 años, en la lista de “siete terroristas fallecidos” -entre ellos una mujer- y mostró sus fotografías, durante una comparecencia en la televisión oficial.
“Ante una agresión que pone en riesgo la vida se procedió a neutralizar al grupo agresor con el lamentable saldo de siete terroristas fallecidos”, aseguró Reverol, al justificar la respuesta de los comandos especiales que participaron en la llamada “Operación Gedeón”.
Reverol precisó que otros seis miembros del grupo de Pérez, cuatro hombres y dos mujeres, están “detenidos, siendo procesados en este momento”, en tanto que dos policías murieron y ocho resultaron heridos.
“Pese a todos los intentos de lograr una solución pacífica y negociada, este grupo terrorista inició de manera artera (…) un enfrentamiento generando dos muertos y ocho oficiales heridos”, agregó.
Acompañado de altos mandos militares y policiales, el ministro aseguró que los “actos cometidos por esta banda criminal califican” como “terrorismo, constituyendo claros y flagrantes ataques contra la institucionalidad democrática”.
Pérez era el hombre más buscado por las fuerzas de seguridad de Venezuela, desde que el 27 de junio sobrevoló Caracas en un helicóptero policial, con algunos de sus hombres, y lanzó cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). También dispararon contra el Ministerio de Interior.
El ataque, que no dejó víctimas, ocurrió en medio de una ola de protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que dejó unos 125 muertos entre abril y julio de 2017.
Siete meses después, comandos especiales de la Policía y la Fuerza Armada realizaron en la mañana del lunes una intensa operación de captura contra el expolicía y sus hombres, a quienes acorralaron en una casa en la carretera a El Junquito, 25 km al noroeste de Caracas.
Poco antes del informe del ministro, ante el mutismo que mantenía el gobierno sobre la suerte de Pérez, sus familiares habían clamado por una “prueba de vida”.
En quince videos que difundió en Instagram durante el operativo, el piloto había acusado a las autoridades de querer matarlos usando lanzagranadas, pese a que querían entregarse.
Con información de Reuters y AFP