El asesinato de siete personas, varias de ellas integrantes del grupo de disidencia armada liderado por el ex funcionario del Cicpc Oscar Pérez, y las turbiedades del caso no solo desnudan la flagrante violación de derechos humanos por parte del régimen de Maduro, sino que ratifica su desprecio por la disidencia e implementa de facto la pena de muerte. Por ello la ONG Cofavic exige una investigación independiente del caso mientras la Asamblea Nacional se compromete a descubrir la verdad, publica Correo del Caroní.
El asesinato de siete personas en ejecuciones extrajudiciales y otras tantas heridas a manos de cuerpos de seguridad del Estado ocurridas el lunes en el kilómetro 16 de El Junquito, municipio Libertador, en Caracas, constituye una de las violaciones más flagrantes a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Este hecho, en el que fueron víctimas ex funcionarios de seguridad del Estado y otros civiles que se alzaron en armas contra el Gobierno nacional, ha sido merecedor del repudio nacional: un gesto en el que no podía faltar la voz de la ONG Cofavic (Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo), que no dejó de manifestar su preocupación por el hecho.
La organización hizo pública su posición a través de un comunicado en el que consideran que estos hechos deben aclararse de manera independiente, inmediata y conclusiva, conforme al debido proceso, dado que los derechos humanos son una obligación ineludible e intransferible del Estado que no puede estar supeditada al tipo de delito que se enfrenta.
“Los delitos más graves, como el terrorismo o el narcotráfico, en un Estado democrático, deben reducirse en el marco del respeto y la garantía de los derechos humanos porque esos elementos configuran una distinción clara entre la violencia que ejercen los particulares y el terrorismo de Estado”, argumentaron.
De acuerdo con el ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz, en el procedimiento “fueron abatidas siete personas, entre las que figura el ex-inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Oscar Pérez”.
El mismo ente oficial informó que el lunes fue desmantelado un “peligroso grupo terrorista luego de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y mantenimiento de la paz de la República”, en una actuación de evidente opacidad informativa por parte del Estado, que confirmó este martes, más de 24 horas después de los hechos, el asesinato de Pérez, de otros dos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Tácticas Especiales (FAES) y otras cuatro personas que se encontraban en la casa en la que se escondía Pérez.
Este estaba solicitado por el régimen de Maduro por el atentado contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 27 de junio de 2017, y por el asalto a un cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en el que robó armas, sometió a los acuartelados y retiró imágenes del ex presidente Hugo Chávez.
La ONG explica que, según el derecho internacional público, las ejecuciones extrajudiciales se derivan de una acción intencional para privar arbitrariamente la vida de una o más personas, por parte de los agentes del Estado o bien de particulares bajo su orden, complicidad o aquiescencia. La ejecución extrajudicial se considera un acto deliberado, ilegítimo y con participación gubernamental.
“Las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes y la desaparición forzada de personas configuran, dentro del derecho internacional, crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles. Tanto las ejecuciones extrajudiciales como la desaparición forzada constituyen una violación múltiple y continuada de varios derechos reconocidos, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad y la vida, sino violan la integridad, la seguridad personal y el debido proceso, colocando a las personas afectadas en un estado de completa indefensión y acarreando otros delitos conexos”.
Historial de un Estado ejecutor
Cofavic registra en el periodo de enero de 2012 a marzo de 2017 un total de 6385 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Explican que, en los últimos años, un 49% de estos casos se han dado en operativos especiales. Por cada caso existe un promedio de 32 presuntos funcionarios o más actuantes, y en el caso del número de víctimas el promedio es de 8 personas por hecho, precisan.
“Muchas familias, incluyendo menores de edad y mujeres de edad avanzada, han sido testigos de las detenciones arbitrarias, las torturas y la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad en contra de sus familiares y sobre ellos mismos al intentar intervenir o solicitar información”.
Entre los patrones de actuación identificados por la organización en los operativos realizados por presuntos cuerpos de seguridad del Estado o grupos civiles armados con aquiescencia de estos en zonas con alta presencia militar y policial, destacan:
1. Irrupción ilegal y violenta a las viviendas y propiedad privada.
2. Destrucción de bienes, enseres y fuentes de sustento económico para estas familias.
3. Posterior hostigamiento policial y militar en las zonas del operativo, lo que ha generado en los sobrevivientes un terror extremo y miedo a la denuncia, a reunirse y a expresar sus necesidades, demandas y expectativas.
Por eso Cofavic pide “una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial” sobre estos hechos para que el Estado establezca las responsabilidades que sean pertinentes.
“También abogamos por la utilización de estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes (artículo 23 de la CRBV): Con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas”, expusieron, a la vez que exigen que los organismos de seguridad ciudadana tengan un carácter estrictamente civil y profesional en todos sus niveles jerárquicos, con clara diferenciación tanto institucional como conceptual, de la labor de prevención delictiva y de la investigación criminal.
“Una vez más, instamos firmemente al Estado venezolano a revisar a fondo los procedimientos especiales de seguridad ciudadana, como la Operación Liberación del Pueblo (OLP), la actuación del Comando Nacional Anti Extorsión y Secuestro (Conas) y la actuación de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), que se están desarrollando y que han dejado un saldo tan lamentable de presuntas violaciones de derechos humanos especialmente en zonas populares”.
“Por último, es de suma importancia implementar medidas institucionales, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios militares y policiales que indiquen, sin equívocos de forma expresa y clara, el rechazo absoluto de los crímenes cometidos durante operativos de seguridad ciudadana y su voluntad determinante de cooperar con el esclarecimiento de los mismos y el establecimiento de las responsabilidades pertinentes”, remató la organización defensora de derechos humanos. (Con información de Cofavic)