Vuelco en estas cortas líneas mis sentimientos de dolor, indignación y rebeldía, al conocer la confirmación de la noticia de que el ex comisario rebelde Óscar Pérez y sus seis compañeros fueron ejecutados extrajudicialmente en la llamada masacre de El Junquito, a pesar de que se habían rendido, seis de ellos con tiros de gracia en la cabeza, y el uso desproporcionado de armas de guerra.
El gobierno trató de engañar a los deudos pretendiendo cremar los cadáveres para borrar toda evidencia, pero gracias al alerta de instituciones de derechos humanos y de Diputados opositores, los familiares no firmaron la autorización para cumplir tan artero propósito. El pueblo venezolano y la opinión pública internacional han reaccionado con estupor ante los hechos, los cuales confirman el carácter totalitario, criminal e impúdico del régimen que gobierna a Venezuela. El artículo 43 de la Constitución Nacional consagra el derecho a la vida como un derecho fundamental e inviolable, como es también inviolable la libertad personal (artículo 44), y la prohibición de uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en manifestaciones pacíficas (artículo 68).
Los allegados a las víctimas fueron humillados en medio de su dolor, pero ante la fuerte presión de opinión, se les permitió finalmente reconocer los cuerpos de sus deudos. Al escribir estas líneas, se da cuenta de que el gobierno enterró los cuerpos sin entregarlos a sus familiares, con presencia de un solo representante. Los organismos de derechos humanos, así como los medios de comunicación y voceros de instituciones defensoras de dichos derechos han condenado con firmeza la brutal masacre, la cual agrega vitales elementos de juicio para las denuncias en contra de la tiranía que cursan ante la Corte Penal Internacional, por iniciativas de distinto origen.
Lo grave es que no es este el único caso. A los siete compatriotas muertos se unen los 42 caídos en las protestas de comienzos de 2014, de manos de “colectivos” violentos (paramilitares), cubanos y fuerzas de seguridad del Estado, y luego en 2017, 150 jóvenes ajusticiados, la mayoría por parte de francotiradores o integrantes de colectivos, algunos de ellos con disparos a corta distancia por parte de los esbirros del régimen. Ello sin contar los miles de personas que diariamente mueren de hambre, falta de medicinas, o crímenes del hampa causantes de unos 30.000 muertos por año, más que en cualquier guerra, con casi total impunidad, pues el régimen los protege a cambio del apoyo que le brindan para sostenerlo en el poder.
Hoy vemos además con tristeza en los medios de comunicación las inmensas colas que se agolpan en las fronteras con Colombia y Brasil, de compatriotas que prefieren lanzarse a lo desconocido, antes que permanecer en un país llevado a la miseria, el caos, la disolución y la bancarrota. Solo en Colombia se estima que hay más de medio millón de venezolanos, y otros miles pasan en tránsito hacia EEUU u otras naciones de la región. El genocidio en Venezuela se agrava cada día, ahora más con proyecciones de inflación de cuatro dígitos, llevando a reaccionar ya no solo a EEUU y Canadá con fuertes sanciones individuales o financieras, sino que las que esta semana agregó la Unión Europea contra siete personajes clave del régimen, entre ellos su principal vocero Diosdado Cabello, personaje de una crueldad ilimitada, así como un grupo de militares y civiles como el Defensor del Pueblo Tarek William Saab, quien se mantiene en silencio ante la masacre que comentamos, varios ministros, altos militares, y la inefable Tibisay Lucena, responsable directa junto a la cúpula militar de la más espantosa tragedia nacional de la historia.
Numerosos ex Jefes de Estado y líderes políticos del mundo admiten ya que Venezuela es oprimida por un régimen tiránico, que no dejará el poder por elecciones, y que traspasa todos los límites imaginables en materia de cercenamiento de los derechos humanos y políticos de los venezolanos, entre ellos el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, la educación, el bien común, la convivencia, la no discriminación y el imperio de la Ley, previstos en la Constitución Nacional de 1999.
En ese contexto, cobra renovada vigencia el artículo 350 de la Constitución, el cual consagra el derecho a desconocer a cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos, o menoscabe los derechos humanos. Es el momento de hacer valer esos principios esenciales de convivencia política y social de una nación, y declararse en rebeldía por medios no violentos contra la usurpación del poder y la violación sistemática al Estado de Derecho, reafirmados en la amenazante declaración del gobernante Maduro, cuando expresó públicamente que cualquier intento contra la “estabilidad” del gobierno, será reprimido en la misma forma que la masacre de El Junquito y las multitudinarias manifestaciones opositoras del 2014 y 2017, es decir con la muerte, la prisión, la tortura o la privación de los derechos políticos. A confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados.
Y si lo político, legal o humanitario no fuese suficiente, recordemos al sabio Doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, quien en su obra “Gobierno de los Príncipes” define como tirano a quien desprecia el bien común y busca el bien privado, agregando que “se ha de proceder contra la maldad del tirano por autoridad pública”, y aún más allá, que “cuando la tiranía es en exceso intolerable, algunos piensan que es virtud de fortaleza el matar al tirano”. Ello debe interpretarse desde luego, no tanto como la muerte física sino política, es decir el derrocamiento del tirano por voluntad y fuerza del pueblo, único depositario del poder constituyente originario.
En estos aciagos momentos, honro la memoria de los caídos en Venezuela en la lucha por la recuperación de la libertad, y expreso mis condolencias a los familiares de ese grupo aguerrido de jóvenes que soñaron con la salvación de Venezuela, y que fueron vilmente masacrados por órdenes de Maduro y su brutal camarilla.
“Para la verdad, el tiempo; para la justicia Dios”