En medio de un intenso desabastecimiento de alimentos, visible en los estantes de los supermercados locales, el vocero del Estado Mayor de Alimentación del estado Bolívar, general de división Edgar Delgado, informó que en dos semanas se pondrá a prueba en Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar un nuevo sistema automatizado de comercialización que fijará un tope máximo por semana a la compra de productos básicos, publica Correo del Caroní.
Este experimento fue implementado en 2015 en algunos supermercados locales en los que una vez alcanzado el tope máximo las personas debían esperar un periodo de siete días para tener oportunidad de adquirirlos nuevamente. La regulación se combinó también con el uso de captahuellas que, poco a poco, entraron en desuso por la creciente escasez de alimentos.
En esta ocasión, Delgado explicó -según la Agencia Venezolana de Noticias- que el esquema permitirá chequear la cantidad de alimentos que cada comercio recibe y lo que vende al público, “según lo que haya llegado a la entidad a través de los puertos nacionales, del Estado Mayor de Alimentación, de las empresas públicas alimentarias o de convenios suscritos con empresas de otras de entidades, sean públicas o privadas”.
“A cada comprador se le asignará un tope máximo que puede comprar de cada tipo de producto, y aplicando un sistema automatizado se verificará que no incurra en compras masivas en otros comercios. De esta manera, si a alguien se le asigna una compra semanal de cuatro kilogramos de azúcar, podrá comprarlos en uno o varios establecimientos, según la disponibilidad, tras lo cual quedará bloqueado por siete días para comprar el mismo tipo de producto”, explicó.
“Con esto atacaremos a los bachaqueros que a través de compras masivas desabastecen los mercados del estado Bolívar”, recalcó, según AVN, aunque los estantes de los comercios formales están evidentemente desabastecidos.
Delgado señaló que la instalación del sistema por parte de los comercios será un requisito indispensable “a la hora de hacer trámites ante las alcaldías y podrían ser objeto de sanciones”.
Regulaciones y fracasos
Los controles de precios, los mecanismos de regulación de las compras de alimentos y las herramientas de control social para asumir la distribución de alimentos como los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP) han demostrado ser un fracaso.
En la cadena Farmatodo fueron impuestos topes de venta desde 2014 para evitar la reventa, pero tiempo después fue suspendida la restricción. Una persona -por ejemplo- podía adquirir solo dos paquetes de pañales, dos desodorantes y tres kilogramos de detergente en polvo por semana, entre otros rubros detallados en una lista de 27 artículos, entre los que se incluían aceite, arroz, café, leche, fórmulas infantiles, acetona, jabón de tocador, entre otros.
En el primer trimestre de 2015, establecimientos públicos como Pdval y Abasto Bicentenario implementaron el sistema de captahuellas para limitar las compras y además se combinó su uso con la atención por terminal de cédula. Las protestas y las largas colas continuaron en la red pública por las cada vez más pronunciadas limitaciones, la escasez de productos y la reducida variedad. Estos locales estatales están prácticamente inoperativos en la actualidad.
En el ramo privado, el sistema biométrico fue instalado en principio en la cadena de hipermercados Makro. Posteriormente, se instaló en el grupo Santo Tomé, pero el mecanismo no mejoró la comercialización, pues la crisis de desabastecimiento radica en la baja producción nacional y las limitaciones en el acceso a divisas para las importaciones, han señalado gremio como la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea).
En octubre de 2015, un nuevo experimento tocó a la puerta, cuando la Superintendencia de Precios Justos notificó a la red privada de supermercados Santo Tomé, la más grande de Ciudad Guayana, que comercializaría los productos regulados de la canasta alimentaria únicamente de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, de lunes a viernes. Los fines de semana no habría venta de rubros regulados. La medida generó tanto ruido y críticas, que a pocos de días de iniciar fue suspendida.
Los CLAP tampoco han sido la panacea. En lo que va de enero, ha habido cinco protestas en San Félix de comunidades que reclaman la entrega de los alimentos. En un avance de los turbulentos primeros 11 días de enero de 2018, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 386 manifestaciones, 107 saqueos o intentos de saqueo y 5 fallecidos. El principal reclamo es la falta de alimentos.
El nuevo sistema de comercialización supone un retroceso, en momentos de mayor escasez de alimentos, hiperinflación y pérdida del poder adquisitivo.