Instituto Casla presenta en La Haya 38 nuevas denuncias de torturas en Venezuela

BRA101. BRASILIA (BRASIL), 26/04/2017.- Fotografía del 25 de abril de 2017, de la abogada Tamara Sujú durante una entrevista con Efe en el marco de una visita a Brasilia (Brasil). Sujú, promotora de una demanda por torturas presentada contra el Gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), manifestó su convicción de que ya existen "suficientes pruebas" para que la acción prospere. "Confío en que todo el material presentado a la CPI en La Haya demostrará que en Venezuela se ejerce desde años un tipo de control social a través de la tortura y el terror", dijo la abogada durante una visita a Brasil, donde fue recibida por autoridades del Parlamento y el Gobierno de Michel Temer. EFE/Joédson Alves
La abogada Tamara Sujú promotora de una demanda por torturas presentada contra el Gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) /Foto EFE/Joédson Alves

 

El instituto CASLA, observatorio checo de derechos humanos, remitió hoy a la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) 38 denuncias de malos tratos y torturas en Venezuela, basadas en los testimonios de las supuestas víctimas.

“El propósito es demostrar que las torturas, crimen de lesa humanidad, no cesan, sino que, al contrario, se acentúan”, explicó a Efe en Praga la directora ejecutiva CASLA, Tamara Suju, que envió el pliego de testimonios a La Haya.

“Los casos de estas 38 nuevas víctimas entraron a la CPI en carácter de nombres bajo protección”, afirmó la directora de CASLA.

Según la abogada venezolana, la tortura se ha convertido en practica “para obtener confesión o que las víctimas acusen a dirigentes de la oposición, a civiles o militares, de acciones supuestamente subversivas”.

Suju denunció que el acoso y la represión contra los opositores al presidente Nicolás Maduro se ha extendido a sus familias.

“Van por las esposas, por los hijos, y se los llevan detenidos” cuando no consiguen a los opositores e, incluso, aseguró “están persiguiendo a los abogados que llevan los casos de los militares sublevados”.

En las denuncias se señala a la División General de Contra Inteligencia Militar, dirigida por el coronel José Franco Quintero, como el organismo de seguridad responsable de la mayoría de las torturas.

Entre esas torturas aparecen asfixias con bolsas plásticas, aplicación de descargas eléctricas, ahogamiento, golpes y patadas en todo el cuerpo y un caso de tortura sexual con violación.

EFE