En mayúsculas y deletreado para hacer énfasis en lo que nunca debió ocurrir en el país con las principales reservas certificadas de petróleo y gas del planeta. H-A-M-B-R-E. En nuestra Venezuela hay H-A-M-B-R-E y mucha.
Neonatos, niños, adultos y ancianos están sufriendo por igual a lo largo de todo el territorio nacional, afectados por enfermedades asociadas a la malnutrición y desnutrición y, lo más terrible de todo, es que la cadena de muertes van creciendo como consecuencia de la ausencia de alimentos, medicamentos e insumos médicos vitales para atender casos de desnutrición graves.
Nunca antes habíamos visto una huida de venezolanos como la que está ocurriendo en estos momentos. De acuerdo con cifras aportadas por la Asamblea Nacional, desde julio de 2017 hasta finales de enero de 2018, casi un millón de venezolanos ha emigrado por aire, tierra y mar, la mayoría de ellos de manera improvisada, desesperados por conseguir en otros lares un trabajo que les proporcione el sustento para mantener a sus familias en Venezuela.
Que en apenas siete meses, casi un millón de venezolanos haya salido en desbandada buscando calidad de vida en cualquier parte del mundo, deja mucho que desear de las políticas que viene adelantado el Estado para garantizar los derechos fundamentales a la vida, la alimentación, la salud y la seguridad ciudadana, violentado de esta manera la propia Constitución Nacional y la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual Venezuela es firmante.
Quienes han salido en estampida por nuestras fronteras se han convertido en un problema social para países hermanos como Colombia y Brasil que no estaban preparados para recibir una ola migratoria de tal magnitud, pero otros como Perú, Chile, Ecuador, Panamá, Canadá, México, Estados Unidos, Costa Rica y Argentina, se han convertido en naciones receptoras de venezolanos, muchos con formación académica y altamente capacitados para el trabajo.
Quienes perteneciendo a las clases sociales más bajas defendieron por años el socialismo como modelo de gobierno y hoy huyen de Venezuela en busca de calidad de vida en otros países, lo hacen desde la desventaja porque al haber sido sujetos de manipulación durante tanto tiempo, no tienen ningún tipo de capacitación para afrontar la vida. El problema se presenta cuando demandan de otros países “la obligación” de atenderlos apelando a la “solidaridad” que Venezuela siempre tuvo con todas las personas que llegaron por oleadas a construir nuestro país durante distintas etapas del siglo XX.
A esto debemos sumar un capítulo doloroso y es el que tiene que ver con los cinco venezolanos que murieron durante un naufragio frente a las costas de Curazao, a donde intentaron ingresar de manera ilegal para trabajar, también de manera irregular, y enviar algunos dólares a las familias hambrientas que dejaron en Venezuela.
Uno no puede evitar preguntarse si esta “migración desesperada” de venezolanos no responde a una política de Estado para imponer un patrón de dominación absoluta sobre la población que quede sobre este territorio de 916 mil 445 kilómetros cuadrados.
Cuando te anuncian que 16 millones de venezolanos ya tienen el Carnet de la Patria, a través del cual reciben beneficios como las bolsas de comida y medicamentos que no se consiguen en supermercados y farmacias, además de bonificaciones que no alcanzan para nada, están dando la estocada final al trabajo productivo. En tiempos de crisis, ¿qué resulta mejor: trabajar y ganar un salario mínimo integral que no llega a los Bs.800 mil mensuales o depender del papá Estado que otorga sin respaldo alguno bonos y además incentiva de manera irresponsable la maternidad en niñas y adolescentes, ofreciéndoles cobertura del pre y postnatal y demás hierbas aromáticas?
Un Estado que determina qué come su población y en qué cantidades, que incentiva además el bachaqueo y no la producción nacional, no permitirá a sus habitantes salir del círculo vicioso del hambre – pobreza – miseria – dependencia del Estado.
Cuando desde el propio Estado se ordena la intervención sistemática de tierras productivas, de fábricas e industrias, silos y pastificios, ingenios y torrefactoras, de mataderos y avícolas, y además el propio Estado se convierte en importador, comercializador y distribuidor de todos los productos, bienes y servicios de primera necesidad que se requieren, está atacando directamente el derecho a la alimentación de todos los venezolanos.
Desde la Asamblea Nacional salen cifras espeluznantes en cuanto a la caída de la producción de rubros que tradicionalmente exportábamos: Hoy producimos 84% menos sorgo, 53% menos maíz y 42% menos arroz que el año 2012.
Aún queda voluntad en muchos de nuestros productores agropecuarios que desean recuperar la actividad, pero se les hace imposible pagar los altos costos de los repuestos para sus tractores o maquinarias pesadas, para comprar alimento para el ganado o las gallinas ponedoras o para adquirir las semillas vitales para la siembra. Y a esto, hay que sumarle el vandalismo de grupos de cuatreros que ingresan a fincas, hatos, haciendas y matan a pedradas y machetes a terneros, vacas, toros y caballos por igual para robarse su carne, porque “la nota” es robar y no producir, porque “la nota” es quitarle por la violencia al otro, lo que ellos no son capaces de producir.
Yo levanto mi clamor para que todos apoyemos a esos productores nacionales que aún permanecen en pie en Venezuela, que desafían a diario los atropellos de un Estado que utiliza todas las instituciones para quebrarles la cerviz y que se oponen a grupos armados que ingresan a sus tierras a invadir en nombre de la revolución y a saquear y vandalizar lo que consiguen a su paso.
Esos productores son los que aún abastecen el mercado venezolano, que no es suficiente para cubrir las necesidades alimentarias de toda una nación, es cierto, pero ellos aún han impedido que la hambruna se apropie de nuestra tierra. De ser exportadores de rubros agrícolas como el arroz, el café y el azúcar, nos convertimos en el país más hambriento de América Latina, en una fábrica de pobres, de famélicos, de miserables y de emigrantes.
No olvidemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la semana pasado urgió al Estado venezolano a respetar y garantizar los derechos de la población a la alimentación y salud, especialmente a las personas y grupos en mayor situación de vulnerabilidad y pobreza (niños, mujeres, pueblos indígenas, presos y personas mayores), y rechazó la represión violenta de las protestas por comida y medicinas. La CIDH también le pidió al Estado venezolano redoblar esfuerzos para proteger a la población del hambre y garantizar el acceso a la atención sanitaria.
Hoy vemos con horror cómo supermercados, comercios y farmacias están prácticamente desabastecidos y la poca mercancía que se consigue no puede ser pagada por la mayoría de la población, como consecuencia de un proceso hiperinflacionario sin precedentes en nuestro país. Y más pavor da ver esa legión de venezolanos raquíticos, esqueléticos y miserables, hurgando en las bolsas de basura tratando de conseguir un bocado. Individuos que han perdido entre 10 y 30 kilos de peso en un año y que se les ve en las ropas ajadas que visten.
El hambre muestra su peor cara en esas personas que se desmayan en las calles porque llevan más de 24 horas de ayuno. “O comen mis hijos o como yo”, responden muchos adultos famélicos. Familias enteras comen una vez al día o en ocasiones una vez cada dos días; niños desnutridos muriendo en los hospitales públicos de todo el país; ancianos cayendo sin vida producto de la inanición; enfermos crónicos condenados a muerte por la escasez de medicamentos vitales; pacientes que agonizan y mueren porque no consiguen medicinas ante la reaparición de enfermedades como la difteria, tuberculosis, mal de chagas y hasta rabia.
No podemos permitir que siga muriendo más gente inocente por desnutrición o enfermedades prevenibles. No podemos seguir permitiendo que los venezolanos huyan de la crisis humanitaria, sanitaria, económica y social en la que estamos ¡Esto tiene que parar!
Y tal vez parar, pasa por la declaratoria de una crisis humanitaria y alimentaria que, de concretarse, obligaría al Estado venezolano a reconocer el fracaso de todas sus políticas públicas en materia económica, social, alimentaria y sanitaria. Y quizás, el Estado no esté dispuesto a hacerlo hoy ni mañana… Es hora entonces de que los ciudadanos venezolanos tomemos la batuta.
Lic. Griselda Reyes
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