La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, denunció este lunes la criminalización de la crítica y el trabajo periodístico por parte del Estado venezolano en contra del ejercicio de la prensa en el país.
“La CIDH ha seguido registrando la apertura de procesos penales, orientados hacia periodistas y medios de comunicación, profesores universitarios, y ciudadanos en general dirigidos a castigar e inhibir expresiones críticas a la actuación de autoridades estatales o sobre cuestiones de interés público”, relata el informe.
Destaca que como resultado de dicha criminalización han resultado la aplicación de procesos penales que por su vaguedad o ambigüedad resultan violatorios del principio de legalidad y de los estándares interamericanos, como los delitos de difamación criminal traición a la patria e instigación a la violencia.
“La criminalización ha sido el producto de procesos penales fundados en hechos sobre los que no existe ni se producen evidencias o las pruebas son directamente falsas. Estos procesos penales son generalmente prolongados y en el marco de los cuales se autorizan medidas aflictivas para las personas y medios de comunicación, como el dictado de prisiones preventivas, medidas de censura, prohibición de salida del país y elevadas fianzas”.
Los procesos y sentencias penales que se describen en el informe tienen un efecto sistémico sobre las condiciones generales para el libre ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela. Además, considera la CIDH, tiene una dimensión individual el impacto de estas medidas en las personas procesadas, la criminalización ejerce un efecto intimidatorio sobre toda la sociedad, pudiendo “conducir a impedir o inhibir el debate público y la critica a funcionarios públicos”.
Caso El Nacional, La Patilla y Tal Cual
El 21 de abril de 2015, el presidente de la AN, Diosdado Cabello, demandó penal y civilmente a los medios El Nacional, La Patilla y Tal Cual y a sus directivos, Henrique Miguel Otero, Alfredo Ravell y Teodoro Petkoff por difamación, luego de que los medios difundieran un reportaje del diario español ABC en la que un ex funcionario de confianza de Cabello lo vinculaba con el narcotráfico, acusación que el funcionario negó. En mayo la justicia determinó la prohibición de salir del país a los 22 directivos involucrados y presentación ante tribunales. Según argumentó la demanda de Cabello, esta medida fue solicitada por “presunciones razonables” de peligro de fuga y obstaculización de la justicia. Diosdado Cabello también interpuso una demanda civil por daños morales contra los tres diarios y el juzgado a cargo ordenó medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes.
En su página web el TSJ expresó su solidaridad con el entonces presidente de la AN y sin el debido proceso y sin que haya existido una audiencia ante el tribunal a cargo del caso, adelantó opinión en cuanto a que la divulgación de información realizada por los tres medios de comunicación “al carecer de veracidad acarrean las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico nacional”.
El 24 de agosto de 2015, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión emitieron un comunicado en el que manifestaron su profunda preocupación ante la estigmatización y el hostigamiento judicial contra los tres medios de comunicación.
El 9 de noviembre de 2015 la CIDH la adoptó medidas cautelares a favor de Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional; Alberto Federico Ravell, director de La Patilla y su hija Isabel Cristina Ravell; y Teodoro Petkoff, director de Tal Cual. Al adoptar esta decisión la CIDH valoró la existencia de reiteradas declaraciones estigmatizantes realizadas por altos funcionarios, actos de seguimiento y vigilancia, procesos penales y civiles expeditos por difamación iniciados por Cabello, prohibición de salir del país, prejuzgamiento de parte del TSJ y embargo de inmuebles.
La CIDH entendió que en el contexto venezolano los medios que pertenecían a los beneficiarios de la medida eran los únicos medios impresos de distribución nacional que aún mantenían una línea editorial independiente del Gobierno.
El juicio penal, que podría llevar a condenas de hasta cuatro años de prisión y elevadas multas, se ha prolongado hasta la fecha del presente informe. Según la información disponible, en septiembre de 2017, la causa contra el periodista Teodoro Petkoff, director de Tal Cual, fue sobreseída. El reconocido político y periodista de 85 años de edad fue declarado civilmente incompetente, por razones de salud. Esta decisión ha sido calificada por los abogados de Petkoff como arbitraria e ilegal.