Familiares sepultaron el lunes en el sur de Venezuela los cuerpos de algunos de sus seres queridos, fallecidos en un enfrentamiento entre mineros ilegales y militares en una zona golpeada por la violencia.
Los parientes pidieron al Gobierno investigar los hechos sucedidos el sábado en la localidad de Guasipati, en el sureño estado Bolívar y a 825 kilómetros de Caracas, en los que, según medios locales, habrían muerto 18 civiles incluida una mujer.
Las autoridades, aunque confirmaron el choque, no han ofrecido un número de víctimas. El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera, se limitó a decir que una comisión del Ejército repelió un ataque y declinó dar una cifra de fallecidos argumentando que el caso está siendo investigado.
“Le pedimos al presidente (Nicolás) Maduro que por favor coordine, hable con los generales (…), que investiguen bien” lo sucedido, dijo a Reuters Mixae Vera, hermana de Geovanny Vera, de 34 años, una de las víctimas.
Lo ocurrido “prácticamente fue una masacre porque allá mataron a gente inocente”, agregó Vera. Las víctimas estaban en la zona “buscando el pan de cada día”, sostuvo la mujer.
“Haciendo esto lo que consiguieron fue la muerte, primera vez que entraban a ese sector buscando el pan de sus hijos y lo que consiguieron fue la muerte en esa masacre”, añadió.
Américo De Grazia, diputado opositor por el estado Bolívar, dijo a Reuters que ya fueron entregados al menos 11 de los cuerpos y que según las versiones de los parientes con quienes habló el lunes, las víctimas tenían fracturas en las piernas y brazos, quemaduras con gasolina y tiros en el rostro.
Dijo que las actas de defunción no muestran esas señales y que la única víctima femenina, de 34 años, “tenía un tiro en cada seno, uno en la cabeza y otro en la cara (…) es lo que nos dicen los familiares y eso no lo dice el informe de defunción”.
Algunas de las víctimas, entre las que se encontraban menores de edad de 17 y 13 años, fueron sepultadas en cuatro poblados distintos en Bolívar, mientras que cuatro de los fallecidos fueron trasladados al estado central de Yaracuy, dijo el diputado.
Las muertes obedecen “al tráfico de oro y a cómo una élite corrupta, asociada a las élites militares, extrae, contrabandea y opera en función del oro, diamante y cualquier otro tipo de minerales y si para eso hay que matar, matan, como lo han hecho antes”, sostuvo De Grazia.
Maduro decretó en el 2016 una vasta área del estado Bolívar como una zona estratégica denominada Arco Minero -con importantes yacimientos de oro, diamantes y coltán- para combatir la minería ilegal y así intentar frenar la violencia vinculada con enfrentamientos entre bandas rivales por el control de las minas y los graves daños ambientales.
El Gobierno dijo que convocó a decenas de empresas locales y extranjeras para explorar y explotar el área y generar otra fuente de recursos. Sin embargo, reportes de prensa y de opositores políticos muestran que lejos de organizar la minería, las bandas han ganado poder y han creado una red delictiva que ha corrompido las débiles instituciones.
Reuters
