Embarcación de origen maltés continúa en aguas venezolanas sin poder zarpar

(foto cortesía)
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Toda una historia poca convincente se desarrolla tras una presunta transacción internacional, en la cual una empresa extranjera contrató a otras, para que un buque carguero de origen maltés llegara a Venezuela a abastecerse de crudo, para luego retirarse y quizás venderlo en otras naciones.

Durante el proceso, surge una presunta falsificación de documentos, varios imprevistos e irregularidades que llevaron al Ministerio Público a iniciar una investigación, donde resulta insólito que una persona de profesión “ayudante de soldador” sea el único responsable del fraude cometido, y que el barco que arribó a aguas venezolanas haya sido objeto de prohibición de zarpe.

Varias son las empresas señaladas en este expediente. Sin embargo, tras varias piezas los titulares encargados de ejercer la acción penal no mencionan que se esté indagando sobre la licitud, origen, razón social y finanzas de estas compañías.

La justicia venezolana aún no termina de resolver el caso del Buque Tanquero CV STEALTH sigla IMO: 9292993, el cual se encuentra fondeado en la Bahía de Pozuelos en la ciudad de Puerto La Cruz del estado Anzoátegui.

La embarcación cuyo origen es del país Malta ubicado en Europa, se mantiene a un en Venezuela desde hace más de dos años, luego que el 12 de septiembre de 2014 los abogados del Ministerio Público Israel Paredes Guerrero Fiscal 73 con competencia nacional en materia Contra la Legitimación de Capitales, Ilícitos Financieros y Económicos, y Harrison González Fiscal primero provisorio del estado Anzoátegui con competencia plena, ordenaran el inicio de la investigación penal tras la presunta autorización de atraque, carga y zarpe de la nave anteriormente citada.

De acuerdo a algunos documentos, la embarcación habría obtenido una presunta autorización desde el 31 de agosto de 2014, para realizar la carga de 200 mil barriles de crudo tipo Mesa 30, desde el 14 hasta el 17 de septiembre, según la ruta 208549, cuyo agente se identifica como el Grupo Acosta Marine Service, S.A.

Se conoció que la empresa extranjera Space Shipping LTD es la dueña del Tanquero CV STEALTH, el cual fue arrendado a la compañía ST Shipping LTD, que a su vez contrataría subfletamento con la firma AS Capital Ltd, entidad responsable de haber supuestamente suscrito con un mes de antelación, contrato de compra y venta del crudo con PDVSA, según el número de despacho 723839, con destino a Conoco Philips Houston.

Esta operación no se habría realizado según comunicación suscrita por el ciudadano Alexis Marcano Gerente de Movimientos, Crudo y Productos de Refinación de Oriente PDVSA, luego que la tripulación llegara a Venezuela y solicitara el chequeo de la documentación respectiva.

Tras la averiguación llevada a cabo por los representantes del Ministerio Público luego de realizarse varias diligencias, Israel Paredes Guerrero y Harrison González, imputan a una sola persona, identificada como Asunción Rafael Barboza Sandoval, cédula de identidad 22.027.389, ayudante de soldador, al cual le precalificaron los delitos de Tráfico y Comercio Ilícito de materiales estratégicos , aprovechamiento de documento público falso, asociación para delinquir, legitimación de capitales, falsificación de sellos.

Adicionalmente, el MP solicitó medida judicial preventiva de privativa de libertad, bloqueo de sus cuentas, prohibición de enajenar y grabar, las cuales fueron decretadas por el Juez sexto de primera instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, Héctor Musso Tovar, quién además ordenó como sitio de reclusión el comando de la zona Nº 52 del destacamento 521 de la Guardia Nacional en la entidad, para luego de varios trámites ser enviado al Centro de Coordinación Policial de Puerto La Cruz.

En otro petitorio la representación del órgano que dirige la investigación penal en el país, instó el 19 de septiembre de 2014 al tribunal de la causa, a decretar medida judicial precautelativa de prohibición de zarpe de la embarcación fondeada en el puesto número 7 de la Bahía de Pozuelos, la cual fue ejecutada.

Hasta el momento se desconoce el paradero del único imputado, otras personas aparecen mencionadas en la investigación, pero sin que se les haya determinado responsabilidades. Varias fueron las comunicaciones emitidas sobre la solicitud de atención médica al imputado por presentar complicaciones.

Las decisiones del tribunal inicial fueron apeladas, e inclusive llegaron a instancia de juicio. En una próxima entrega conocerá más detalles sobre este caso, el cual sigue sin ser resuelto.