La economía venezolana atraviesa la mayor contracción económica registrada en la historia de América Latina. Entre 2012 y 2017, el producto interno bruto per cápita cayó masivamente en 38 por ciento, diez puntos más que la contracción sufrida por los Estados Unidos durante la Gran Depresión. El gobierno ha dejado de publicar la data de inflación, pero los estimados del sector privado ubican este indicador cerca de tres mil por ciento en 2017 y predicen que se acelerará este año a cinco dígitos. Los salarios reales se han visto pulverizados en el proceso: un salario mínimo de hoy compra 10 por ciento de lo que compraba en marzo de 2013, cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela, reseñó Americasquarterly.
Por: FRANCISCO RODRÍGUEZ
Hay múltiples causas que explican el colapso económico de Venezuela, pero ciertamente entre las más relevantes están sus enormes déficits fiscales. Venezuela ha registrado déficits a nivel del sector público consolidado de dos dígitos durante 6 años consecutivos. El año pasado, el déficit llegó a 21 por ciento de Producto Interno Bruto de la nación. La razón de estos déficits es que el gobierno de Venezuela persiste en mantener absurdos e ineficientes subsidios en bienes ofrecidos por el Estado y financiar la mayor parte de su gasto a través de la impresión de dinero. Un litro de gasolina, por ejemplo, es vendido por la empresa estatal a los consumidores al equivalente a dos centésimas de un centavo de dólar al tipo de cambio oficial (y a tres milésimas de centavo de dólar al tipo de cambio no oficial).
Cualquier esperanza de que la administración de Nicolás Maduro pudiese llevar adelante un plan de estabilización macroeconómica coherente fue descartada hace mucho tiempo. Pero incluso un nuevo gobierno tendría problemas significativos estabilizando la economía. La viabilidad de un programa de estabilización esencialmente depende de la credibilidad de la promesa del gobierno de mantener el gasto bajo control. En un país que no ha visto inflación de un dígito en 34 años (de los cuales 19 estuvieron gobernados por el chavismo), este compromiso es difícil de vender.
Implementar un plan de estabilización puede ser incluso más difícil si se toman en cuenta los problemas de gobernabilidad que probablemente emerjan en una transición política. Estabilizar bajo credibilidad imperfecta es una tarea compleja. Si la gente no está segura de que el proceso será exitoso, la primera inclinación de las empresas será continuar subiendo sus precios. Para bajarlos, el Banco Central debería subir las tasas de interés y restringir el crecimiento de la liquidez. En otras palabras, el costo de la credibilidad imperfecta durante un proceso de estabilización es atravesar una recesión que podría llegar a ser profunda. No obstante, esto es precisamente lo que los hacedores de políticas públicas buscarán evitar en lo que podría ser una compleja transición política.
Los futuros hacedores de políticas públicas en Venezuela deben observar de cerca el caso de Ecuador. Allí, el presidente Gustavo Noboa, implementando la decisión de su predecesor Jamil Mahuad, reemplazó el sucre por el dólar estadounidense en marzo de 2000, después de que crisis monetarias y bancarias dejaron a la economía sumida en una profunda recesión con una rápida aceleración inflacionaria. Al igual que Venezuela, Ecuador no había visto inflación de un dígito por dos décadas cuando se implementó la dolarización. En contraste, durante la última década bajo la dolarización, la inflación de Ecuador ha promediado 3,8 por ciento.
Tal vez más importante es el hecho de que en Ecuador la estabilización macroeconómica vino junto con el crecimiento económico. Desde la dolarización en el año 2000, el ingreso per cápita del país ha crecido 114 por ciento, el cuarto mejor desempeño entre los 11 países de Sudamérica. En contraste, el ingreso per cápita de Ecuador había caído 17 por ciento en las dos décadas previas a la dolarización. Por otro lado, la pobreza en Ecuador ha descendido en más de cuatro quintas partes desde la dolarización, sacando a más de tres millones de ecuatorianos de la pobreza extrema.
Ecuador es un ejemplo interesante precisamente porque, tal como Venezuela, es una economía altamente especializada en petróleo. En teoría, estas economías pagan un importante costo al dolarizarse cuando pierden su capacidad de ajustar sus tipos de cambio a los impactos en los términos de intercambio. En la práctica, cuando tienen su propia moneda terminan permitiendo a los grupos de interés capturar rentas muy significativas de la administración del sistema cambiario, acumulando grandes excedentes privados en divisas a costa de déficits públicos crónicos y una inestabilidad macroeconómica generalizada. Aún peor, la autoridad del Estado para decidir la asignación de recursos escasos en moneda extranjera crea enormes incentivos para la corrupción.
Sin embargo, es cierto que Venezuela pagaría costos a largo plazo al sacrificar su capacidad de determinar su propio tipo de cambio y política monetaria. Pero en cualquier decisión de política pública se deben evaluar sus costos y beneficios. El beneficio de adoptar un anclaje irreversible en este momento es que detendría en seco la hiperinflación, evitando el alto riesgo de la contracción que podría producirse si el gobierno desea estabilizar la economía y mantener la moneda.
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