Aunque sus tendencias totalitarias han sido denunciadas en más de una ocasión, el régimen de Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) insiste en presentarse como uno de talante democrático. La “Revolución Bolivariana” está urgida de legitimación internacional para poder acceder a fuentes de financiamiento que le permitan sobrevivir a la crisis económica más grave en la historia de la nación sudamericana, causada por el modelo económico chavista, la corrupción que éste propició, la negligencia que derivó en el deterioro y la improductividad de la petrolera estatal, y la estrangulación sistemática de la industria y el comercio. De ahí que la nomenklatura venezolana cultive el arte de la impostura, la destreza de tirar la piedra y esconder la mano, como dicen sus compatriotas.
Por Evan Romero-Castillo / Deutsche Welle
Con el respaldo de Moscú y Pekín en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en los foros regionales, de la televisora Russia Today y la latinoamericana Telesur en el espectro mediático global, y de su propia hegemonía comunicacional en territorio venezolano, los mandamases del PSUV pretenden convencer a tirios y troyanos de que actúan apegados a la Constitución local, velan por los derechos humanos, respetan las libertades políticas, fomentan la paz, buscan el diálogo con sus rivales y garantizan la limpieza de los procesos electorales, a pesar de las evidencias que los contradicen. Los ejemplos abundan.
“Instrumentos clásicos de las autocracias”
Como muestra, un botón: las mociones emprendidas a partir del 11 de enero de 2016 para restarle escaños a la oposición en el Parlamento. Peter Birle, jefe de investigación del Instituto Iberoamericano (IAI) de Berlín, señalaba entonces que era difícil refutar los argumentos legalistas del oficialismo, pese a la falta de autonomía del Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los órganos estatales. Günther Maihold, subdirector de la Fundación Ciencia y Política (SWP), lo secundaba al afirmar que no había instancia alguna fuera de Venezuela capaz de disuadir a Maduro de recurrir a los instrumentos clásicos de ciertas autocracias. “El Ejecutivo y su entorno apelan a procesos formalmente legales que eliminan materialmente las prerrogativas de la oposición”, decía Maihold.
Hoy, dos años más tarde, el experto del SWP subraya que la situación no ha cambiado. El pasado 8 de febrero, Maduro hizo una convocatoria para refrendar el “Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela” que los negociadores de la oposición se abstuvieron de suscribir al reunirse con el oficialismo en República Dominicana. “Todo el que quiera paz, a firmar el fin de semana inmediato después de Carnaval”, dijo el líder chavista durante una alocución transmitida por todas las cadenas de radio y televisión del país, mostrándose como un paladín de la democracia directa, dando a entender que las rúbricas de los ciudadanos le darían carácter vinculante a un pacto aprobado unilateralmente por los representantes del PSUV en Santo Domingo.
El problema: la versión del convenio aceptada por el establishment chavista no lo compromete a realizar comicios presidenciales justos. Sí, Maduro jura haber girado instrucciones para que ninguno de sus contendores resulte desfavorecido e invitó a observadores internacionales a “venir” y “aprender” del proceso que se celebrará el 22 de abril; pero, de aquí a esa fecha, el tiempo no alcanza para certificar que habrá libre competencia. Así lo explica en entrevista con DW el periodista especializado en asuntos electorales Eugenio Martínez, agregando que el PSUV sale beneficiado cada vez que la comunidad internacional se enfrasca en el debate sobre si las elecciones venezolanas ofrecen garantías mínimas de transparencia o no. “No las ofrecen”, asevera.
Pantomima de larga duración
A su juicio, a los dirigentes chavistas les basta con que un puñado de países y personalidades prominentes les den el beneficio de la duda a sus acciones o a sus declaraciones. La lluvia de condenas sobre Maduro amaina invariablemente tan pronto se habla de elecciones en Venezuela o de la liberación de presos políticos, a pesar de que la cantidad de personas que siguen siendo detenidas arbitrariamente por adversar al Gobierno es superior al número de excarcelaciones pregonadas con bombos y platillos, como lo constataron los juristas de Foro Penal Venezolano. Maihold coincide con Martínez en que el petroestado mantiene erguida su fachada de democracia formal gracias a que, globalmente, las posturas de cara a la “Revolución Bolivariana” están polarizadas.
“Cada gesto, palabra y acción de Maduro desata, entre un extremo y otro, la lucha por la autoridad para interpretar sus significados; entre los que creen que Maduro debe ser confrontado severamente porque de otra manera no soltará el timón y los que creen que ese careo no puede terminar bien, que el diálogo debe ser promovido en todo momento y que es mejor aprovechar ciertas posiciones del Gobierno para persuadirlo de hacer concesiones democráticas. Por cierto, en ese sentido, la crisis venezolana no es sui generis. Alrededor del mundo se discutió durante lustros sobre la verdadera naturaleza del régimen de Augusto Pinochet en Chile”, recuerda Maihold, sin atreverse a especular cuánto más puede durar la pantomima de Maduro.
Aunque la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y catorce países vecinos advirtieron de antemano que no reconocerían los resultados de los comicios presidenciales venezolanos tal como están siendo programados, ni las tretas del PSUV para aferrarse al poder ni su retórica para justificarlas parecen agotarse. “La palabra empeñada por el Ejecutivo venezolano debe ser objeto de seguimiento internacional, para confirmar si éste la cumple cabalmente, y de penalidades, en caso de que la rompa”, recomienda Martínez, dejando en el aire la sensación de que tampoco él ve luz al final del túnel.