El gobierno fomenta la inscripción en este sistema paralelo de identificación con la promesa de recibir alimentos y medicinas subsidiadas. Esos insumos básicos casi nunca llegan, pero el registro electrónico le permite al chavismo un seguimiento riguroso de los votantes, publica Infobae.
Por Aymara Lorenzo
Desde Caracas, Venezuela
El gobierno de Nicolás Maduro desarrolló un sistema de control a través de un carnet con el cual se supone que, quien lo tenga, tiene acceso a las llamadas misiones sociales mediante las que son vendidas medicinas y alimentos a precios subsidiados que importa la red del Estado e incluso acceso a documentos de identidad.
La vida de César Martínez, en condiciones normales, debería ser la de un paciente enfermo de Parkinson al que el Estado le garantiza todas las posibilidades de seguridad social para su tratamiento. Pero en Venezuela no. Por el contrario, es el gobierno el que limita, con las restricciones propias de un modelo económico y social ideologizado, las posibilidades de sobrevivencia de él y otros 300 mil venezolanos a los que obligan a depender de carnet de la patria con la promesa de que recibirán medicamentos.
Martínez tiene 15 años con esta enfermedad neurodegenerativa crónica que ha afectado sus movimientos y que hoy lo tiene postrado en una silla de ruedas. Pero eso no le impidió junto a otros enfermos crónicos participar en una concentración en demanda de medicinas convocada la segunda semana de febrero por Codevida, una coalición de organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la salud y a la vida de las personas en Venezuela.
“Tengo casi dos meses tomando de a poquito” dijo Martínez a Infobae, quien confiesa que últimamente se le ha puesto todo muy difícil sin las medicinas. “Yo estaba perfecto”, sostuvo, al tiempo que recordó que “el gobierno ofreció las medicinas y no las ha traído”.
—¿Tuvo que sacarse el carnet de la patria?
—Me lo saqué, pero para nada, no me han dado nada.
—¿Pero se lo sacó con la esperanza de recibir las medicinas?
—No, me lo saqué por la obligación, porque me iban a dar las medicinas si lo sacaba, y me quedé en el aire, porque tengo el carnet pero no tengo las medicinas.
Su esposa, Yolanda González, quien maniobró lo necesario para poder llegar a Caracas desde la localidad de San Antonio de los Altos, a 29 kilómetros al sureste de la capital venezolana, cuenta que parte de su día a día se va en hacer magia para rendir los medicamentos que le quedan. “Tiene medicamento para dos semanas y eso porque tengo dos meses dándole la cuarta parte de la dosis que requiere tomar”.
La dosis que toma ahora las consiguió por una donación de un grupo de vecinos. “Ya están vencidas, pero es mejor que nada. Se ha deteriorado muchísimo desde que no está recibiendo la dosis completa. A través del gobierno estaba llegando por a una red de farmacias privadas el medicamento constantemente todos los meses. Pero llegó un momento en que desapareció. Ya tenemos más de seis meses que no recibe el medicamento”, agrega.
Las opciones que tiene para conseguir las medicinas cada día se alejan más de su alcance. Explica González, “el médico me ha dicho que si tengo dólares que la compre afuera. Pero es prácticamente imposible. Hace dos meses, me pidieron el equivalente a USD 450 por una caja de 10 pastillas que le dura 10 días. Si lo compro afuera la caja me cuesta USD 198.
En Venezuela, según la Fundación Parkinson Caracas, existen unos 33.000 pacientes con esta enfermedad. Su presidente, Alexander Hernández (44), quien tiene ocho años con la enfermedad, contó a Infobae la angustia que significa para estos pacientes significó haber quedado a la deriva luego de la eliminación de un programa gubernamental que tenía el Sistema Integral para el Acceso a Medicamentos (Siamed), en alianza con las farmacias privadas. El programa del Siamed entró en vigencia el 23 de abril de 2015 para reforzar el acceso a los medicamentos ante su escasez, pero solo duró 10 meses.
Según la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), el desabastecimiento de medicinas en los últimos cuatro años se incrementó al 60%, a causa del control de cambio que existe en Venezuela desde 2003, y del control de precios sobre las medicinas impuesto también por el gobierno.
La gestión de Maduro intentó superar la ineficiencia del programa del Siamed con la creación del 0-800 Salud en 2016, una plataforma de enlace entre el paciente y los medicamentos a través de las farmacias de su entorno. Pero ahora para poder rastrear las medicinas y tener acceso a ellas a través de este mecanismo es obligatorio presentar el carnet de la patria.
La creación del carnet de la patria fue anunciada por el presidente Nicolás Maduro el 29 de diciembre de 2016, no como un “sistema social” tal y como se refirió a él en enero de este año, sino “en contra de las mafias de Cúcuta” a las que acusaba hace dos años por la escasez de dinero en efectivo en Venezuela.
En su lanzamiento, en mayo de 2017, Maduro se refirió a la acreditación como una facilidad para digitalizar los pagos en el sistema de transporte público del Estado y acceder a las cajas de alimentos subsidiados conocidas como CLAP, pero no hizo mención al acceso a las medicinas a través de dicho carnet.
Sin embargo, el 9 de octubre de 2017, durante una transmisión a través de VTV el canal del Estado, que utiliza el gobierno como medio de propaganda, el operador del 0-800 Salud dice a la señora que llama que le tomará una serie de datos para iniciar el trámite de la ubicación de un medicamento, y lo primero que le pide no es la cédula sino su número de carnet de la patria que la señora dio sin titubear.
Esta nueva identificación que no está contemplada en la Constitución vigente de 1999, implementada por el heredero de Chávez, es requisito obligatorio para acceder a las medicinas a través de este instrumento.
“En la fundación le hemos dicho a personas con Parkinson que tienen el carnet de la patria que llamen al 800-Salud. Ahí les mandan a hacer una cola de seis horas y luego les dicen que no tienen el medicamento. Es una burla, una falta de respeto hacia las personas con Parkinson. Han fallecido seis personas en lo que va de año porque no tienen los medicamentos”, denuncia Hernández.
— ¿Cree que es una forma de control social para obligarlos a que dependan del Estado y no piense en otra cosa sino en conseguir las medicinas a como dé lugar?
—Quieren que nosotros seamos dependientes de ellos (el gobierno). Ojalá tuvieran la respuesta inmediata a todas las solicitudes de todos los parkinsonianos, de todas las enfermedades, de los renales, hemofílicos, los que sufren hepatitis C. Estamos pasando muchas necesidades en Venezuela. Realmente es una burla lo que estamos recibiendo de parte del gobierno y nosotros no somos políticos. Somos activistas sociales. Lo que queremos es vivir y tener medicamentos como en todas los países tienen y donde la seguridad social funciona.
Pero la situación puede ser aún más desgarradora. Quienes han tenido la posibilidad de haber superado la barrera de la muerte con un trasplante, como Jesús Colmenares (53), ahora debe enfrentar la amenaza de perderlo por la falta de medicamentos.
Fue diagnosticado como enfermo renal hace siete años y hace cuatro recibió un riñón de su hermano. Vive en Maracay, capital del estado Aragua a 120 kilómetros al sureste de Caracas y tiene una venta de artículos de papelería.
“Tengo un tratamiento de tres medicamentos de por vida, que le da el mantenimiento al riñón. Tengo tres meses sin poder tomar esas tres medicinas. Estoy encomendado a Dios y a José Gregorio Hernández que es al que le pido todos los días”, confiesa Colmenares.
Cada caja de medicina que debe consumir cuesta el equivalente a 26 dólares. Confiesa que el miedo a no conseguirlo por la escasez y el control que ha tomado el gobierno sobre la distribución de los medicamentos lo llevó a sacar el carnet de la patria.
—Tuve que sacarlo por el temor de que no nos entregaran las medicinas, solamente por eso.
— ¿Ha recibido algún beneficio con el carnet de la patria?
— Hasta los momentos no.
El miedo a morir en venezolanos en situación de vulnerabilidad como los pacientes crónicos, o en el caso de personas de escasos recursos económicos, ha socavado su resistencia a ser sometidos por un mecanismo de control social, como lo califica el sociólogo y doctor en Educación de la Universidad Central de Venezuela Tulio Ramírez, quien señala que supone una suerte de “apartheid social”.
“El gobierno, en apariencia, al carnetizar a millones de venezolanos puede cantar victoria. Pero de lo que se trata es de un problema de sobrevivir en condiciones extremas de adversidad. Si a mucha gente le toca sacar el carnet de la patria para tener acceso a alimentos y poder garantizar a los hijos ese sustento, pues lo hará. Pero eso en ningún momento puede significar que esa gente está ligada a las políticas del gobierno, simplemente es un mecanismo de sobrevivencia” explica Ramírez.
Según Maduro, hasta el 4 de enero de 2018 16.595.140 personas se habían inscrito en “este novedoso sistema social”, manejado con un carnet que contiene los datos del portador y un código QR con el que se accede al registro del sistema llamado Billetera Móvil que, tal como fue anunciado por el mismo mandatario, se supone que permite pagar y recibir dinero.
Asegura este sociólogo que el gobierno no está cumpliendo su propósito porque el hecho de que los venezolanos lo saquen no implica una filiación política con él.
“En el discurso gubernamental se alardea sobre el número de carnetizados, pero eso no refleja lo que está sucediendo dentro en la sociedad venezolana. El carnet de la patria ha sido asumido como un ‘por si acaso’ por la gran mayoría de las personas que se lo ha tenido que sacar, muchos de ellos de manera voluntaria para poder sobrevivir, y otros de manera obligada, sobre todo en la administración pública”.
El carnet por una caja
El 3 de abril de 2016 el gobierno implementó un sistema de distribución de alimentos subsidiados, llamado Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) a través del cual cajas con alimentos importados son vendidas a precio subsidiado. Su objetivo, según Maduro, era garantizar la venta, casa por casa, de productos de primera necesidad, cuyo precio mantiene regulado.
Desde mayo de 2017 es necesario poseer el carnet de la patria para poder comprar esa caja que cuesta el equivalente a casi noventa centavos de dólar, a precio de mercado negro, que es al que tiene acceso la mayoría de los venezolanos.
Para algunos, el tener el carnet de la patria es la forma de asegurar comida en la mesa ante la hiperinflación que vive Venezuela, y con el poco ingreso que tienen.
Tal es el caso de Yahilí Betancourt (37), quien se confiesa opositora. Trabajó durante 12 años en la administración pública, en el Seniat, el instituto recaudador de impuestos en Venezuela. Dice que haber sacado el carnet le generó un conflicto, pero tenía encima la presión de dos niños que alimentar.
“Aquí en el sector donde vivo, en Santa Rosalía (en el centro norte de Caracas) era requisito indispensable. Una manera de obligar a las personas a querer el carnet, porque si no en las próximas cajas que vinieran no íbamos a tener el beneficio. Me siento como consternada porque no deberían coaccionarnos por eso”, explica.
Pero lo que fue anunciado hace dos años por Maduro como una forma de combatir la supuesta “guerra económica” contra su gobierno tiene ahora un carácter transversal en la cotidianidad del venezolano.
Para su sorpresa, Ysmar García (38) venezolana de ascendencia española, no pudo renovar su pasaporte por no tener el carnet de la patria.
“Lo que quería era renovar el pasaporte que lo tenía vencido y cada vez que pedía la cita no abría la página, se caía. Cuando fui directo al Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) en vez de pedirme la cédula me pidieron fue el carnet. Me dijeron que para tenerlo tenía que tener el carnet primero. Me preguntaron: ‘en dónde está el carnet’, yo les dije ‘no tengo carnet, lo que tengo es cédula’. Entonces me dice el funcionario: ‘bueno, para tramitar estos papeles necesitas tener el carnet de la patria'”. recuerda con impotencia García.
En las últimas elecciones, las de alcaldes de diciembre de 2017, el chavismo instaló cerca de cada centro de votación los llamados puntos rojos, en los cuales exigían a los votantes presentar su carnet de la patria luego de sufragar para comprobar que lo hicieron, además con la promesa de asignarles a través del número de su carnet un bono navideño con dinero del Estado.
La entrega de dinero que pertenece a todos los venezolanos, a quienes por convicción o por necesidad han obtenido el carnet de la patria, se ha convertido en un práctica rutinaria para Maduro: en los últimos dos meses ha anunciado un bono de parto humanizado para la mujer embarazada, por el equivalente a tres dólares; a las familias, de acuerdo con el número de integrantes; por reyes magos el 6 de enero, por carnavales, festivo en Venezuela en febrero y por el día de la juventud el 12 de febrero.
El carnet de la patria, un moderno mecanismo de control social adaptado a las tecnologías del siglo XXI, puede ser considerado como una reedición de la libreta de racionamiento obligatoria implementada en Cuba en 1963.