Una tendencia bastante común en la realidad política mundial revela la inclinación de cientos de líderes a autoproclamarse como demócratas, y a autodefinir a sus regímenes políticos como auténticas democracias. Pero el elemento curioso es que lo que cada sistema de gobierno proclama que es y la naturaleza de sus acciones verdaderas, plantea una diametral diferencia entre cada uno de ellos. Una situación que conmina a pensar la recurrencia de las clases políticas en general al discurso reivindicador de la democracia, sólo como mera fachada, necesaria exclusivamente para revestir de cierta legitimidad aquello que por sí solo no se podría sostener.
En este orden, la fe en la democracia parece estar pendiendo de un hilo ante el uso indiscriminado que hacen de ella profusas fuerzas políticas, las cuales en su afán de poder, todavía pervierten la ley y los procedimientos democráticos para generar una sensación de estabilidad, en menoscabo de la esencialidad que acompaña al ideal democrático, al cual se le ha encomendado desde tiempos inmemoriales la tarea de procurar resolver los conflictos en sociedad; pero que últimamente se le ha tergiversado protervamente .
El sistema político venezolano es prueba fehaciente de esa crisis general del modelo democrático. Una fuerza política sin ningún pudor ha optado por bloquear cualquier salida democrática a la crisis. A pesar de que el discurso oficialista ha buscado sostener que su Gobierno da pruebas contundentes de fortaleza democrática porque convoca elecciones, se debe recordar que este elemento no sirve de prueba suficiente; y más si se sabe que ese proceso se encuentra viciado y no permite que exista una competencia limpia y justa en los parámetros legales, por los cuales constitucionalmente debería regirse cualquier proceso electoral.
Sin lugar a dudas, nos encontramos en el momento de mayor fragilidad social e institucional. Estamos ubicados en el lado más tenso de la cuerda. Desde el Gobierno no ha habido ninguna demostración de sensatez política. La naturaleza de las acciones políticas ha puesto al descubierto el carácter autoritario de un régimen político que prefiere demostrar una imagen ante el mundo de fortaleza espuria, aun cuando él mismo sabe que su población sufre las peores consecuencias de la crisis derivada de sus disparates ideológicos y económicos, responsables de la escasez, la inflación y el quiebre del aparato productivo nacional.
El Gobierno de Nicolás Maduro parece no estar enterado que existe una relación inversamente proporcional entre mantener su línea radical, y la acelerada pérdida de validez institucional que adquiere su imagen ante la comunidad internacional. Esto significa que a mayor recrudecimiento en la práctica política que violenta el Estado de Derecho, entonces es mayor el descrédito y la pérdida de credibilidad y de respaldo político en el escenario mundial (o viceversa). Pero la abierta persecución a la disidencia política, y el irrespeto la voluntad general, cuando se le impide a los ciudadanos ejercer su derecho al sufragio sobre la base de condiciones democráticas de competencia justas, en libertad y con igualdad entre los competidores, muestra cómo el régimen ha optado por el peor camino. Definitivamente, esta clase política gobernante no cae en cuenta que su inflexibilidad y su recurrente conducta agraviosa de la Constitución sólo coloca al descubierto sus aviesas intenciones, que al final se convierten en evidentes obstáculos para facilitar un proceso de transición pacífica sin desequilibrios sistémicos.
El anuncio realizado por la MUD en el cual oficialmente comunicó al país su decisión de no participar a la convocatoria inconstitucional a elecciones, demuestra el nivel de coherencia en el discurso político de la dirigencia. A pesar de que algunos actores puedan no estar de acuerdo, y adviertan que ello pueda suponer ceder ante el adversario político. En realidad, es necesario aclarar que la medida no debe ser interpretada como el rechazo al ejercicio político del voto como instrumento democrático, sino más bien como una respuesta consciente de la ausencia de garantías; sobre todo, si se sabe que se trata de un proceso electoral convocado por una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.
Sólo llevando a cabo un proceso de incorporación en una coalición de los principales sectores del país, (Universidades, sindicatos, iglesia, empresarios, partidos políticos) podremos generar la suficiente presión sobre las estructuras de poder, para exigir el respeto a nuestros derechos políticos. Antes que votar tenemos el derecho a elegir, y bajo condiciones de transparencia, equidad y libertad, sin ventajismo político de ninguna naturaleza. Las elecciones pautadas para este 22 de abril sólo pueden representar un simulacro electoral. Una oportunidad para llevar a cabo la coronación de baja estofa que necesita el régimen, para asegurar de forma sicalíptica su perennidad política. Pero todos tenemos el compromiso de mantener nuestra lucha enfocada a exigir que se cumpla la Constitución; deferir sólo puede suponer el reconocimiento implícito de la estructura autocrática, que todavía observa en el sentimiento de resignación colectiva la base de su capacidad de persistencia.