Escribo este artículo luego de que Henri Falcón, ex gobernador del estado Lara, inscribiera oficialmente ante el CNE de Venezuela su candidatura presidencial.
La inscripción se da el mismo día (27/02/2018) en que la Mesa de la Unidad (MUD) publica un comunicado especificando cuáles son las condiciones no negociables para participar en una elección; condiciones que evidentemente no están siendo garantizadas.
Aquellos sectores que aseguran que hay que participar, que cada vez son menos, recurren a un chantaje que establece que el que tiene convicciones democráticas no puede rechazar unas elecciones.
Sin embargo, desconocen u “olvidan” que elecciones y democracia no son sinónimos, y que no hay ningún imperativo que obligue a un demócrata a acudir a unos comicios sin ningún tipo de garantías.
En un sentido estricto o procedimental, “las elecciones son una técnica para constituir cuerpos representativos y/o para delegar autoridad” (Nohlen)
Es decir, que las elecciones, por sí solas, no son un sinónimo de democracia, sino más bien un procedimiento para la escogencia de representantes, cosa que es necesaria, pero no suficiente para garantizar los principios democráticos.
El mejor ejemplo de esto es que se celebran elecciones en países abiertamente dictatoriales, como Cuba (están en el medio de un “proceso electoral”) o Corea del Norte.
El CNE ante su desesperación por su falta de legitimidad, ha girado una invitación a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que conforme una Misión de Acompañamiento Electoral (no de observación, que es más rigurosa). El régimen también ha intentado invitar a otras organizaciones internacionales, como Transparencia Electoral, que la rechazó públicamente.
Sin embargo, al parecer el CNE extiende esta invitación a la ONU sin percatarse de que este organismo establece de manera clara las condiciones para que una elección sea considerada democrática:
1. Derecho al voto: Se refiere al derecho que tienen todos los ciudadanos de ejercer el sufragio, evidentemente con las restricciones legales relativas a cada legislación (extranjeros, menores de edad, militares, condenados, etc.)
2. Elecciones limpias: Según el PNUD las elecciones serán limpias siempre y cuando los electores puedan expresar sin limitaciones y de manera autónoma sus preferencias.
3. Elecciones libres: Las elecciones serán libres cuando la oferta electoral no esté limitada ni por la fuerza ni por restricciones legales.
4. Cargos públicos electos: Este principio se respeta si aquellos candidatos que resultaron victoriosos en los comicios asumen los cargos para los que fueron electos y permanecen en sus cargos durante los plazos estipulados.
Al lector que esté mínimamente familiarizado con los procesos electorales venezolanos le parecerá evidente que ninguna de estas cuatro condiciones se cumple. El derecho al voto, tanto activo como pasivo, no está garantizado. Hay decenas de líderes políticos inhabilitados e incluso arbitrariamente detenidos.
Hay centenares de presos políticos, partidos ilegalizados como la MUD (que es la agrupación política que recibió más votos en una elección en la historia de Venezuela), Voluntad Popular o Primero Justicia; líderes perseguidos, además de las clásicas amenazas e intimidaciones a los electores, sobre todo cuando son beneficiarios de algún plan social.
Para evidenciar de qué manera se violenta el cuarto principio para elecciones democráticas de la ONU, basta recordar un caso simbólico: el de los diputados electos en el año 2015 en el estado Amazonas, que no pudieron nunca ejercer su cargo. Recordemos que en aquellas elecciones la MUD consiguió la mayoría calificada de 2/3. Después de que las Juntas Regionales del CNE proclamaran a los ganadores, el TSJ resolvió que los diputados electos en el Estado Amazonas no podían asumir sus cargos, por una denuncia presentada por el chavismo en esa entidad, lo que le quitaba la mayoría calificada a la oposición.
Desde la abstención de la oposición en el 2005 y hasta las parlamentarias de 2015 la oposición ha participado en todas las elecciones, articulando una plataforma ideológicamente plural y electoralmente unitaria (primero la Coordinadora democrática, devenida en la MUD), con todos los esfuerzos que esto ha representado.
Sin embargo, durante todos estos años hemos sido testigos de la profundización de los rasgos totalitaristas, de la pérdida de los derechos políticos y las libertades, de persecuciones políticas, presos de conciencia, intervención de partidos, inhabilitación de candidatos opositores, creación de entes gubernamentales paralelos a los establecidos en las leyes, desconocimiento de los resultados electorales, destitución y apresamiento de autoridades electas, y la guinda del pastel es el fraude electoral de la constituyente del 2017, desde su origen hasta la cifra manipulada por el CNE y denunciada por Smartmatic.
Me gustaría cerrar con una frase del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, luego de las elecciones celebradas en Venezuela en octubre pasado: “Es muy claro que cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías se transforma en instrumento esencial del eventual fraude; y demuestra que no tiene reflejos democráticos para defender los derechos de la gente, en este caso, el voto”