La propuesta de la Administración de Donald Trump sobre la solución a la crisis de gobernabilidad en Venezuela tiene loco al régimen de Nicolás Maduro.
“En la historia de Venezuela y los países de América del Sur, muchas veces los militares son agentes de cambio cuando las cosas están muy mal y los líderes ya no pueden servir al pueblo”, sostuvo el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, antes de su gira por Latinoamérica el pasado 1 de febrero.
La semana pasada el senador Marco Rubio en un editorial del Miami Herald planteó que “los militares venezolanos, con el apoyo popular, pueden poner fin a esta dictadura [Maduro] y restaurar la libertad, la dignidad y el derecho del pueblo a gobernarse. Si deciden hacerlo, creo que disfrutarán de un enorme apoyo de Estados Unidos y otros países libres”.
Tillerson y Rubio dejaron claro que un golpe militar para restaurar el orden democrático en Venezuela tendrá el apoyo, abierto o disimulado, de los países democráticos y organismos multilaterales que desconocen a Maduro y la Asamblea Constituyente.
Una situación similar ocurrió el 11 de abril 2002, cuando el jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional, GD Manuel Antonio Rosendo, desobedeció la orden de Hugo Chávez, comandante en jefe, de activar el Plan Ávila por considerarla violatoria de la constitución venezolana. Lo que generó la salida de Chávez de la presidencia.
Un hecho que llevó a Chávez a reconsiderar la unión cívico-militar en su proyecto político. Armó con rifles de asalto, metralletas, granadas a los colectivos o grupos paramilitares para enfrentar cualquier otro intento civil de acción directa no violenta contra el régimen. Durante quince años los colectivos han sido parte importante del brazo armado del régimen chavista-madurista, dependiendo de la estructura de gobierno -el ejemplo más reciente, fue la muerte del líder del colectivo Tres Raíces, Heiker Vázquez, en el ajusticiamiento de Oscar Pérez el pasado 15 de enero.
Asimismo, los colectivos han ejercido el control social en los sectores populares de las principales ciudades de Venezuela. Desde 2016, distribuyen las bolsas de comida CLAP. Igualmente, controlan el negocio ilícito en las zonas de influencia.
El llamado a los militares venezolanos por parte de la Administración de Trump a terminar con la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, ha hecho que el régimen use al máximo el aparato de inteligencia militar, DGCIM, para detener a oficiales con puestos de mandos, utilizando una supuesta vinculación con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) expulsados y degradados por Maduro vía Gaceta Oficial el 28 de febrero, sin el debido proceso.
Dos días después del decreto, el general retirado Hebert García Plaza informó en su cuenta twitter que la DGCIM detuvo 19 oficiales de la misma promoción en el Batallón Ayala, engrosando la lista de los 82 militares arrestados entre enero y febrero de este año. Asimismo, indicó que el régimen de Maduro relevó a varios comandantes de unidades por una supuesta conspiración.
Mientras tanto, en el oficialismo la procesión va por dentro. El 1 de marzo, el ministro de la defensa, GJ Padrino López, condenó la existencia de los colectivos armados, en respuesta al líder del colectivo La Piedrita, Valentín Santana, quien, acompañado de hombres armados, aseguró defender los votos del presidente Nicolás Maduro en las elecciones. Lo que generó la respuesta inmediata de los Colectivos de Venezuela con un comunicado en el que afirman: “los colectivos estamos adheridos y formamos parte de las comunas, muchas han sido promovidas y nacido por los colectivos incluso somos parte de sus parlamentos comunales, estamos dentro de los CLAP como organización social, somos militantes LEALES Y DISCIPLINADOS del PSUV”.
Es la lucha interna del oficialismo por el poder. Diosdado Cabello sabe que es el próximo en caer después de lo sucedido a Rafael Ramírez. La consolidación del Movimiento Somos Venezuela-Frente Francisco de Miranda en la elección presidencial venidera se lo dijo. Por lo que recurre a los colectivos como un mecanismo de supervivencia.
Cuando Rodríguez Torres fue ministro de relaciones interiores y justicia e intentó desarmar a los colectivos en 2014 no pudo. La muerte de José Odreman, líder del colectivo 5 de marzo, y otras cuatro personas en Quinta Crespo produjo su salida del gobierno, perdiendo la pelea con los colectivos –por cierto, Diosdado Cabello tuvo que ver con su salida.
La pugna entre los factores de poder en el oficialismo abren un escenario de caos y anarquismo en Venezuela. El ministro de la defensa se ha quedado solo en su reclamo a los colectivos. Ni Maduro, ni la ANC lo han apoyado. Padrino López se juega su prestigio y el cargo dentro de las FANB, “mientras hay una desobediencia en marcha” que Maduro y Padrino tratan de ocultar.