Dos venezolanos sentenciados en EEUU por posesión ilegal de armas y municiones

Corte del Distrito Sur de Nueva York / Referencial
Corte del Distrito Sur de Nueva York / Referencial

 

Dos venezolanos fueron condenados por una jueza en EEUU por tener un arma ilegal y 284 cartuchos de munición, reseña NewsDay.

De acuerdo al portal, se trata de José Afzal Herbes, quien se declaró culpable de ambos cargos y enfrenta 72 meses de cárcel.

La magistrada Alicia Chankar también lo condenó a 12 meses por ingresar ilegalmente a ese país. Herbes, un panadero de Tucupita, fue uno de los nueve venezolanos que reaparecieron el 8 de marzo en el Tribunal de Magistrados de San Fernando acusados de entrada ilegal y cargos de arma de fuego y municiones.

Los otros fueron Luis Pineda, Sixto Marcano Sánchez, David Arenas Rodríguez, Luis Medrano Matheus, Aquilino Rodríguez, Michael Pérez Flores, Yonathan Mendoza Gonzales y Manuel Carrión. A través de un intérprete, Herbes le dijo a la corte que entró a EEUU con el arma ilegal para venderla y que tenía la intención de usar los ingresos para comprar comida para su familia.

“¿Estamos intercambiando armas y municiones por comida? ¿Es ahí donde llegamos ahora? Nos preguntamos de dónde viene la afluencia de personas que tienen más armas y municiones. Este es un ejemplo de dónde viene “, dijo Chankar. La policía arrestó a los nueve el 22 de febrero en una casa en St James Crescent.

Ahí se encontraron 266 cartuchos de munición de 9 mm y seis cartuchos de munición de .40 mm. Por su parte, Pineda, de 30 años, enfrentó una carga adicional: posesión de un revólver y tres cartuchos de .38 municiones.

Él también se declaró culpable y le dijo al magistrado que lo había obtenido de Herbes. Dijo que debido a las dificultades en Venezuela, tenía la intención de venderlo para obtener dinero para comida.

La jueza lo sentenció a 24 meses por el cargo de arma.

Otras cuatro personas, Sánchez, Matheus, Rodríguez y Aquilino, se declararon culpables de ingresar al país en una fecha y en un lugar desconocido y de no presentarse ante un oficial de inmigración para que lo examinen según lo exige la ley.

La magistrada sentenció a cada uno a 12 meses de trabajos forzados.