El timbre silencia la bulla del recreo. María es la última joven en entrar al salón donde está por comenzar una materia de Biología en la que su grupo de camisa beis ha experimentado cambios. “Con ella, hemos tenido tres profesores de Biología este año escolar”, señala la muchacha alta y de lentes, mientras completa que en Historia han sido dos.
Por Daniel Pabón / Diario La Nación
Esa treintena de muchachos ha debido adaptarse a la pedagogía de cada nuevo docente y a sus énfasis de evaluación. La profesora que deja entrar a María -nombre ficticio para proteger a la adolescente- tiene algo que decir antes de cerrar la puerta del aula: “Ese es el tema ahora. Aquí quedamos los que educamos por vocación, no por sueldo”. Empieza la clase.
“Ese es el tema ahora”. En el Táchira, como en otras regiones de Venezuela, se está notando la renuncia de maestros sobre todo -pero no únicamente- en las dependencias privadas. Empezó como un goteo en 2017, pero en este 2018 reventó como una lluvia, cuenta la subdirectora de uno de los 10 colegios de San Cristóbal y 4 del interior del estado visitados o consultados para este reportaje. En este, del centro de la capital, la primera semana de enero recibieron ocho cartas después del abrazo de año nuevo.
Los motivos generales se pueden agrupar en tres: primero, están los que no soportaron más las alzas del pasaje suburbano y la crisis del transporte público, como uno de estos ocho docentes que encontró trabajo en otra institución cerca de su casa en Peribeca, uno de los pueblos-dormitorio de la población económicamente activa del Táchira.
En segundo lugar se cuentan quienes decidieron emigrar de Venezuela; muchos -pero tampoco todos- a seguir ejerciendo la educación atraídos por las facilidades laborales que les ofrecen países como Ecuador. El tercer grupo, sin abandonar el país, ha preferido buscar fuentes de ingreso superiores a los casi 7.500 bolívares con los que oficialmente pagan cada hora de clase a un docente I (el que ingresa por concurso de méritos) en Venezuela.
Ahí, precisamente, radica la estrategia de no pocos colegios del Táchira para mantener su plantilla de formadores. Son los mismos padres y representantes quienes en asambleas han solicitado y autorizado ajustes en las mensualidades para así ofrecer bonos de productividad o de transporte como incentivo a los maestros, indica Guerrino Guariento, presidente de la seccional Táchira de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep).
“Los incentivos para los docentes dependen mucho del compromiso que asuman los representantes”, apunta la subdirectora de un colegio de Barrio Obrero, que pide no ser identificada.
Esto, adicional a los incrementos de salario mínimo que por decreto presidencial están obligados a cumplir los colegios privados y que impactan en sus estructuras de costos. Son cuatro alzas salariales en lo que va de este año escolar. Esto explica por qué en institutos no subsidiados de San Cristóbal donde en septiembre pasado la mensualidad rondaba los 70.000 bolívares ahora están proyectando para marzo una de aproximadamente 500.000 bolívares.
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