Seguramente Yang Guilan no se considere un tipo con suerte. Yang, un contratista oriundo de Guangzhou, en el sur de China, fue detenido después de aceptar sobornos por valor de 574.000 yuanes (unos 73.000 euros) mientras trabajaba de manera temporal para el gobierno local. Ahora Yang se ha convertido también en uno de los ejemplos usados por los medios oficiales chinos para justificar la creación de un nuevo órgano anticorrupción, destinado a investigar casos como el suyo. “Al no ser un miembro del Partido [Comunista de China], Yang no era supervisado ni por la agencia de inspección disciplinaria del Partido ni por la agencia de supervisión de la administración”, explicaba la agencia de noticias estatal Xinhua, reseñó El Confidencial.
Ante esta situación, la sesión parlamentaria anual del país, que finalizó el pasado martes, ha aprobado la creación de una nueva ‘superagencia’ destinada a investigar casos de corrupción entre todos los empleados de instituciones públicas. A la práctica, la medida supone que millones de trabajadores del Estado puedan acabar sufriendo en sus carnes las temidas prácticas de detención e interrogación que hasta ahora sólo eran aplicables a los miembros del Partido Comunista de China (PCCh).
“Cualquier empleado público, como periodistas de los medios estatales, o doctores de hospitales públicos, quedan sujetos a esta nueva ley, que no da detalles sobre cómo se supervisa a los investigadores durante posibles detenciones”, explica a El Confidencial Patrick Poon, analista de Amnistía Internacional.
La nueva normativa establece un sistema de detención informal, conocido como ‘liuzhi’, que puede ser usado por la recientemente creada Comisión de Supervisión Nacional para retener a sospechosos de casos de corrupción durante períodos de hasta seis meses. Amnistía Internacional y otras organizaciones pro-derechos humanos temen que la nueva ley permita a los investigadores practicar todo tipo de abusos sobre los detenidos. “No se permite ni a la familia ni a abogados reunirse con los sospechosos, lo cual les deja en una posición muy vulnerable”, subraya Poon.
Palizas y fatiga mental
Desde su llegada al poder, a finales de 2012, el presidente chino, Xi Jinping, ha advertido que la corrupción supone una de las mayores amenazas para la estabilidad del gobierno comunista, y ha puesto en marcha una dura campaña para capturar a oficiales corruptos en todos los niveles de la administración. El órgano encargado de luchar contra la corrupción en el seno del PCCh, la Comisión Central para la Inspección Disciplinaria, es conocido por haber obtenido hasta ahora confesiones a través de un método de detención informal, el ‘shuanggui’, que le permitía mantener bajo arresto a los miembros del PCCh durante meses sin garantías legales, antes de que su caso fuera transferido al sistema judicial del país.
Un informe de la ONG Human Rights Watch describía en 2016 cómo los sospechosos de corrupción eran retenidos a menudo “en hostales y centros de formación” del PCCh, permanecían vigilados de manera permanente y eran “aislados del mundo exterior, sin contacto con familia ni abogados”. Los acusados describían en el informe ser sujetos a todo tipo de torturas, incluidas palizas o privación del sueño durante largos períodos de tiempo, con el fin de que la voluntad de los sospechosos “se acabe desmoronando” y se puedan obtener confesiones “en entre tres y cinco días”.
“Es un detalle revelador que la normativa del PCCh establezca que los centros de ‘shuanggui’ deben ser diseñados para prevenir que los reclusos puedan suicidarse”, resaltaba el informe. Según cifras oficiales, recogidas por Reuters, entre 2013 y finales de 2017 más de 1,3 millones de personas con el carné del PCCh fueron disciplinados.
A finales de 2016, la cúpula comunista prometió abolir estas prácticas, y la normativa sobre el nuevo método de detención, el ‘liuzhi’, pretende mejorar las condiciones de estos arrestos, y evitar que se den nuevos casos de torturas. Pero los expertos creen que, sin acceso a asesoramiento legal, los sospechosos pueden verse sujetos a todo tipo de excesos de nuevo.
“Medidas similares desde los años noventa no han conseguido detener los abusos en el sistema ‘shuanggui’”, advertía Human Rights Watch. El gobierno ya ha dejado claro que los investigadores de la nueva Comisión de Supervisión Nacional no estarán sujetos a la Ley de Procedimientos Penales, que garantiza el acceso a abogados durante una investigación, según recogía el South China Morning Post.
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