A través de una orden ejecutiva, el gobernador de Florida Rick Scott ordenó al Departamento de Niños y Familias (DCF) hacer por lo menos una reunión trimestral en cada una de las seis zonas donde está el DCF, en las que participen los alguaciles, jefes de policía, entidades de manejo de salud mental, representantes de los distritos escolares, el departamento de justicia para menores de edad y otros individuos que, de acuerdo con el criterio del secretario del DCF, deban participar, reseñó La Voz de América.
Esta orden se da como producto de las deficiencias, limitaciones y vacíos que abrieron la posibilidad de que se diera la tragedia de la secundaria Marjorie Stoneman Douglas, en la que un exalumno de ese plantel, con un historial de serios problemas de comportamiento, abrió fuego con un rifle semiautomático y asesinó a 14 de sus compañeros y tres profesores.
Scott también acordó realizar tres mesas redondas compuestas por educadores, autoridades de policía y sectores que trabajan en salud mental, “para recomendar un curso de acción a partir de los factores que contribuyeron a la tragedia y qué acciones tomar para evitar que ese tipo de ataques armados vuelvan a suceder en un futuro”.
El gobernador además pidió al secretario de DCF hacer reuniones trimestrales, en cada una de las seis zonas geográficas donde se encuentra ese departamento, con los alguaciles, jefes de policía y las entidades de manejo de salud mental de cada una de dicha zonas.
Comunicaciones
El propósito de esas reuniones es “mejorar la comunicación y cooperación entre las agencias participantes”, además de incentivar la integración con los servicios críticos de salud mental y el departamento de justicia para los menores de edad.
Y que los alguaciles puedan ver la manera de compartir costos para ser más eficientes en la tareas con respecto al tema de salud mental.
Cada departamento administrativo a cargo de temas de salud deberá asegurarse, al tenor de la orden ejecutiva de Scott, de tener un jefe de la policía o un alguacil en su junta directiva y representantes de la oficina del alguacil para la planificación, proceso de selección de los proveedores de unidades móviles de manejo de crisis, autorizados por las células legislativas locales.
La orden ejecutiva de Scott, emitida este lunes, se complementa con la ley de seguridad en las escuelas, firmada por el gobernador, la cual hace énfasis, entre otras cosas, en incrementar los recursos financieros y humanos para enfrentar el tema de comportamiento y salud mental en las escuelas.
La ley, en el campo de control de armas, prohíbe la venta de las mismas a menores de 21 años y establece un periodo de espera de tres días mientras se investiga al comprador.
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