Presas políticas con la cruz a cuestas, por José Luis Centeno S

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La humanidad es perturbada cuando maltratan a una mujer, a quien se le atribuye una fortaleza sin par ante el dolor, resaltando su coraje, persistencia y talante para llevar la doble carga del compromiso laboral o político y la atención al hogar y los hijos. Reza un viejo adagio popular, “a las mujeres ni con el pétalo de una rosa”. Sin embargo, hoy en Venezuela, como dijo Macky Arenas, las mujeres son tan “perseguidas, encarceladas y desatendidas” como los hombres, expuestas constantemente en los centros de reclusión a hechos de tortura, liviandad y desafuero, que si bien pueden ser considerados como atribuciones propias del régimen por sus alabarderos, no dejan de ser delitos de lesa humanidad.

Hablar de una mujer encarcelada por razones políticas es referirse a un crimen, cuyas implicaciones están directamente relacionadas con la afectación del fundamento de un pueblo, que tiene en la mujer un signo de futuro, de esperanza, en tanto que es portadora de vida, en quien se activa un escarmiento a la sociedad toda superando el límite de lo racional, dejando una estela de temor y sordidez. Esa es una perspectiva funesta de la putrefacción en la administración de justicia, caracterizada por el ensañamiento con que hacen víctimas a las presas políticas venezolanas de procesos judiciales tan sombríos como los centros de reclusión a los que van a parar, con derivaciones para sus familiares del todo censurables.

Los esfuerzos por acallar a la disidencia conducen al régimen a darle el castigo que cree que merecen las presas políticas, a las que estuvieron o siguen tras las rejas como Brigitte Herrada, Carola Hernández, Carmen Alicia Gutiérrez, Diannet Blanco, Erika Palacios Alfonzo, Eva María Lugo, Laura Ruiz Lugo, Génesis Tirado, Laided Salazar, Stefanny Salazar, Geraldine Abreu, María Elena Uzcategui, Rosa González, Melainye Álvarez, Virgen Quintanillo y Yelut Naspe Iniestra, adquiriendo sentido que hayan sido procesadas en la jurisdicción militar, la cual correspondía solo en alguno de los casos, y que la estén pasando muy mal como consecuencia de esa persecución penal contraria a la Constitución que impide los juicios de civiles por uniformados, involucrando la extinción de los principios y garantías, procesales y constitucionales, distorsionando la coerción penal.

Lo anterior explica porque esas mujeres, a las que se debe sumar a dos menores de edad, Betzaida Martínez y Elianys Rodríguez, no sólo hayan sido consideradas enjuiciables y privadas de libertad tras detenerlas arbitratiamente sino también sentenciadas con penas de prisión ilícitas por ser todas realmente inocentes en cuanto a los cargos que le han sido instruidos o incoados por el Estado, a través del Ministerio Público o la Fiscalía Militar, a fin de proscribir, que no desvirtuar, el estado de inocencia. En ese sentido, la violación de los derechos fundamentales a las presas políticas, una pesada cruz con la que deben cargar a diario, intra o extra muros, ocurre porque las garantías procesales, que son derechos reconocidos constitucionalmente, así como los preceptos y normativas de nuestra Ley adjetiva penal, son totalmente ignoradas o, en el mejor de los casos, malinterpretadas, sin obviar el menosprecio a la condición especialísima de toda mujer.

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