Denuncian que MP entregó buques que Saab ordenó incautar por desfalco a Pdvsa

PDVSA posee la terminal Bonaire Petroleum Corp (BOPEC) con una capacidad de almacenamiento de 10 millones de barriles y muelles de aguas profundas que pueden cargar grandes buques / archivo
Grandes buques de Pdvsa/ Foto: archivo

Las embarcaciones Niw Sifnos y Estenawecos Caterina Corrado que el fiscal general impuesto por la cubana Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, ordenó incautar por desfalco a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se encuentran fueras de aguas venezolanas.

Según información reseña por El Pitazo, el pasado 8 de febero Saab solicitó en una alocución la investigación y resguardo de ambos buques tanqueros. Instrucciones que no fueron acatadas por la fiscalía VI del Ministerio Público, pues el pasado mes de marzo ésta ordenó la entrega inmediata y acordó el zarpe de ambas embarcaciones. Según denuncian trabajadores del muelle porteño donde estaban fondeadas ambas unidades se encuentran fuera de aguas venezolanas.

Se conoció que la investigación que está a cargo de la Fiscalía VI del Ministerio Público, se encuentra bajo el expediente BP01-P2018- 001964 cuya titular, la abogada Valentina Nasr, ordenó la entrega de ambas embarcaciones previa solicitud de los apoderados legales de las empresas investigadas, acordada y ejecutada en el despacho de la misma, sin previa autorización del Tribunal V de Control, a cargo de Ydanie Almeida, de quien dependía dicha decisión.

La información fue suministrada por fuentes tribunalicias, quienes al notar tal irregularidad han decidido hacer público el hecho.

Según resaltó un abogado penalista consultado por el medio de comunicación El Pitazo, las embarcaciones formaban parte de las evidencias y debieron mantenerse en custodia para iniciarse un proceso de incautación y su posterior confiscación, tal y como lo establece la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en su artículo N° 55.

Asimismo, el jurista señaló que las embarcaciones debieron permanecer en resguardo hasta que se demostrara en un juicio oral y público si los empresarios tenían responsabilidad en los hechos que se les atribuye. De ser así, éstas deben ser confiscadas y pasarían a manos del estado venezolano, pero esta medida no se podría aplicar debido a que ambas están fuera del territorio nacional.

Con información de El Pitazo