El próximo lunes 9 de abril, el TSJ legítimo que sesiona desde hace una semana en Bogotá, podría declarar culpable “por corrupción” al presidente, Nicolás Maduro y emitir una “orden de captura” en su contra.
Sentencia sin precedentes en la historia de la política y la justicia internacional y que, independientemente, de que Maduro se exponga a que se haga efectiva en los países que reconozcan su legalidad, sienta un hito en la tendencia global, -cada día más consensuada-, de que el principio de “soberanía nacional” no puede ser pretexto para que los gobernantes hagan con sus gobernados lo que les venga en gana.
Pero también a nivel nacional las consecuencias son insospechadas, y pueden conducir a resultados memorables, ya que el dictador queda despojado de toda la protección que le brinda su investidura y, por tanto, cualquier autoridad legal puede activarse para hacer cumplir la Ley y sin incurrir en violencias no establecidas en la Constitución.
Es bueno aclarar que el TSJ legítimo que sesiona en Bogotá fundamenta su legalidad en el nombramiento que le hizo, conforme a la Ley, la actual Asamblea Nacional electa por un total de casi ocho millones de votantes el 6 de diciembre del 2015 que le dio mayoría absoluta en el Poder Legislativo y es, conjuntamente con la Fiscalía General de la República, el otro Poder Público que, por mandato de la Constitución, puede constituirse y actuar a nombre de la República.
Frente al poder de los usurpadores, encabezado por el Poder Ejecutivo que preside Maduro, que ha devenido en un gobierno paralelo y en rebeldía al margen de la Ley y, en consecuencia, objeto, tanto dentro, como fuera del país, de cualquier medida judicial que pongan fin a la usurpación.
Debe, en consecuencia, establecerse, que no se trata de la actuación de un gobierno en exilio, -por más que los magistrados y la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, actúan desde el extranjero como resultado de la persecución de que han sido objeto por parte de la dictadura-, sino de órganos del Poder Público que operan por delegación de la AN establecida en el país, y cuyo presidente, Omar Barboza, es, de facto, el Primer Magistrado Nacional.
En otras palabras que, empiezan a disolverse -o ya se disolvieron-, los tiempos en que dictadores de toda laya (de derecha, de izquierda, abiertos o disimulados) afilaban todas las formas de despotismo, corrupción y criminalidad, mientras permanecían impunes por el control de las instituciones jurídicas nacionales y se pavoneaban por el mundo rozados apenas por los quejidos de sus víctimas y las protestas de unas pocas y valientes ONG.
Y las razones que argumentaban para que tan monstruoso uso fuese criticado pero tolerado por la civilidad, era que las denuncias en su contra expresaban solo la pugnacidad de los partidos o sectores afectados por las políticas contrarias a sus intereses y cómo no habían ni tribunales ni jueces que, judicialmente, se pronunciaran y desmintieran al dictador, resultaba, en consecuencia, inocente.
Aberración que bendecía y celebraba la llamada “real politik” que, por esa vía, hacía valer el principio de que los gobiernos “no tienen amigos sino intereses” y se hacía común ver a presidentes democráticos abrazándose con dictadores y firmando acuerdos que, a la postre, resultaban horca y cuchillo contra partidos, líderes opositores y pueblos que eran víctimas del absurdo de que, sus aliados, contribuían a la tragedia de sus países.
Pienso que el traslado del TSJ legítimo de Washington a Bogotá para conocer la querella de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, contra Maduro, -quien lo acusó, pruebas en mano, de haber recibido sobornos de parte de Odebrecht-la citación del acusado y haberle nombrado “defensor público” por no haberse presentado al Antejuicio de Mérito, así como la sentencia en su contra e inmediata “orden de captura” que se conocerá el lunes, hablan de un juicio irreprochable y cuyas resultas, difícilmente, podrán ser ignoradas y desobedecidas por gobiernos democráticos y legítimos interesados en que la sociedad global vaya evolucionando hacia modos y usos que le cierren escapes a la ilegalidad y la inconstitucionalidad.
En el caso venezolano, subrayándonos que, no es necesario que unos partidos democráticos perseguidos, acosados y hostigados por una dictadura deban pasar por el engorroso, complejo y casi siempre inútil procedimiento de constituir un gobierno en el exilio, pero si el de trasladar las instituciones legítimas que representan al orden constitucional al extranjero si la dictadura no les ofrece garantías para operar, y conseguirle facilidades para que funcionen, reconocerle sus decisiones y acatarlas para que los usurpadores puedan ser rodeados y, eventualmente, apresados y destituidos.
Medidas que, por ninguna razón, pueden asociarse a un golpe de Estado, pues, en primer lugar, no recurren a una solución de fuerza, ya sea un golpe de estado o a una insurrección popular, y en segundo, se le ofrecen garantías al dictador acusado para que se defienda y, de ser convincente en su alegatos, se le absuelva.
De modo que, no puede alegar Maduro en caso de que el TSJ lo encuentre culpable y le dicte una orden de captura, de que, “se le desconocieron sus derechos” y se le negó el debido proceso, que no se le dio oportunidad de defenderse, ni se le nombró defensor por negarse a presentarse en el juicio, ni se extremaron todos los requisitos para que las decisiones en su contra no puedan ser recusadas.
Decisiones todas que, en caso de no ser acatadas por Maduro, nos hablan de un dictador “buscado” por las cortes y tribunales de una mayoría de más de 100 países democráticos que se rigen por el estado de derecho y el orden jurídico internacional vigente que, establece, que ningún ciudadano pueden comportarse por encima de la Ley, ni contar con la prerrogativa de una inmunidad que, de hecho, retrotrae a una anacronía como el absolutismo monárquico que, fue contra el cual irrumpió la actual estructura democrática republicana vigente en el 95 por ciento de los países representados en la ONU.
Y que fue hacía la cual derivó el totalitarismo ideológico, político y económico que duró hasta la caída del Muro de Berlín y el colapso del comunismo, dejándonos como en un museo de cera, piezas como la dinastía en los hermanos Castro en Cuba y la familia Sung en Corea del Norte.
Que es de donde viene el último conato por sobrevivir del socialismo, el “Socialismo del Siglo XXI”, invento del Foro de Sao Paulo que, a mediados de los 90 controlaban los Castro, el brasileño Lula da Silva y el venezolano, Hugo Chávez y cuyos resultados más siniestros han sido la destrucción de Venezuela y lo que quedaba de Cuba.
Veinte años que conocieron una suerte de remake de la era soviética que creó un sistema con Venezuela y Cuba como centro y Nicaragua, Ecuador y Bolivia como satélite, pero al cual también se adscribieron versiones menos radicales como el Brasil de Lula Da Silva y Dilma Rousseff, la Argentina de los esposos Kirchner, el Uruguay de Tabaré Vásquez y José Mujica y el Paraguay de Fernando Lugo, y del que solo quedan escombros, masivas violaciones de los derechos humanos y casi 15 años perdidos en ensayos que ya habían fracasado durante el siglo XX y no tenía por qué ser distinto en el XXI.
No dudamos en afirmar, de todas maneras que, será la última oportunidad de una utopía que ha proporcionado daños incalculables a la salud mental y física del planeta, a la búsqueda natural en la especie humana por más justicia, igualdad y bienestar pero que, jamás han sido viables cuando se afincan en resentimientos, odios y venganzas y no en un necesario ajuste evolutivo que puede ser acelerado pero nunca violentado.
El miércoles la Corte Suprema de Justicia brasileña condenó a Lula Da Silva a pagar cárcel por corrupción, el lunes sucederá lo mismo con Maduro, en la lista siguen Daniel Ortega de Nicaragua y Evo Morales de Bolivia y así, será en cuestión de meses, a lo sumo un año, cuando los fallecidos Hugo Chávez y Fidel Castro se enteren de que la utopía marxista fracasó de nuevo y ahora si de una vez y para siempre.
Manuel Malaver