Es un anhelo indiscutible que Maduro sea enjuiciado para que salga del poder, propósito puesto en marcha por el TSJ en el exilio como siguiendo normas atípicas directamente relacionadas con el reconocimiento internacional a fin de recuperar la democracia, con lo cual se subsanaría un hecho notorio, el número de magistrados en el exterior no conforman la totalidad de integrantes del TSJ, algo que pudiese incidir negativamente en la decisión de la AN, donde, por cierto, hay una atmósfera que deja lugar para pensar que cierto liderazgo opositor hace como si ese TSJ no existiera. En todo este acontecer, insisten en que lo único importante es el reconocimiento internacional, que INTERPOL, así como otros organismos y países tomen dichas decisiones como vinculantes para accionar.
Aclaro una vez más, el objetivo de este artículo, como el de la semana pasada, no es cuestionar la legitimidad del Tribunal en el exilio, a ese respecto sugiero leer un interesante trabajo del Dr. Ángel Alberto Bellorín, titulado “TSJ EN EL EXTERIOR: LA LEGITIMIDAD EN EL CENTRO DE LA NEOLENGUA EN VZLA”; lo que pongo en duda es la legalidad de la decisión mediante la cual, ese TSJ, acordó que existen méritos para enjuiciar a Nicolás Maduro. El Dr. Román Duque Corredor, ex Magistrado del TSJ y un gran jurista, expresó: “Yo sugiero que se pondere con criterios no formalistas, ni de perfección jurídica, la decisión del TSJ en el exilio, que sin duda internacionalmente tiene efectivo costo político”. A buen entendedor, pocas palabras. Estoy de acuerdo con el Dr. Duque Corredor, que con su experiencia y seriedad, da respuesta y convalida mi exposición con mucha claridad.
Ponderar “la decisión del TSJ en el exilio” con “criterios no formalistas, ni de perfección jurídica,” conduce a un hecho cierto, el incumplimiento de las formalidades de ley, lo cual es gravísimo, tomando en consideración el talante delincuencial atribuido a quien se quiere sacar del gobierno por esa vía. Quien me ataque por decirlo, no sabe de derecho sino de vísceras. El problema no es sólo ahorita, es también a futuro, pues se está sentando un precedente muy negativo. El Magistrado Gonzalo Álvarez afirmó: “estamos en el exterior 13 Magistrados Principales electos y 20 Suplentes, de manera pues que podríamos decir que hemos constituido el Tribunal, pero no es ciertamente así, es una cuestión más bien simbólica… no tenemos legitimidad para dictar decisiones que deban ser cumplidas”, dando a entender que son una figura decorativa, que no tienen alcance para hacer eso, y por esa razón lo tildan de “usurpador”, “traidor”, así como a mí me calificaron de “Abogado del Diablo”, es decir, “contradictor de buenas causas”, claro, estamos ante una buena causa, solo que mal llevada.
En este asunto pareciera privar lo visceral, a los abogados que he consultado, incluyendo un par de Magistrados en el exilio, en su mayoría me dan la razón, a la vez me dicen, lo cual entiendo, pero no comparto, “hay que salir de este tipo -Nicolás Maduro- así sea haciendo trampa”. Yo les he preguntado ¿qué pasó con Pedro Carmona? ¿Hizo las cosas respetando la norma constitucional? ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue darle más fuerza al chavismo. Y con Carmona Estanga estaban juristas connotados, liderados por Allan Brewer Carías. Otros le restan importancia al cumplimiento de la norma argumentando que Maduro hace trampa, ahora bien, ¿quién ha permitido que haga trampa?, un liderazgo opositor colaboracionista, el mismo que desde la Asamblea Nacional hizo mutis ante la decisión del TSJ en el exilio.
Esta argumentación, relativa a la aparente ilegalidad del procedimiento de antejuicio de mérito iniciado por el TSJ en el exilio, pretendieron desmentirla recurriendo en las redes a la descalificación, señalando mi vinculación con el preso político Kamel Salame, apelando a una presunción que por falsa fue desestimada el 17/11/2014 por la accionante en este caso, Luisa Ortega Díaz. Nada dijeron de la norma constitucional, porque lo realmente importante en este asunto es la legalidad de la conformación del TSJ, como lo dice la norma, y después la actuación de la Asamblea Nacional, donde, en un escenario optimista, con el apoyo de la fracción 16 de Julio, la oposición solo necesitaría 2 diputados más para completar los 2/3 correspondientes para la aprobación del enjuiciamiento
Aquí se estaría haciendo lo mismo que hizo Pedro Carmona Estanga y los juristas que consolidaron a Hugo Chávez en el poder, coloquialmente hablando, quieren sacar a Nicolás Maduro a las patadas, es comprensible, aunque no correcto. Cabe preguntarse, ¿por qué lo siguen haciendo? Hay quienes desde el seno del TSJ en Bogotá alegaron que este procedimiento de antejuicio de mérito es “un tema “factico” es de presión moral que es igual de importante si a la misma se le presta el apoyo requerido”, reflejando dudas respecto a su alcance real, entonces, si tanto insisten en tener legalidad en su conformación, ¿dónde está el poder coercitivo del cual debería estar investido el TSJ en el exterior para hacer cumplir decisiones trascendentales como la tomada contra Nicolás Maduro? Por todo lo anterior, coincido con el Dr. Ángel Alberto Bellorín, se “juega con las esperanzas de una ciudadanía cansada de engaños y mentiras”.
Cualquier información, comentario, desahogo o sugerencia por la dirección electrónica [email protected] o por mi cuenta en Twitter @jolcesal.