La Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela es taxativamente clara, cuando establece tanto la forma y el procedimiento constitucional a seguir para el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia consagrados en los artículos 263 y 264, como los pasos a seguir perfectamente establecidos en el Artículo 266, numeral 2, Capítulo tercero, Sección Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, para declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente o presidenta de la república o quien haga sus veces. Caso afirmativo, continuar conociendo de la causa, previa autorización de la Asamblea Nacional, hasta la sentencia definitiva.
Basado en estas premisas constitucionales, conociendo como conoce Venezuela y el mundo, que los 33 “magistrados express” nombrados por la fenecida Asamblea Nacional pasada sin cumplir los extremos que establece la Constitución Nacional y habida cuenta que la genuina soberanía popular expresada en el actual Parlamento que se eligió el pasado 6 de diciembre de 2015, designó a los legítimos magistrados del TSJ, que han tenido que sesionar y cumplir sus obligaciones constitucionales desde el exilio, por el desconocimiento e impedimento del régimen de facto instalado en el País, a los diputados a la Asamblea Nacional en ejercicio, no les queda sino la única alternativa, de seguir conociendo del proceso iniciado por los magistrados nombrados por ellos, que oficialmente están solicitando la declaratoria de aprobación del antejuicio de mérito al presidente de la República, por los hechos de corrupción administrativa y peculado, referidos al sonado caso de la empresa Odrebecht, que en el capítulo Venezuela se habla de 98 millones de dólares en sobornos y por el cual fue destituida y presa la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff, renunció el Presidente de Perú Pedro Pablo Kusinsky y recientemente fue condenado a 12 años de cárcel, el otro ex presidente brasilero Luis Inacio Lula Da Silva.
El más grande, escandaloso y vergonzoso caso de corrupción de América Latina de las últimas décadas, por el cual también están encarcelados el Presidente y los altos ejecutivos de la empresa Odebrecht, no podía pasar inadvertido en Venezuela, porque las irrefutables pruebas de los delitos cometidos contra la nación están a la vista de todos los venezolanos y del mundo, en razón de que las obras presupuestadas, cobradas y no culminadas, forman parte del gran monumento a la desidia e indolencia de estos 20 años de revolución corrupta. El Metrocaribe Mariche figura como una obra pendiente porque debe usarse el Metrobus desde la estación Palo Verde 2 a la estación Palo Verde del Metro, El Sistema de Transporte Masivo Caracas – Guarenas – Guatire ofrecido por Chávez para él 2012, El Cable Tren Bolivariano prometido para el 2015, por Maduro y Haiman El Troudi, La Linea 2 del Metro de Los Teques de 7 estaciones sólo soperan 3, La Linea 5 del Metro Caracas de 8 estaciones sólo funciona la de Bello Monte, El Puente Cacique Nigale sobre el Lago de Maracaibo está en 17% de ejecución, El Tercer Puente sobre el Rio Orinoco entre Calcara y Cabruta paralizado, El Complejo Agroindustrial José Ignacio de Abreu un poco más del 80%, La Central Hidroeléctrica Tocoma inoperativa y la Modernización del Aeropuerto Internacional de Maiquetía también otro elefante rojo. En un País donde funcionen las instituciones y se imparta justicia oportuna y con equidad, los responsables de estos delitos ya estarían destituidos y encarcelados, sobre todo cuando en Venezuela vivimos la terrible experiencia de haberse destituido y encarcelado a un estadista y Demócrata a carta cabal como el Presidente Carlos Andrés Pérez por 250 millones de bolívares, que es lo que representa el valor de un dólar de hoy.
“Quienes defienden el derecho a la vida de asesinos, avalan la pena de muerte de ciudadanos inocentes”
Lic. Pedro Segundo Blanco, ex parlamentario del estado Sucre
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