Los estudiantes nicaragüenses exigieron este sábado la conformación de una comisión internacional para investigar y castigar a los responsables de los 43 muertos, según una nueva cifra, que dejaron las protestas contra el gobierno la última semana, como condición para iniciar un diálogo, informaron sus representantes, reseña AFP.
“Esta comisión deberá investigar, condenar y sancionar a todos los responsables intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la represión”, demandaron los estudiantes universitarios en una declaración pública.
Los jóvenes proponen que la comisión esté integrada por representantes del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Corte Internacional de Justica (CIJ), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas (ONU).
Los universitarios rechazaron que los crímenes sean investigados por “la mal llamada Comisión de la Verdad” que el Parlamento, controlado por el oficialismo sandinista, anunció el viernes que formaría con personas notables.
“No aceptamos que los asesinos se investiguen a sí mismos”, repudiaron los estudiantes, tras pedir la disolución de dicha comisión.
Las manifestaciones antigubernamentales que se iniciaron el pasado 18 de abril contra un paquete de reformas al seguro social dejaron al menos 43 muertos y decenas de heridos en el país.
Las protestas continuaron pese a la decisión del gobierno de derogar dichas reformas el pasado 22 de abril, tras el repudio nacional a la represión oficial.
En su pronunciamiento, los estudiantes, que encabezaron las protestas, exigieron “la destitución de los mandos de la policía involucrados en los actos de represión”.
El gobierno anunció el 21 de abril la disposición de iniciar un diálogo con la mediación de la jerarquía católica para buscar una salida a la crisis, pero aún no se ha definido fecha ni agenda.
Los estudiantes piden que el diálogo comience a mediados de mayo con la participación de diversos sectores, “incluyendo una representación de las familias de las personas asesinadas”.
Demandan, asimismo, que las conversaciones se realicen “de manera pública y (con) la cobertura de medios nacionales e internacionales.
“No aceptamos un diálogo cerrado y a espaldas de la ciudadanía”, sentenciaron.