Ciertamente, quien llega al poder, viene de una de las partes, políticamente diferenciadas o confrontadas del país. Se supone, que estas, tienen proyectos prospectivos y bien determinados, que buscan propiciar cambios sustanciales y orgánicos para lograr fortaleza espiritual, conciliación, imparcialidad, unión, inclusión, crecimiento económico, progreso, desarrollo, justicia y paz. Pero en Venezuela, el grupo que ostenta actualmente el poder, desde hace 19 años, actúa de manera contraria. ¿Qué se puede esperar de esta parte que tomó el poder? Si como lo vemos, escuchamos y sentimos, se cree imprescindible, presenta carencias para la convivencia, divide el país, enrarece la política, se distancia de la ética, se corrompe, debilita la economía, se confronta nacional e internacionalmente, rompe con el diálogo, trasgrede las leyes, viola los DDHH, y entre otras cosas, destroza las posibilidades democráticas. La respuesta sería: ir del máximo caos al PANDEMÓNIUM.
Para verbigracia, este grupo de poder, presidido por el gobierno de Nicolás Maduro, no sabe qué hacer con la moneda, la política monetaria y la política fiscal. Pongamos por caso la moneda. Si esta, como «instrumento de cambio —tal como lo expone J.K. Galbraith, es — el medio para medir el valor recíproco de los bienes negociables». Este gobierno, por usar políticas destructoras en contra de los Sectores de producción y por mala praxis económica, la convierte en mercancía y perverso negocio. Ante este descomunal error, recurre a la impresión de dinero inorgánico para financiar el déficit fiscal. Así devalúa el bolívar y dispara la hiperinflación. ¡Qué descaro! Quien genera la crisis político-económica que mata de hambre y limitaciones a la familia venezolana, cínicamente, niega su responsabilidad, se esconde detrás de la demagogia, la propaganda política, la difamación y la represión. Lo peor, insensible ante el reclamo de la gente, con su fracaso a cuestas y su cara bien lavada, quiere ser de nuevo presidente.
Todos saben que Maduro dirige a este grupo de poder, que está en la espuria Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en la parcialidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE). Por este mal de origen, lo que demandan, no tiene asidero legal. Quien siga gobernando a través de la ilegalidad y de la violación de los preceptos constitucionales, gangrena más la situación del país. Las impropias y extemporáneas elecciones de 20-M ni ninguna otra elección que se realice —si antes no se termina con la ilegalidad y se impone la legitimidad— jamás podrán arrojar un futuro provisor y de aceptación que ayude a consolidar gobierno, a fortalecer la economía y la unidad de la nación. Con las elecciones del 20-M (orquestadas por arbitrarios, usurpadores, abusadores y oportunistas) solo intentan esconder la basura de la ilegalidad, el ventajismo y excesos debajo de la alfombra para seguir pervirtiendo el espíritu de la nación. El país necesita tomar, urgentemente, el cauce de la legalidad. Darle rienda suelta a lo ilegal, es aupar el delito político y la crianza de cuervos.